Eduardo Rivera Pérez está a punto de convertirse en el alcalde que más torpezas a cometido en un trimestre. Primero, fue su desastrosa operación para la autorización del cobro del Derecho de Alumbrado Público. Después, se descubrió que era una mentira que no tenía recursos en las arcas y por eso iba a contratar un crédito. A las pocas semanas, se convirtió en aprendiz de dictador al aplicar la mordaza a los regidores del Cabildo de Puebla. Y para colmo en una semana ha cometido dos nuevo despropósito: la imposición parquímetros en el Centro Histórico y fomentar la trata sexual de mujeres dándoles espacios para “trabajar” en los hoteles que se ubican en la zona de Monumentos. Con todo eso a cuestas resultó imposible que no llamara la atención del gobernador Miguel Barbosa Huerta, quien ya le dio sus coscorrones públicamente. La lógica del mandatario es la de cualquier ciudadano: cómo es posible que la solución a las sexoservidoras sea sacarlas de la calle para llevarlas a lugares cerrados, en donde estarán más vulnerables. Y en el caso del cobro de parquímetros es un cobro que no será bien recibido por la población. El asunto se complica todavía más porque todo indica que Lalito El Gerente del Yunque pretende imponer el cobro por estacionarse en vía pública porque es un pago de facturas para los miembros de su cofradía. Arturo Rueda, director de Diario Cambio, reveló que la asignación del contrató sería para Parkimóvil, una empresa integrada por Carlos Anaya, Herberto Rodríguez Regordosa (directivo de la UPAEP y responsable de alentar al panismo y cámaras empresariales para que atacaran al gobierno del estado con el tema de la Universidad de las Américas Puebla), entre otros. Este trascendido confirmaría que Rivera Pérez no olvida su vieja formación yunquista de creer que el poder es para hacer negocios. Lo mismo quiso hacer con el alumbrado público. El cobro del DAP generaría unos 100 millones que serían para la empresa Citelum, otra compañía a la que benefició en el pasado.
Sorpresas te da la vida
Los abogados y voceros de la familia Jenkins de Landa se quedaron mudos luego de que el Juzgado Tercero de Distrito les dio un severo golpe al quitarles el único argumento que tenían para negarse a reiniciar las clases en la Universidad de las Américas Puebla. A pesar de que están agarrados con las 20 uñas a una suspensión provisional que les otorgó un juzgado federal de Jalisco, siguen sintiéndose los auténticos dueños de la Fundación Mary Street Jenkins y creen que nadie puede ejecutar algún acto a nombre de la institución. El asunto es más complicado porque todo se reduce a la Universidad de las Américas Puebla. La casa de estudios depende de la Fundación Udlap y sus patronos son los mismos que integran la Fundación Jenkins. Si el Juzgado Tercero decretó como improcedente el juicio de amparo presentado por la Fudlap, eso significa que el nuevo patronato, encabezado por Horacio Magaña, es el legalmente reconocido.
