El periódico El Universal realizó un interesante foro con los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Felipe de la Mata, Felipe Fuentes y Mónica Soto, en donde advirtieron que el crimen organizado está a tal grado metido en las elecciones que de no hacerse algo “nos vamos a conformar con tener en 10 o 20 años, pues a alguien del tamaño de un gran capo como presidente de la República”.
De la Mata, incluso, va más allá y sostuvo: “Entiendo que no podemos partir del principio de que hay un nuevo actor —que no es nuevo—, pero que sí está influyendo en las elecciones y que es el crimen organizado, así de claro”.
Las denuncias de intromisión en las elecciones por parte de células criminales, que van desde huachicol hasta el narcotráfico, no es un tema nuevo, pero en Puebla se ha convertido en un tema toral ante las denuncias públicas y acciones judiciales que se han realizado en contra de candidatos postulados por Pacto Social de Integración, que actualmente forma parte de la coalición “Mejor Rumbo para Puebla”, integrada también por el PAN, PRI y PRD.
El exgobernador Miguel Barbosa Huerta fue uno de los principales responsables en esclarecer los presuntos vínculos de ese partido y desde la Fiscalía General del Estado se emprendió una serie de acciones judiciales. Con el fallecimiento del oriundo de Zinacatepec todo quedó a la deriva y los involucrados quedaron libres.
Sin embargo, el señalamiento quedó registrado en la arena pública y se fortaleció con el activismo del presunto capo huachicolero del Triángulo Rojo, Antonio Martínez Fuentes, alias El Toñín, que inicio una franca confrontación con el Ejecutivo estatal.
Pero la historia realmente comenzó en 2015 y no precisamente por la acción de los criminales, sino por la intervención estatal en el huachicol.
El 14 de julio de ese año, la administración de Rafael Moreno Valle Rosas enfrentó un duro golpe tras un operativo sorpresa montado por elementos del Ejército mexicano que derivó en la detención de Marco Antonio Estrada López y Tomás Méndez Lozano, director de la Policía Estatal y encargado del Grupo de Operaciones Especiales (GOES) respectivamente, por sus presuntos vínculos en el robo de combustible.
A los pocos meses, Facundo Rosas Rosas, secretario de Seguridad Pública estatal y jefe de los mandos detenidos fue despedido de manera fulminante.
Puebla, a partir de esos años, se convirtió en el lugar por excelente para la práctica del huachicol, de acuerdo con las cifras oficiales.
Mientras el problema del huachicol arreciaba en la entidad, en el ámbito político ya estaba en plena operación Pacto Social de Integración, un partido creado por el morenovallismo con la finalidad de partir el voto de la oposición a nivel regional.
En 2013, PSI demostró que era capaz de llevar al PRI a la debacle y ayudar al panismo a mantener el control del Congreso del estado y las principales alcaldías. Pero también en ese año fue su primera incursión en la postulación de candidatos con vínculos con el huachicol.
En Palmar de Bravo, municipio que se encuentra en el Triangulo Rojo, ganó Pablo Morales Ugalde, pero no pudo completar su gestión de cuatro años y seis meses debido a que el 5 de julio de 2017 fue detenido por elementos de la Marina Armada de México por presuntos vínculos con el robo de hidrocarburos, a través de la banda liderada por Roberto de los Santos de Jesús, alias El Bukanas, y su socio Antonio Martínez Fuentes.
Un año después, en la elección de 2018, PSI no tuvo empacho en ofrecer la candidatura por el municipio de Quecholac a Alejandro Martínez Fuentes, hermano de El Toñín, un lugar en donde se encuentra Palmarito Tochapan, bastión el presunto criminal.
A pesar de la ola electoral impulsada por Andrés Manuel López Obrador, Alejandro Martínez ganó en las urnas y eso llevó al PSI a lanzarlo nuevamente como su candidato a la reelección en 2021. Nuevamente ganó en las urnas, pero el 27 de septiembre de ese año fue detenido por los delitos de obstrucción de la justicia, peculado y abuso de autoridad.
Tanto Pablo Morales como Alejandro Martínez fueron liberados porque las autoridades no tenían los elementos suficientes para incriminarlos. No obstante, el escándalo y la sospechas sobre el PSI quedaron selladas a fuego en la percepción pública.
Hoy, el PSI es el principal aliado de Eduardo Rivera Pérez, candidato de “Mejor Rumbo para Puebla”, quien le ha dado mayor importancia incluso por encima del PRI y el mismo Partido Acción Nacional.
No hay por qué dudar de las aseveraciones realizadas por los magistrados del Tribunal Electoral y en Puebla hay una alerta debe investigarse y tomar las medidas necesarias.
¿Todavía tiene dudas? Solo basta que recuerde las palabras de Rafael Von Rasfeld, integrante del actual Comité Directivo Estatal, quien reconoció que el exgobernador Moreno Valle fue el responsable de abrirle la puerta a candidatos “impresentables”.
El audio difundido por el portal Ambas Manos, en febrero de 2023, reveló que todo formó parte de una estrategia del exmandatario para obtener un voto dividido a través del “dobleteo” de líderes políticos y promoción de otros partidos diferentes al PAN.
Eso, según se escucha en la grabación, llevó a que “hubo incluso quienes, siglados por el PAN, encabezan supuestos gobiernos panistas al interior del estado y son huachicoleros, narcotraficantes y mafiosos”.
