Las declaraciones de Augusta Valentina Díaz de Rivera Hernández, el posicionamiento de Carlos Navarro Corro y la fotografía de Eduardo Rivera Pérez en la que aparece con Nadia Navarro Acevedo tienen un punto en común: la promiscuidad a la que se ha llevado a la política, al solapar los presuntos vínculos de Pacto Social de Integración con el crimen organizado, en su vertiente del huachicol.
Para no confundir la discusión, la raíz no se encuentra en si Guadalupe Martínez cumple o no con los requisitos establecidos por la ley electoral -plagada de vacíos con la finalidad de favorecer a los partidos- para ser candidata a la alcaldía de Quecholac ni en violar la presunción de inocencia de su padre Antonio Martínez Fuentes.
El quid lo hallamos en la cancha del PAN, PRI, PRD, en sus dirigentes estatales y nacionales y, principalmente, en la del candidato a la gubernatura Eduardo Rivera para frenar cualquier suspicacia de vínculos con el crimen organizado.
En una democracia existen principios que le dan vida y legitimidad a un Estado. Es obligación principalmente de los partidos políticos y sus dirigencias, así como de los gobernantes, salvaguardarlos porque atraviesan estructuralmente a toda la sociedad y a sus instituciones.
Cualquier Estado está sometido a fuerzas criminales dispuestas a aprovechar cualquier vacío para meterse hasta la cocina y son especialistas en detectar la vulnerabilidad del sistema político para corromperlo y llevarlo hacia dónde quieren.
Detrás de toda actividad criminal existen dos deseos: dinero y poder. La crueldad, lo inhumano, la podredumbre del alma solo son el reflejo de esa ambición. Así pues, cualquier autoridad que solapa esa práctica, irremediablemente la lleva a ser responsable de lo que envuelve al mundo delictivo y sus funestas consecuencias.
Nuestras autoridades, de cualquier nivel, estructura, institución, está llamada a ejercer justicia, no solo la ley, y eso conlleva preservar la integridad de los integrantes de una sociedad. Sin eso, solo queda el vacío que, como lo sabemos por experiencia, siempre termina por llenarse, en este caso, por las mafias delictivas.
Acción Nacional, el PRI, el PRD, agentes de presión como Claudia X. González, una parte de la iniciativa privada (los conservadores, pues), han lucrado hasta la saciedad con la inseguridad que se vive en el país, con la supuesta permisibilidad al crimen organizado para que opere a sus anchas y sobre la existencia de regiones que se han convertido en Estado de excepción por la presencia del narcotráfico.
Esa ha sido la bandera de la oposición para golpear a la Cuarta Transformación e incluso se han atrevido a denunciar que Morena y el crimen organizado están coludidos en varios estados.
Pero ¿qué pasa cuando esos mismos partidos están dispuestos a dar cabida a sospechas sobre la colusión con el crimen organizado?
Desde que los integrantes de la coalición Mejor Rumbo decidieron sumar a Pacto Social de Integración como su aliado electoral entraron en la línea casi inexistente entre la complicidad y el solapamiento.
Sabían que dicho partido local arrastraba la pésima fama de su presunta colusión con el huachicol, sobre todo con Antonio Martínez Fuentes, conocido como El Toñín, pero aun así decidieron cobijarlo. La pregunta es ¿por qué?
¿Por qué aliarte con alguien que representa todo lo contrario a la principal narrativa de la oposición en el país sobre la crisis de inseguridad que padece México?
¿Por qué asumir el costo político, legal y social de ponerte al mismo nivel que un partido con el desprestigio más grande en Puebla, que ya es decir mucho para el mundo de la política en la que pululan sujetos impresentables?
Uno de los gurús de la oposición, Luis Carlos Ugalde, expresidente del IFE y cabeza de la empresa Integralia Consultores, presentó el mes de febrero, un primer reporte sobre el Mapa de riesgos de intervención del crimen en las elecciones locales, 2024, en el que ubicó a la entidad poblana en el riesgo medio.
¿A qué se refiere con el riesgo de intervención del crimen en la elección? A prácticas que van desde el asesinato y agresiones contra funcionarios y aspirantes hasta el financiamiento de campañas, imposición de candidaturas y la movilización o inhibición del voto.
En Tecamachalco y, principalmente, Quecholac nos encontramos con algo muy parecido a pesar de que los candidatos cumplan con los requisitos de ley y se privilegie la presunción inocencia.
La dirigente estatal del PAN, Augusta Valentina, dice que PSI es libre de postular a los candidatos que quiera, que no existe alianza en ese municipio, sino que el partido local va solo y que mientras sus abanderados cumplan con la ley, entonces, no hay nada qué decir. Es más, asegura que el escándalo no afectará a la coalición Mejor Rumbo para Puebla.
El desafortunado posicionamiento es un solapamiento tácito al problema de raíz y ofrece una lógica muy retorcida. ¿Los candidatos del PSI en Tecamachalco y Quecholac no van a hacer campaña por Eduardo Rivera? ¿Allí dónde el PSI postuló en solitario a candidatos con vínculos con presuntos huachicoleros no tienen ningún peso electoral en la coalición? ¿La alianza estatal para impulsar al candidato a la gubernatura excluye a los dos municipios en cuestión?
Mientras el escándalo se desataba en Puebla, Eduardo Rivera también fijo su postura desde Estados Unidos que debe interpretarse como un respaldo tácito a las medidas tomadas por el PSI. La evidencia es la fotografía que difundió en su cuenta X, en la que aparece con Liliana Ortiz Pérez y la priista Nadia Navarro Acevedo quien, junto con su padre Carlos Navarro Corro, dirige a dicho partido local.
“Junto a mi esposa Lilí y la senadora @Nadia_NavarroA, arrancamos el día con toda la energía para escuchar y convivir con poblanos excepcionales, que decidieron migrar para darle un mejor futuro a sus familias”, publicó el panista.
¿Y la condena? ¿La crítica? ¿El deslinde público?
Carlos Navarro, por su parte, mostró de nueva cuenta que es el maestro de los caraduras, al justificar la designación de Guadalupe Martínez. “Ahí no me toca declarar ni hacer una investigación porque entonces yo me metería en una situación que después puede ser conflicto para mí, lo desconozco. No me interesa (su lazo familiar), a mí me interesa que cumpla los requisitos como ciudadana, un perfil ciudadano”.
La oposición en Puebla, su candidato -que se supone que es quien representa o aglutina los anhelos de un cambio, de un proyecto diferente para la entidad-, no son tan diferentes a lo que tanto critican. La desfachatez, la doble moral, el solapamiento son las mejores monedas de cambio en estos días.
Eduardo Rivera están muy lejos de ser el vigía de una oposición inteligente y solvente moralmente, quizás por eso es que él y su alianza están derrotados moralmente incluso antes del inicio de la elección.
