El desmantelamiento de la madriguera de complicidades y la trinchera oscura, desde la que se intentó el regreso del pasado perverso, en que Héctor Sánchez Sánchez había convertido al Poder Judicial del Estado de Puebla, se lleva a cabo con contundencia, precisión quirúrgica y la rapidez que demanda el caso.
La implementación de la Reforma Judicial, que el Congreso local aprobó por unanimidad, comenzó con mano firme de la magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Margarita Gayosso Ponce, y del magistrado presidente del Consejo de la Judicatura, Carlos Palafox Galeana.
La semana pasada, el jurista Palafox exigió la renuncia de buena parte del equipo que, con un largo rosario de sospechas y presuntas ilegalidades, encumbró y operó Sánchez Sánchez.
“Cayó HSS”, se dice en los pasillos de Ciudad Judicial, sobre Héctor, aspirante a James Bond local y un personaje políticamente tan menor, aunque qué buen bailador de salsa que es, aseguran.
Desde este lunes, ha quedado fuera Rafael Pérez Xilotl, el director administrativo que colocó Sánchez, a exigencia de la diputada Mónica Silva Ruiz, su esposa, de quien es incondicional desde hace muchos años.
Vienen auditorías y Pérez Xilotl está en el tremendo brete de explicar cómo es que dio más de 30 millones de pesos a una facturera que está involucrada en la llamada Operación Angelópolis que detectó la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
“El Javi ha caído”, es otra de las frases que se repiten entre los funcionarios y trabajadores del TSJ, en referencia a Javier Hernández, particular de Héctor y sobre quien hay un largo inventario de daños, incluso de acoso sexual, pues “se creía galán”, cuchichean en los pasillos con la celebración de su derrota, pues tuvo un comportamiento especialmente agresivo y abusivo.
Del círculo de extrema cercanía de Sánchez Sánchez, también ha caído su exasistente Karla Montero.
En las menciones de quienes falta o vienen cayendo, de los integrantes de “la pandilla” del ex presidente del TSJ, están también Rubén de la Rosa, secretario jurídico, y Álvaro Bernardo Villar Osorio, secretario relator.
Todos, con ligas incriminatorias con Sánchez Sánchez. Largas, graves, espesas.
Las auditorías que se realizarán deberán ser reveladoras. Cientos de millones de pesos, casos de descomunal corrupción, temas de abusos.
Imagínese, es un caso hipotético, que un alto funcionario haya puesto el TSJ al servicio de su amante, para quitarle los hijos a su padre y no dejar que los viera más. Todo por complacer una debilidad de alcoba.
O que haya torcido los tiempos y procesos de demandas de daño moral, para favorecer a un empresario de medios, porque es, aparentemente, primo de su esposa.
O que haya doblado hasta la ética y el sentido común, para favorecer en un tema mercantil a los hijos de su exjefe, que pudo ser o no un exmicrogobernador.
Son hipótesis. Pero podrían no serlo.
La limpieza está en marcha.
