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jueves, noviembre 21, 2024

El caso Crisanto y un operador galista

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El Registro Nacional de Detenciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana federal confirmó la detención de Alejandra Gabriela N., quien está señalada por una serie de irregularidades cometidas al desempeñarse como directora Administrativa de la Dirección de Comunicación y Agenda Digital en el interinato, que era encabezada por Fernando Alberto Crisanto, y actualmente se encuentra en calidad de prófugo al estar implicado en la misma carpeta de investigación. La captura ocurrió a las 16:30 horas del martes 18 de octubre, cuando la exfuncionaria circulaba por la carretera federal a Atlixco, a la altura de la junta auxiliar de San Bernardino Tlaxcalancingo, en San Andrés Cholula. Alejandra Gabriela circulaba por ese municipio porque estaba adscrita a la Dirección de Recursos Materiales de la Secretaría de Seguridad Pública municipal. Pero, la detención de esta persona podría abrir una auténtica caja de pandora, ya que el encargado de contratarla en la administración de Edmundo Tlatehui Percino fue Héctor Hernández Sosa, un sujeto de oscuro pasado ligado al microgobernador José Antonio Gali Fayad, alias Tony Gali. El funcionario galista fue el encargado de realizar el Plan Municipal de Desarrollo en la Comuna sanandreseña y movió sus hilos para hacerse de varias dependencias municipales desde las que ha creado un auténtico cerco hacia la administración de Tlatehui. Hernández Sosa, por ejemplo, ha sido uno de los principales difusores del mensaje de que Tony Gali está más vivo que nunca y solo espera que concluya la presente administración para que regrese por sus fueros. En las áreas que controla, además, ha servido para favorecer los negocios del exgobernador cantante y bailarín. En el círculo rojo no es desconocida la animadversión que Crisanto y Gali se tienen mutuamente, pero Héctor Hernández se ha encargado de fungir como mediador y eso se confirma la inclusión de Alejandra Gabriela -mujer de todas las confianzas del reportero con una fortuna inexplicable- en un cargo desde el cual siga teniendo acceso a contratos y protección. Hay quienes aseguran que solo es necesario jalar la madeja para que salga a la luz todo el cochinero que hay en San Andrés Cholula por los esbirros del galismo.

 

ADIÓS A LA CASTA NOTARIAL

El gobernador Miguel Barbosa Huerta asestó un golpe extraordinario en su lucha por extinguir a la casta privilegiada que se creó alrededor de las patentes de notarios otorgadas a amigos y familiares del mandatario en turno, además de ser nido de corrupción. El impresionante mundo del lavado de dinero, a través de factureras o empresas fantasmas, no puede entenderse sin la participación de los fedatarios públicos, quienes dieron su consentimiento para que las compañías de papel pulularan como hongos por toda la ciudad. Al igual que el actual Poder Judicial, la casta de los notarios se ha caracterizado por hacer negocios a diestra y siniestra, confabularse para el despojo de inmuebles o simular acciones para favorecer a una persona a cambio de una jugosa cantidad de dinero. Al aprobarse la nueva Ley del Notariado, el Estado tiene la obligación de abrir una patente por cada 25 mil habitantes, lo que requeriría la expedición de más de 200 títulos, lo cual es imposible al menos este sexenio. Pero las reglas han cambiado. Aquel que quiera ser notario deberá comprobar sus prácticas y pasar su examen de oposición. Se acabo la herencia de las patentes a los hijos, los nietos o los sobrinos; lo mismo que su venta y encubrir redes de corrupción. La Dirección del Notariado tendrá dientes para sancionar y meter orden, un punto fundamental porque el Ilustre Colegio de Notarios del Estado de Puebla opera en los hechos como un protector de delincuentes y corruptos. Sería bueno que nos informaran a cuántos de sus agremiados han investigado ahora que han salido a la luz cientos de empresas vinculadas con el lavado de dinero y la defraudación fiscal. Se acabó la casta divina de los notarios, como se acabo la de los magistrados y jueces, lo mismo que el fuero constitucional.

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