A Beatriz Pérez Fragoso, regidora en San Pedro Cholula, ya comenzó a lloverle sobre mojado. Resulta que a la inhabilitación y amonestación pública que le impuso la Contraloría municipal por ocupar dos cargos al mismo tiempo, se le sumó una denuncia ante el Ministerio Público Federal, ya que dicha dependencia encontró indicios de una posible alteración o falsificación de documentos presentados ante un juez federal. Los documentos formaron parte del expediente que la cabildante presentó en el juicio de amparo promovido contra su primera inhabilitación. Como se entenderá, Pérez Fragoso ya comenzó a litigar en medios de comunicación y negó la alteración de los oficios presentados. El problema radica en que entre todas las pruebas presentadas por la Contraloría cholulteca está una prueba pericial que confirmaría esa irregularidad. ¿Las mujeres plurales sabrán toda la historia detrás de la protegida de Leobardo Soto Martínez, el sempiterno dirigente de la CTM en Puebla?
LOS ZOPILOTES DE LALO RIVERA
Una vez que entraron en vigor las nuevas disposiciones de reglamentarias de Ley General para el Control del Tabaco, en la Dirección de Normatividad y Regulación Comercial del Ayuntamiento de Puebla comenzaron a frotarse las manos por la cascada de moches que recibirán al sorprender a los miles tendajones que operan en la ciudad. El pequeñísimo problema es que el municipio capitalino no tiene ninguna facultad para proceder a la supervisión de establecimientos debido a que la ley establece que es competencia exclusiva de los gobiernos estatales, a través de sus Dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios. Cómo estarán las cosas y qué tanto se conocerán las andanzas de los allegados del edil Eduardo Rivera Pérez que desde el Congreso del estado, el coordinador de la bancada panista, Eduardo Alcántara Montiel, tuvo que difundir ampliamente en sus redes sociales que las autoridades municipales no pueden sancionar, multar ni clausurar ningún establecimiento que infrinja la conocida Ley Antitabaco. El legislador panista no se equivoca al alertar a la población, ya que una de las características más importantes de la actual gestión municipal es la corrupción. Ahí está el caso de los jóvenes intoxicados en un salón social. Pese a los videos y reportes, las autoridades simplemente negaron los hechos. De paso, se aventaron la puntada de comprobar que desconoce la ley y solapar al dueño del salón. El otro botón de muestra es el tsunami de multas de vialidad aplicadas a los conductores poblanos y que ocasionó una oleada de protestas. Desde aquí les decimos a los funcionarios municipales que, si andan tan desesperados por armar el cochinito electoral para la campaña, la mejor fórmula es no sangrar a los ciudadanos. ¿No que iban a ser mejores?
