Hace unos días se dio a conocer un desplegado firmado por un grupo variopinto de investigadores de la BUAP, que advertían sobre el riesgo de perder sus apoyos de un plumazo. El asunto, en muy poco tiempo, se supo que estaba siendo utilizado políticamente por los caciques del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades: la familia Vélez Pliego, quienes decidieron montarse de un tema sensible y preocupante para hacer creer que la rectora Lilia Cedillo Ramírez era responsable de la situación, lo cual no solo es falso sino una locura. El problema de fondo está relacionado con un viejo problema entre la Secretaría de Educación Pública federal y las universidades públicas, respecto a las bolsas de apoyos para los científicos del país. Este año, las reglas fueron cambiadas y los tiempos fueron reducidos, lo que abrió la posibilidad de que muchos quedaran fuera de los apoyos. El asunto, que forma parte de los problemas habituales de toda universidad -hay instituciones que simplemente no los atienden y dejan a sus investigadores morir solos-, y la rectora decidió ampliar el tiempo de recopilación de información de los candidatos a beneficiarios en lo que había procesos de negociación con las autoridades federales. Sorprende que la situación haya querido venderse como un problema doméstico y poniendo en duda la eficiencia de la autoridad universidad, a pesar de que, si alguien conoce de primera mano los programas para científicos, es precisamente Lilia Cedillo. Otro punto que develó la verdadera intención política del tema, es que los filtradores quisieron resaltar que entre los inconformes se encontraba Beatriz Gutiérrez Müeller y esposa del presidente Andrés Manuel López Obrador. Queriendo espantar con la cobija del muerto, los Vélez Pliego amañaron el discurso. Solo habrá que esperar a conocer si la investigadora Müeller está muy contenta porque la panda de caciques use su nombre como mejor les convenga, es decir, en pleno afán oportunista.
Preguntas sin respuesta
El alcalde de Puebla, Eduardo Rivera Pérez, y sus funcionarios buenos para nada nos deben a la ciudadanía una explicación puntual sobre el proyecto de parquímetros en el Centro Histórico. No se trata solo de presentar el proyecto, que en sí es una obligación sin tintes de negociación. Los ciudadanos no queremos saber sólo cuántas máquinas van a instalar, la razón que lo justifica y el sistema de protección de los unidades vehiculares, ya que el pago del espacio conlleva la obligación de su cuidado. Exigimos conocer el nombre de la o las empresas consideradas para la concesión, sus socios, experiencia y vínculos. De entrada, la gestión panista debe tener en claro que el inicio de su proyecto ya apesta a corrupción por las sospechas de que prominentes integrantes de la Organización Nacional del Yunque pretenden quedarse con el millonario negocio. El problema no está en su filiación, pues si ofrecen un buen servicio tienen todo el derecho de pelear por el contrato, pero parece que las autoridades municipales están más interesadas en que no se conozca quiénes podrían participar, lo que ya es un escándalo. El otro tema fundamental es que la ciudadanía quiere saber a dónde irán a parar los recursos que se obtengan de esta medida, qué uso se les dará, cómo los distribuirán y si el recurso va para temas prioritarios o para pagar la nómina de los patéticos empleados de Lalo Rivera. La pasada gestión del edil estuvo plagada de sospechas por el mal uso del dinero público que derivó, entre otras cosas, a un proceso administrativo que estuvo a punto de mandarlos a cárcel, lo cual no ocurrió porque pactó políticamente con su persecutor Rafael Moreno Valle Rosas. Con ese antecedente, qué garantía tenemos del buen uso de los recursos. Como podrá leer, todo se reduce a un simple ejercicio de transparencia, algo que ni Lalito o sus empleados entienden. O como dice el gobernador Miguel Barbosa: “Sí entienden, se hace que no, pero bien que entienden”.
