El equipo jurídico de Claudia Rivera Vivanco ha hecho todo lo que criticaron alguna vez: Valerse de las trampas del sistema legal para librar a su clienta, jefa o lideresa de su inminente comparecencia ante el juzgado de Oralidad para que enfrente una posible vinculación a proceso por el delito de discriminación en contra de su exconsejera jurídica Yasmín Flores Hernández.
Lo peor es que el exsíndico Gonzalo Castillo Pérez tuvo conocimiento del procedimiento desde el 23 de abril pasado, es decir, el abogado de la exalcaldesa tuvo más de un mes para acceder a la carpeta de investigación y preparar la defensa jurídica. No lo hicieron porque no quisieron, pero para justificar el diferimiento argumentaron que no tuvieron el tiempo suficiente.
Aun así, el juez de control Joel Daniel Baltazar Ávalos aceptó la petición y dejó indefinida la fecha en que se convocará nuevamente. Es justo la actuación del togado lo que levanta sospechas. A decir del periodista Alejandro Mondragón, Gonzalo Castillo estaría en colusión con el magistrado Ricardo Velázquez Cruz para que el proceso se mantenga en el limbo todo lo posible.
El mejor pretexto para negar una colusión es que el defensor jurídico de Mario Marín Torres ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación pertenece a la Tercera Sala de lo Civil que no tiene ninguna relación con el Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial que encabeza Baltazar Ávalos. Pero en México no existe independencia sino contubernio y amiguismo.
El juez encargado de desahogar el caso de Yasmín Flores versus Claudia Rivera es hijo de Joel Daniel Baltazar Cruz, exdirector de los Centros de Readaptación Social en la época de Melquiades Morales Flores y magistrado de la Primera Sala Penal en el Tribunal Superior de Justicia, quiene s es ampliamente conocido por su perniciosa actuación en el caso de Miriam Vásquez, víctima de violencia vicaria.
El caso no tiene desperdicio.
Miriam estaba unida con Ramón N, medio hermano del juez Celestino Martínez Bones. Tras varios años de relación, basada en el maltrato y la violencia intrafamiliar, decidió separarse. Pero los problemas apenas comenzarían. Miriam, antes de su unión, había engendrado dos hijas, mientras que con Ramón procreó otras dos.
Tras la separación, las hijas en común le revelaron que a una de ellas, Andrea, la había violado su padre y el hijo que había tenido a los 15 años de edad era suyo. Ante la terrible noticia decidió presentar una denuncia penal contra su expareja, pero en represalia el sujeto sustrajo a las menores, incluido el bebé.
El caso se complicó todavía más debido a que abogado de oficio que le fue asignado, presuntamente drogó a Miriam y abusó sexualmente de ella.
Para colmo de males, Ramón fue detenido y en libertad bajo caución debido a que el juez Lucio León Mata reclasificó los delitos de violación y sustracción de menores por el de estupro.
El asunto generó un escándalo de tales dimensiones que el propio gobernador Miguel Barbosa Huerta abrió los micrófonos y cámaras en su habitual conferencia matutina para que se denunciara la situación. Todos los involucrados fueron protegidos.
Con este antecedente, el caso fue turnado a la Primera Sala Penal y fue atendido por Joel Daniel Baltazar Cruz, quien el 8 de octubre de 2022 ordenó a reponer el procedimiento en contra de Ramón N, así como eliminar las medidas precautorias que dictó el juez León Mata.
Sin embargo, existen otras sospechas sobre la conducta de los miembros del Poder Judicial.
Al interior del TSJ existe una corriente que se opone lisa y llanamente a la reforma del Poder Judicial que fue impulsada y cabildeada por el hoy gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina cuando fungía como presidente del Congreso del estado. Los oficios del excoordinador de la bancada de Morena fue el voto unánime para la reforma más trascendental en la historia reciente de Puebla. Uno de los principales opositores a esa reforma -que ya está en marcha pese al enojo de los magistrados- es justamente Ricardo Velázquez, quien en una sesión del pleno del TSJ no ocultó su enojo y hasta calificó como “ignorantes” a quienes impulsaron la medida.
¿El caso de Yasmín versus Claudia Rivera tendría ese toque de vendetta? ¿Qué harán en el TSJ con uno de los jueces y magistrados con este tipo de actitudes? ¿Ricardo Velázquez está en plena rebeldía frente a la reforma del Poder Judicial, por ende, contra la reforma que impulsó el actual gobernador? ¿Acaso no se ha enterado que el gobierno de Sergio Salomón es proclive a la defensa de las mujeres y a combatir la violencia de género?
