La iniciativa que propone una reforma profunda a la Ley Orgánica de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) viene impregnada de un ánimo vanguardista que, en principio, derrumbará los atavismos y la supuesta militancia que por décadas se le endilgó a la institución, por las fallas personales y excesos de sus directivos.
El planteamiento legislativo que se presentó ya al titular del Poder Ejecutivo del Estado, Sergio Salomón Céspedes Peregrina, y también al Congreso local, pretende reparar el anquilosamiento de un cuarto de siglo, en que no se revisó la legislación de la Máxima Casa de Estudios del estado.
La rectora María Lilia Cedillo Ramírez, su estilo y la desintoxicación que ha dado a la institución, han permitido que se dé esta propuesta que deberá avanzar con agilidad en los procesos legislativos, para concretar los cambios a 25 artículos que aprobó presentar el Consejo Universitario.
Una modificación de peso trascendental es la eliminación de la edad máxima, fijada en 65 años, para ser rector o rectora.
Es una contradicción que en la edad de franca productividad, experiencia y sabiduría, que tienen hoy la mayoría de las personas, se discriminara la posibilidad a un mayor de esa edad, para aportar a su institución sus conocimientos.
Eso, sin contar que, poniéndonos rigurosos, esa limitación en específico resultaba inconstitucional.
También, en una reflexión ulterior, hay que reconocer que esa absurda regla pretendía cerrar el paso a las personas que, con verdadera esencia académica, pudieran acceder a la Rectoría.
La Universidad, lamentablemente, pero con énfasis en las últimas tres décadas, fue trampolín de políticos de negrísimo historial y desagradable recuerdo.
Si hubo quien se quejó antes de la militancia de una supuesta izquierda de la BUAP, luego generaba náusea la sumisión y afiliación corporativista de los directivos al Partido Revolucionario Institucional (PRI), en la época hegemónica del anterior régimen.
Hoy, la universidad en ese sentido es otra. No hay militancia, doctrina ni corporativismo. Y esa, sin duda, ha sido una victoria que ha conseguido Lilia Cedillo, con su actitud personal y como autoridad.
En más de la reforma a la Ley Orgánica de la BUAP se ha establecido que pretende la armonización con las leyes General de Educación y de Educación Superior, con las que ha ido perdiendo sincronía, luego de 25 años de estancamiento normativo.
Para su elaboración, se efectuó una consulta, del 17 al 22 de mayo pasados, que tuvo la participación de 53 mil 459 universitarios de los tres sectores de 44 unidades académicas, ubicadas en 29 municipios, y de 97 dependencias de apoyo.
“Es una ley en la que se incluyen conceptos fundamentales; respeto a los derechos humanos, sobre todo; garantizar la igualdad y equidad de género; garantizarle también a las y los universitarios espacios libres de violencia, trabajar por una cultura para la paz”, dijo la rectora el pasado 25 de mayo, sobre la propuesta.
Los tiempos oscuros, por ahora, se están yendo.
Que así siga.
