Gobernar para todos implica hacer comunidad. El reto no es sencillo, pues además de ponderar los intereses, anhelos y necesidades de las mayorías, debe tejerse fino para incluir, en medida de lo posible, a quienes se cuelgan la etiqueta de disidentes, tengan o no razón.
En San Andrés Cholula, Puebla, un municipio con gran tradición de sus pueblos originarios, el presidente municipal, Edmundo Tlatehui Percino, ha buscado el resguardo de las tradiciones ancestrales.
Esto se refleja en la inclusión de 92 por ciento de las propuestas de los pueblos originarios, en el Programa Municipal de Desarrollo Urbano (PMDU). La decisión no es menor y además es muy contundente. En otras municipalidades del país no hay esa inclusión.
Pero algo pasa, algo que delata resabios politiqueros, más que intereses de la comunidad, toda, que cohabita entre su orgullo ancestral y la dinámica contemporánea.
Vayamos a los datos duros: para la elaboración del PMDU participaron líderes sociales, como mayordomos, jueces de paz, profesionistas, jóvenes, universidades y, por supuesto, representantes de los pueblos originarios.
De este modo, se presentó un diagnóstico de los problemas y se proyectó su solución en corto, mediano y largo plazos.
El alcalde Tlatehui Percino buscó, de acuerdo con las referencias hemerográficas de medios estatales y locales, la conciliación con todos los grupos y, de manera cuidadosa, con los pueblos originarios. Otra vez: se trató de hacer comunidad.
Sin embargo, algunos sectores y personajes de los pueblos originarios sanandreseños se han opuesto al programa, sin que realmente cuenten con argumentación viable, pues sus propuestas, casi en su totalidad, están incluidas.
Con éstos se han celebrado —de acuerdo con los datos públicos— 23 mesas de trabajo y ha habido cuatro entregas de información documental, así como la cartografía del proyecto.
El esfuerzo por sumarlos y complacerlos ha sido exhaustivo. Sin embargo, hay una irracional oposición que, de acuerdo con nuestra reportera en la zona, ha generado enfrentamientos y acusación de que han sido obstruidas obras de agua potable, drenaje, pavimentación o alumbrado públicos.
El desarrollo de un municipio con el dinamismo de San Andrés Cholula, conurbado con la capital poblana y de los más importantes del estado, requiere la cohabitación de su orgulloso pasado y sus tradiciones, con las necesidades actuales de su población.
Los opositores al PMDU tendrían que argumentar mejor, ceder, entender y conciliar. Otra vez: se trata de hacer comunidad.
Pero ante la irracional negativa a ello, bien podrían responder algunas interrogantes legítimas que se hacen los sanandreseños:
¿Quién, con cuánto y a cambio de qué los financia? Porque las lonas, el tiempo, las movilizaciones cuestan y son caras.
Todo lo que ha venido ocurriendo deja un muy mal sabor de boca y la creciente certeza de que hay intereses políticos detrás de la movilización de estos grupos de los pueblos originarios.
Sólo eso explicaría por qué estos personajes y sectores han impedido aprobar el PMDU, lo que viene repercutiendo en un daño contra el patrimonio natural de San Andrés Cholula.
La mano negra es inevitable. Tiene nombre y apellidos.
También utiliza un membrete partidista y traiciona, por supuesto, el postulado del beneficio común.
