Desde el Poder Judicial de Puebla, como en otras entidades, se han amasado descomunales y pervertidas fortunas y se han violado con gravedad los derechos humanos.
Sin generalizar y con la salvedad de saludar la vocación genuina de los administradores de justicia que tienen un alto sentido social, en el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de nuestra entidad han pasado y están verdaderos bucaneros, hombres y mujeres, quienes han considerado —e incluso luego de dejar su labor ahí siguen haciéndolo— a la justicia como una mercancía.
Que no se olvide que es un derecho humano fundamental la posibilidad de acceso a ella.
En muchas de esas manos negras —no todas lo son— han pasado circunstancias que definen vidas, desenlazan muertes, resguardan o entregan patrimonios generacionales y muchos otros temas vitales para los poblanos y las poblanas, pero en un sinnúmero de ocasiones ha prevalecido la corrupción.
Los casos que recién hemos conocido de violaciones, abusos patrimoniales, fraudes y descarado tráfico de influencias, son muestra de lo tan podrido que está en Puebla el Poder Judicial.
Es incontrovertible y no hay un solo magistrado, juez o funcionario -—ni siquiera los soberbios abre puertas de Comunicación Social— que se atreva a desdeñar esta afirmación, que se basa en denuncias y hechos comprobables.
Se trata de una madriguera de oscuridad y corrupción, que comienza desde los más alto, desde el despacho del todavía magistrado presidente, el excandidato panista a una diputación federal suplente, Héctor Sánchez Sánchez.
De ahí la importancia y lo trascendental de la Reforma Judicial que presentó el lunes pasado, ante el Congreso del Estado, el gobernador Miguel Barbosa Huerta y que busca modificar nueve artículos de la Constitución local, para literalmente cimbrar y abatir este modelo pútrido, para darle un sentido social a la labor de administración de justicia en el estado.
La reforma es inédita para el país y es también de vanguardia. Seguramente, una vez que el Congreso del Estado haga lo propio y avale, por mayoría calificada, este paquete de reformas, el modelo de Puebla será luego retomado por otras entidades.
La iniciativa es muy audaz y debe considerarse, en el más estricto sentido de su significado en español, aunque es una palabra italiana, como una razia (incursión, batida, redada) contra la madriguera negra que es el Poder Judicial y su abundante corrupción.
Es de tal contundencia, que redefinirá la esencia del Poder Judicial y que, en su detalle, pone candados y aplica vacunas contra los consuetudinarios abusos de muchos juzgadores y funcionarios.
Plantea mecanismos de control, para evitar la corrupción en la administración de justicia, propone la destitución de magistrados por el Congreso; también equilibra y divide al Poder Judicial en cuatro órganos jurisdiccionales, cada uno con su presidencia, con un periodo de cuatro años, sin posibilidad de reelección: Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Sala Constitucional, Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) y Consejo de la Judicatura.
No se establece la sustitución ni destitución de los actuales magistrados y magistradas en ejercicio, pero muchos podrían renunciar, luego de los controles que hay y de las investigaciones de corrupción que se irán dando.
No hay duda de que Sánchez Sánchez será relevado. Pero —es una apreciación personal— su sustituto o sustituta saldrá de los magistrados con carrera judicial que ya están en ejercicio.
Pero habrá que recordar que, una vez aprobada la reforma de Miguel Barbosa, ese cargo será solamente de presidente o presidenta del TSJ, pues habrá otros tres: Judicatura, Tribunal Constitucional y Tribunal de Justicia Administrativa, que se sumará al Poder Judicial. Se acabó el control unipersonal.
Para sustituir a Héctor Sánchez, en estos nuevos tiempos, incluso, podría haber llegado el tiempo para una mujer.
