Los dirigentes del PAN y PRD, Augusta Valentina Díaz de Rivera Hernández y Carlos Martínez Amador, intentaron minimizar su decisión de entregar —al igual que el PRI— el control de 65 por ciento de las candidaturas que el Frente Amplio Opositor para 2024 al jefe político de la Organización Nacional del Yunque, Marco Adame Castillo. Dijeron que no se trata de un convenio electoral, por lo que no era necesario inscribirlo ante el Instituto Electoral del Estado ni solicitar la autorización de sus partidos para signarlo. Más aún: establecieron que tampoco se trata de un acuerdo vinculante sino de una “suma de voluntades” para impulsar los trabajos del frente. Dichas aseveraciones resultan no solo ridículas, sino que evidencian que ya no saben qué hacer tras exhibirse la dimensión que implica esa entrega al Yunque que causa pena ajena. De entrada, en el acto oficial se estableció que se trataba de la “Firma de convenio entre organizaciones de la sociedad civil y los partidos PAN, PRI, PRD Unidos por Puebla”. Al haber incluido a “Unidos Puebla” las dirigencias le dieron un tinte electoral a dicho convenio, pues además representaba el paso siguiente según la estrategia nacional; es decir, primero se creó la alianza electoral PRI-PAN-PRD y después se impulsó la conformación del Frente Amplio Opositor que suma a partidos y organizaciones ciudadanas. El mecanismo es parecido al que se utiliza a nivel nacional al considerar un solo representante común, es decir, el candidato a la gubernatura de dicho frente. Lo que resulta gravoso y “leonino” —como bien lo definió el secretario general de Morena en Puebla, Agustín Guerrero— es entregar 65 por ciento de los espacios de representación del frente —ya sea en distritos o municipios— a las organizaciones de la sociedad civil que en ese evento tuvieron como su principal representante a Marco Adame, un político cuya vida pública la construyó en el PAN. ¿Qué calidad de activo ciudadano tiene el exgobernador de Morelos si es un militante panista? ¿Acaso no los espacios de la sociedad civil son precisamente para darle espacio a aquellos que no militan en partidos políticos y quieren participar en el ejercicio público para impulsar un cambio democrático en el país? Lo que es peor es que al igual que el “representante común” estatal, el resto los “representantes” en los distritos y municipios son los perfiles a los que se impulsará como candidatos del frente. Así pues, contrario a lo que afirman los dirigentes estatales, sí existe un fin electoral en dicho convenio. ¿Por qué habría que designar a un representante en X municipio para que coordine los trabajos del frente, haga el ejercicio de consenso, cabildeo, aglutine fuerzas y respaldos políticos y en la boleta electoral aparezca otra persona? Sería un absurdo. Estamos de acuerdo con la postura de Carlos Martínez en el sentido de que en el fondo hay una grilla interna en el PAN, pero lo que también salió a la luz fue el entreguismo de las dirigencias locales y su falta de capacidad analítica. Es eso o simplemente fueron engañados por Augusta Díaz, situación que resulta poco creíble. Que los priistas y perredistas sean comparsas para que el Yunque se convierta en la fuerza hegemónica en el Frente es preocupante y un atentado a la democracia partidista. Una secta confesional no puede estar por encima de la representación popular que emana de los institutos partidistas. Pero ya se vio que en Puebla les importa un cacahuate. Como dijera el clásico: Lo que no suena lógico, suena metálico.
viernes, noviembre 22, 2024
