Una más para el anecdotario de desatinos del Ayuntamiento de Puebla. Sin haber digerido el mazazo por la caída del cobro del Derecho de Alumbrado Público y en medio de una pugna entre los organismos empresariales y el gobernador Miguel Barbosa Huerta, la gestión de Eduardo Rivera Pérez salió a limpiarle la cara al Consejo Coordinador Empresarial y a la Coparmex Puebla ante las críticas por su tacañería en la pandemia. Los gerentes -como fueron bautizados por el mandatario estatal- se hicieron como que la virgen les hablaba ante la demanda de las autoridades porque se sumaran a los trabajos de combate a la pandemia. Lo que sí hicieron fue exigir créditos, condonación de impuestos, prórrogas y criticar todo aquello que impedía la reapertura de los comercios. Ahora resulta que el DIF municipal, encabezado por Liliana Ortiz, salió en defensa de los integrantes del CCE y anunció una gran donación de 250 mil cubrebocas. ¡Uy, qué gran contribución! El anuncio debe entenderse como el primer respaldo público de la administración de Eduardo Rivera a favor de los enemigos del gobernador de Puebla, pero resulta más perjudicial que benéfico. Qué diferencia abismal existe entre los 250 mil cubrebocas a las millonarias inversiones que realizó un grupo de verdaderos empresarios para la adquisición de ventiladores artificiales e insumos hospitalarios. La mezquindad de los barones del Yunque, que se hacen pasar por empresarios, está a la vista. No pueden ir contra su naturaleza. Son producto de la ideología de los abarroteros, cuya mística es comerciante rico, establecimiento pobre.
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Vaya bronca la que se armó al interior del PAN con motivo de la renovación de los integrantes de la Comisión Permanente estatal. Fue un ejercicio en el que nadie quedó satisfecho y hubo más enojo que unión. De entrada, Genoveva Huerta Villegas y sus aliados fueron borrados del mapa con una profunda falta de asepsia por parte de la actual dirigente Augusta Valentina Díaz de Rivera. De los 30 espacios disponibles solo hubo dos sitios para esa corriente y llegaron porque los Estatutos establecen que deben ser consejeros ex profeso el coordinador de la fracción del PAN en el Congreso del estado y la coordinadora de la asociación de presidentes municipales poblanos, cargos que recaen actualmente en Eduardo Alcántara Montiel y Paola Angón Silva, respectivamente. De un plumazo, el grupo hegemónico del alcalde Eduardo Rivera Pérez borró a la oposición interna. Pero lejos están de alcanzar una cohesión. Hasta los propios aliados del riverismo tuvieron que pagar los cientos de acuerdos que celebraron a cambio del respaldo al interior del estado. Dos casos son emblemáticos. En Atlixco, por ejemplo, decidieron que la silla la ocupara Patricia Hidalgo, una panista que no tiene mayor ascendencia que no sea su familia, aunque tiene una gran ventaja: es una de las más cercanas al munícipe. Su inclusión dejó fuera a Miriam Galindo pese a que fue la responsable de romperse el lomo en la contienda interna. Otro caso es Xicotepec. Allí, el responsable de la coordinación política a favor de la campaña de Augusta y Marcos Castro -el otro empleado impuesto en el CDE estatal- fue Daniel Solís. Era casi un hecho su arribo a la Comisión Permanente, pero en su lugar decidieron ceder el espacio a Juan Carlos Valderrabano, de quien se dice prefirió nadar de muertito. El agravio es mayor porque el panista es el enemigo político de Solís. Con esos aliados para qué quieres enemigos.