Miguel Ángel Castillo Castillo es un contador, oriundo de Quintana Roo, que tuvo la fortuna de tener como amigo y compañero en el Colegio de Contadores de esa entidad a Francisco Romero Serrano, hoy detenido por los delitos de violencia intrafamiliar y lavado de dinero. Gracias a esa situación fue incluido en el Padrón de Auditores Externos que avaló el exfuncionario en su corto paso por la Auditoría Superior del Estado (ASE). De ese listado, Romero Serrano agrupó a 10 firmas a través de las cuales habría cobrado moches del 20 por ciento a los entes obligados (municipios, organismos desconcentrados, universidades, entre otros). La investigación del periódico Milenio reveló que, bajo ese esquema, el exauditor se habría metido a la bolsa 6.8 millones de pesos. Castillo Castillo sabía que con la caída de su amigo era necesario poner tierra de por medio y regresó a sus actividades al estado caribeño, en donde se desempeña como vicepresidente del Colegio de Contadores del Estado. Lo que no imaginaba era que un municipio poblano, Zacatlán, lo pondría de cabeza y exhibiera las irregularidades como actuó. De entrada, el sujeto se negó a entregar el resultado de la última auditoría trimestral realizada al exedil priista Luis Márquez Lecona, un documento fundamental tras encontrarse un presunto quebranto financiero por 128 millones de pesos. Esa actitud solo prendió los focos rojos y después se supo que el domicilio fiscal que estableció para contactarlo simplemente no existía. El miércoles pasado, Miguel Ángel Castillo se presentó muy orondo en el Palacio Municipal de Zacatlán para entregar el documento que se le exigía. Pero cuál sería la sorpresa de las autoridades municipales que ahí mismo recibieron de manos del contador los cuatro informes trimestrales que debió entregar en 2021. Al preguntarle sobre esa situación, simplemente se encogió de hombres y balbuceó que así estaban las cosas. Ahí, de entrada, existe un irregularidad susceptible de sanción por parte de la Contraloría municipal. Pero lo más grave vino minutos después cuando reveló que las ocho auditoría trimestrales para las que fue contratado en 2020 y 2021 (cuatro por año) nunca fueron remitidas a la ASE, lo que representa una segunda violación que ese organismo deberá investigar y sancionar. La nueva gestión de la ASE -que arriba al organismo con una reforma que le da más dientes y fortaleza, pero también supervisa a profundidad sus actividades- tiene todos los elementos para iniciar una profunda investigación e incluso llegar al fondo del asunto: ¿Hubo o no un grupo de auditores que sirvieron para crear una red de moches?
Lalo y su terrible realidad
El desgaste que sufre la gestión Eduardo Rivera Pérez parece preocupar a todos menos al alcalde o a su burbuja yunquista. Simulador, mal operador, timorato, con sospechas de corrupción y mentiroso son algunos de los calificativos que caben muy bien al gobierno panista de la capital poblana. De no ser porque todavía no cumple ni medio año en el poder, todo indicaría que estamos en el segundo o el tercer año de labores. La desdorada imagen de Rivera Pérez contrasta con su cerrazón y creencia de que mejor edil no podían tener los poblanos. Gente cercana al munícipe nos aseguran que sí existe una dimensión correcta sobre la realidad que enfrenta, pero son más las voces que prefieren engañarlo y decirle lo que quiere escuchar para tenerlo tranquilo. A eso se suma, la personalidad del edil: la necedad y miedo a salirse del canon de lo que cree que debe ser la vida y la realidad. ¿Qué se puede rescatar de lo que ha hecho hasta el momento la administración municipal? No lo sabemos a ciencia cierta. Por ejemplo, el programa de parquímetros es una buena opción para recuperar la vía pública, obtener ingresos sin lacerar a los que menos tienen y ofrecer una ruta para el mejoramiento del Centro Histórico. El problema es que el proyecto se encuentra sumido en la opacidad, no se conocen sus alcances reales, los mecanismos de control para el uso de los recursos captados y existen sospechas fundadas de que será un negocio para beneficiar a los hijos de los patriarcas de la Organización Nacional del Yunque, sobre todo a Herberto Rodríguez Regordosa. En el caso del cobro del Derecho de Alumbrado Público también era una alternativa correcta para obtener ingresos sin golpear el bolsillo de los poblanos. Lo único que se haría era legalizar el cobro que ya habían realizado otras gestiones. ¿Qué pasó? Que Rivera Pérez sacó a relucir su lado más timorato y pese a ser el principal beneficiado decidió que otros cargaran el costo político de la medida. Al final, terminó peleado con todos: el Congreso del estado, sus homónimos de la zona conurbada, el titular del poder Ejecutivo y la sociedad que terminó por creer que Lalo El Gerente del Yunque pretendía cargarle un nuevo impuesto. En materia de seguridad, los indicadores oficiales dan cuenta que, de no ser por la participación del gobierno del estado, esto ya se hubiera salido de control. En el caso de la obra pública, nadie sabe qué proyectos emblemáticos existen ni qué se pretende hacer. Bueno, hasta se sacó de la manga que con un crédito de Banobras se financiaría el bacheo de la ciudad. Sin resultados reales, las sospechas de corrupción y un ansia por querer endeudar a la ciudad, ahora el alcalde de Puebla debe enfrentar un reto más: la suma de sus adversarios que pretenden descarrilarlo a como dé lugar. El asunto es que sus enemigos la tienen fácil y hasta los ayuda en su objetivo. Aunque no es santo de nuestra devoción, hace unos días Francisco Castillo Montemayor, extitular de Medio Ambiente con Mario Marín Torres y quien fue encarcelado por el morenovallismo, pronunció una frase demoledora que define a la perfección lo que ocurre con el Ayuntamiento de Puebla (aunque lo hizo en el marco de la reactivación de los trabajos de un conjunto inmobiliario en el cerro de Amalucan): “Parece que no murió Rafael Moreno Valle, sigue la misma política de depredación”. Faltaría agregarle: Depredación en todos los sentidos.
