Con distintos matices, el régimen tiene el control de algunas instituciones electorales, federales y locales, las que —se supone— difícilmente emitirán fallos o sanciones contra la dirigencia nacional partidista, por los procesos internos del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) a los cargos que estarán en disputa en 2024, principalmente la candidatura a la Presidencia de la República y a las nueve gubernaturas en juego, en caso de que los aspirantes las controviertan.
Para ser más claros: en el papel, se prevé que la burocracia partidista del lopezobradorismo tiene manga ancha para hacer lo que le plazca, sea o no democrático o estrictamente legal, porque el Instituto Nacional Electoral (INE) ahora es un aliado y así también muchos de los Organismos Públicos Locales Electoral (OPLEs), tribunales e institutos.
Sin embargo, en esta proyección del manejo de las instituciones electorales, hay un cabo suelto que puede complicar las decisiones e imposiciones, si es que las hay, en Morena.
Aunque desde el Congreso de la Unión se configuró una alineación a modo en el INE, en cambio, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), la última instancia a la que llegan los litigios electorales, sigue siendo adverso en su integración al morenismo y seguirá así, al menos, hasta el próximo 31 de octubre.
En esa fecha, además, se prevé que algunos o todos los procesos internos de las nueve gubernaturas hayan arrancado. También cabe la posibilidad de que, entonces, esté en disputa judicial, si alguien lo controvierte ante tribunales, el proceso de Morena a la Presidencia de la República, cuya candidata se dará a conocer el 6 de septiembre próximo.
Hasta esa fecha, la alineación de los siete magistrados de la Sala Superior del TEPJF será todavía adversa al lopezobradorismo, como ha ocurrido en los últimos años, en que ha habido sentencias duras contra el sistema, como la anulación de transitorios del Plan B de la Reforma Electoral o el rechazo de candidaturas que parecían tan importantes para Andrés Manuel López Obrador, como la de Félix Salgado Macedonio a la gubernatura de Guerrero.
Están por terminar los periodos de los magistrados José Luis Vargas Valdez e Indalfer Infante Gonzáles, quienes fueron electos originalmente por el Senado de la República para el periodo del 4 de noviembre de 2016 al 31 de octubre de 2019, pero que luego se amplió su periodo hasta el 31 de octubre de 2023.
Ellos dos, especialmente, son piezas fundamentales del bloque que, dentro del TEPJF, ha sido adverso al lopezobradorismo.
Ese día, habrá relevo de dos magistrados o magistradas, que definirá el Senado de la República, por mayoría calificada, a partir de las propuestas que haga la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), para un periodo de nueve años.
Es decir, tampoco está nada fácil que Morena impongan en la Cámara Alta a magistrados afines al sistema.
Vayamos a los casos hipotéticos: si alguno de los participantes en la contienda para definir la Coordinación Nacional de los Comités de Defensa de la 4T, que es la antesala para la candidatura presidencial, impugna el resultado y este litigio llega a la Sala Superior del TEPJF, no hay garantía de que el fallo vaya a gustar a la dirigencia de Morena y al Presidente de la República.
No será un tribunal a modo, al menos, hasta el próximo 31 de octubre.
Luego, si los procesos a las nueve gubernaturas, que se espera que reediten el modelo nacional, arrancan con impugnaciones y litigios, muy probablemente en su primera etapa los tendría que resolver el actual Tribunal, con esa alineación incómoda.
Entonces, aquello de que el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de Morena se podrá manejar a placer, por encima de sus militantes y las decisiones mayoritarias, no es un cheque en blanco que se haya emitido todavía.
