Si Puebla fuera Ámsterdam, Praga, Londres, Helsinki o Copenhague, los ciudadanos sabríamos que las autoridades que nos gobierna tendrían la solvencia para echar mano a una reforma de gran calado para modernizar las principales normas que rigen a la ciudad. Pero no estamos en Europa y las autoridades al frente del Ayuntamiento distan mucho de tener la estatura para emprender una obra de esa magnitud. Lo grave de la propuesta de Eduardo Rivera Pérez de desaparecer de un plumazo el Código Reglamentario Municipal es que nadie sabe la razón ni el alcance de lo que proponen. De acuerdo con el regidor Leobardo Rodríguez Juárez, el séquito al que Rivera Pérez encargó el changarro se permitió entregar solo borrador de la propuesta a los integrantes del Cabildo. Como se entenderá es solo un bosquejo, un primer acercamiento. El problema es que el documento está muy lejos de explicar el alcance de la reforma que se pretende imponer. Es tan vacuo que nadie puede tomarlo en serio para la discusión. (El mamotreto, impreso en hojas simples, por fortuna no iba embarrado de mole o grasa de chalupas). Bajo ese engaño, el homofóbico regidor del PAN y presidente de la Comisión de Gobernación del Cabildo de Puebla, Miguel Ángel Mantilla Martínez, pretende que todo se apruebe de forma exprés en cuatro comisiones diferentes debido a que ya existe otro documento con actualizaciones realizadas por un grupo de “administrativos” que quién sabe de dónde los sacaron o a qué amigo se le ocurrió contratar para hacer la tarea. Como es obvio, ese nuevo documento desglosado en 32 reglamentos ni siquiera ha sido discutido con los regidores. Peor aún: tampoco han realizado mesas de trabajo para exponer los puntos finos. Dicho de otra forma: Se ha ocultado información y la máxima autoridad de la ciudad ha sido marginada. Lo que los yunquistas y chalanes de Eduardo Rivera quieren es presentar un solo documento, pasarlo por la aplanadora del Cabildo y dejar las cosas como la ultraderecha cree que deben reglamentarse las actividades de una compleja ciudad como Puebla. Tomando como base que estamos ante un gobierno con la enfermiza tendencia de convertir todo en recaudación y sangrar el bolsillo de los ciudadanos, nada garantiza que en el mar de reglamentos que quieren aprobar se inserten nuevos conceptos de cobro y se eleven las tarifas actuales bajo el entendido que “la nueva realidad así lo exige”. El asunto es tan delicado que para una iniciativa de ese tamaño es necesario involucrar no solo a los regidores, que es una obligación por ley, sino llevar la discusión a la sociedad, con los expertos y diferentes sectores que se verán afectados. Los panistas dicen que han hecho foros con las diferentes cámaras, pero nadie sabe cuándo fueron y su alcance, lo que supone que lo hicieron en lo oscurito, con sus cuates enquistados en los organismos empresariales —también de derecha— a fin de que pudieran servir de tapadera. La realidad es que no hay una convocatoria abierta ni una amplia difusión. ¿Acaso cambiar un código tan importante no valía una inversión en difusión y publicidad? ¿Es más importante derrochar cientos de millones de pesos en la promoción de la imagen de Eduardo Rivera y no en una iniciativa que cambiará la forma en que se administra una ciudad? Todo como se está haciendo dista mucho de un ejercicio democrático. Es la vieja práctica priista, aderezada con la mojigatería de la derecha, de hacer que sus chicharrones truenen. Estamos ante la desaparición de un código que regula prácticamente toda la vida de la ciudad. Y eso lo quieren dejar en manos de un grupito de “administradores” que, si su contrato resulta como todos los que han entregado en este gobierno, entonces, estamos ante el negocio mal habido y la ramplonería.
viernes, noviembre 22, 2024
