La dirigente estatal del PAN, Augusta Valentina Díaz de Rivera Hernández, no termina de estar sometida a tropiezos y actos que ponen en duda su liderazgo. (Para que no nos acusen de violencia política de género, todo lo que se escribe aquí se basa en su condición de política, dirigente de partido y no por su condición de mujer). Hace unos días estuvo en Puebla el secretario de Elecciones del Comité Ejecutivo Nacional del PAN, Armando Tejeda Cid, con la finalidad de analizar y supervisar los trabajos de fortalecimiento de las estructuras político-electorales, lo cual se convirtió en una prioridad de la dirigencia nacional con miras a las elecciones de 2024. Lo que se perfilaba como un encuentro para afinar los trabajos, terminó en una reunión en la que prevalecieron los reproches y quejas por la conducción de la presidenta estatal, así como la falta de tino en las decisiones que se toman. Si el partido no se ha fortalecido, le explicaron al enviado del CEN panista, es porque no hay pies ni cabeza en el Comité Directivo Estatal, existe desconfianza porque no se cumplen los acuerdos pactados a consecuencia de la praxis de segregación y exclusión de aquellos que no forman parte de la ultraderecha o a la corriente que tiene su centro en el Ayuntamiento de Puebla. No sobra decir que Augusta Valentina pretendía aprovecharse del encuentro para apretar tuercas contra los liderazgos locales y culpar a otros por la falta de avances, pero al final todo se le revirtió.
LEY DE MEDIOS
Desde San Lázaro llegaron buenas noticias, luego de que los integrantes de la Comisión de Gobernación y Población aprobaron eliminar la restricción que tienen municipios y gobiernos estatales de gastar 0.1 por ciento del presupuesto anual en publicidad gubernamental, tal y como lo establece el Plan B de la Reforma Electoral. Se trata de una extraordinaria noticia porque la medida —controvertida en la Suprema Corte de Justicia de la Nación por inconstitucional— amenazaba con una asfixia financiera para toda la industria mediática lo que impactaría en el despido de trabajadores, incumplimiento de pagos a proveedores, una drástica reducción en impresión, operación y transmisión, así como la necesaria imposición de medidas de austeridad que provocarían una caída a pique en los contenidos informativos. Cómo estarían las cosas que, para industrias como la radio o la televisión, apenas y alcanzarían a cubrir servicios como energía eléctrica. Aún faltan mucho para tener una adecuada reglamentación de gasto en publicidad gubernamental, pero lo que se había propuesto era sencillamente la sentencia de muerte para cientos — o quizá miles— de medios de comunicación en todo el país. Resulta curioso que el PAN y Movimiento Ciudadano se abstuvieron de votar a favor del cambio, lo cual deja varias dudas: ¿Están viendo solo por sus intereses? ¿Le apuesta a la extinción de los medios? ¿Si votaban a favor le harían el caldo gordo a Morena y las acciones de inconstitucionalidad que presentaron quedarían como una burla?
