La fuerza, por su técnica jurídica, de la iniciativa que envió el gobernador Miguel Barbosa Huerta y la eficiente construcción política de los acuerdos, que logró unanimidad en la votación en el Congreso del Estado, permiten que la Reforma al Poder Judicial del estado de Puebla llegue con legitimidad absoluta e irrebatible.
La descripción no es exagerada, pues en la historia de los procesos legislativos de nuestra entidad, muy pocas modificaciones constitucionales —en este caso fueron a nueve artículos— pueden presumir esta ruta, desde el trabajo en comisiones legislativas y, antes, en las reuniones de trabajo y negociaciones.
Se trató de una votación 41-0, este jueves en el salón de sesiones del recinto del Centro Histórico.
Todos los 41 integrantes de la LXI Legislatura (2021-2024) local, todas las fuerzas políticas, votaron a favor.
Nadie quiso quedarse fuera de la historia, con una porfiada sinrazón, pues además hubo adiciones al texto original, que presentó el Ejecutivo, que aportaron el PRI, PAN y Morena, aunque fueron menores, en el articulado y en los transitorios de la iniciativa, pero que no alteraron ni un milímetro su espíritu: una justicia cercana a la gente, que combata las desigualdades sociales, en la que el ciudadano está en el centro de esta administración.
El Poder Judicial oxidado, sin dinámica, sin legitimidad, ni regulación y con fisuras que son todavía salvoconductos para la corrupción y las anomalías en la administración de justicia, cambiará desde sus cimientos.
Ahora la reforma irá a los cabildos de los 217 ayuntamientos, para alcanzar su validación constitucional, lo que se conseguirá con la aprobación de la mitad más uno, la mayoría simple, un total de 109 de los cabildos. Tampoco nadie en éstos se querrá quedar fuera de la historia.
En esencia, fueron cuatro las modificaciones o adiciones que se incluyeron:
1.- Se bajó el requisito para la validez de una acción de inconstitucional ciudadana, ante la Sala Constitucional. El texto original había puesto el requisito de que ésta fuera solicitada por uno por ciento de los ciudadanos inscritos en la Lista Nominal del estado. Se dejó, finalmente, en 0.5 por ciento, equivalente a unas 38 mil ciudadanos y ciudadanas.
2.- Se cambió la redacción sobre el apartado que especifica la obligación de los funcionarios de este poder, de presentar en un plazo de 120 días su declaración de posible conflicto de interés.
3.- Luego del análisis, se determinó que será el Consejo de la Judicatura, y no otro órgano o comité, el encargado de acompañar y vigilar la aplicación de la reforma.
4.- Se terminó por agregar el requisito de paridad de género, que de cualquier forma ya está contenido en las constituciones local y federal.
En la construcción de los acuerdos, el gobernador Miguel Barbosa tomó la batuta, al conducir los primeros cabildeos con las bancadas. Aceptó propuestas, que luego se discutieron y adicionaron en el trabajo de comisiones unidas.
Después de la primera operación directa del mandatario, vino el turno del presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, el morenista Sergio Salomón Céspedes Peregrina, quien, con tejido paciente, fino y mucha, muchísima tolerancia, habló con cada uno de sus compañeros de legislatura.
Nadie esperaba, realmente, la unanimidad. Uno que otro voto en contra o la aparición de algunas abstenciones no hubieran venido tampoco tan mal.
Hasta la noche del miércoles, la certeza era que la mayoría calificada, las dos terceras partes, estaba asegurada con 32 votos, del total de los 41 integrantes del Poder Legislativo.
Hasta el final de la votación, apareció la sorpresa de la unanimidad, la operación 41-0, que levantó sonrisas de satisfacción, tanto en el recinto legislativo, como en Casa Aguayo, sede del Poder Ejecutivo.
La votación legislativa se sumó al recibimiento y reconocimiento que tuvo la iniciativa en asociaciones y universidades y en el actual Poder Judicial mismo.
La tarea que sigue es igual de importante. Desde la próxima semana se pondrá en marcha la ruta legislativa, con iniciativas desde el Ejecutivo, para proceder a la modificación y/o creación de una decena de Leyes Orgánicas de cada uno de las entidades de este renovado Poder Judicial.
La tarea sigue, pero el paso definitivo se ha dado.
Así comienzan los caminos, que se hacen al andar.
