La instrucción del secretario de Gobernación del estado, Julio Miguel Huerta Gómez, para que Protección Civil revise los albergues que el Instituto Nacional de Migración (INM) tiene en Puebla, es un adelanto de que aquí la atención del fenómeno migrante tendrá un énfasis de derechos humanos, por encima del sesgo policiaco con que se ha tratado en el pasado.
Esta acción se da con contundencia después de la tragedia de Ciudad Juárez, Chihuahua, en donde lamentablemente fallecieron 39 migrantes, la mayoría de Centroamérica, pero también algunos venezolanos.
Julio Huerta envía así el mensaje enfático de que en Puebla se cuidarán las garantías individuales de los transmigrantes que sean detenidos en territorio estatal.
Se trata de arrestos que realiza el INM que es una institución federal y que, por ello, en muchas entidades ha operado sin coordinación con los gobiernos locales.
Puebla no va a caer en ese error sistemático, es el mensaje de Huerta, que apuntala las prioridades de la administración del gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina. No se puede leer como un disenso con la administración federal; al contrario, es de franca cooperación.
Hay que recordar que, a diferencia de la Unión Americana en donde los indocumentados cometen un delito al estar de manera irregular, en México el tránsito por el país sin permisos es solamente una falta administrativa.
Desde ese principio, el espíritu de las normas mexicanas contempla la multidimensión del fenómeno, que siempre debe ser abordado desde la perspectiva de las garantías individuales.
El titular de la Secretaría de Gobernación de Puebla, Julio Huerta, es el primero que ha levantado la mano, con acciones precisas en este sentido, al menos de los estados en los que forzosamente pasan los migrantes con la ilusión de llegar a la frontera con Estados Unidos y cruzar al sueño americano, que la mayoría de las ocasiones es un espejismo.
En promedio, se calcula que por el país pasan en su camino al sueño americano unos 350 mil transmigrantes -así los bautizó el gran luchador social que fue el sacerdote poblano especialista en el tema, Gustavo Rodríguez Zárate- al año y de ellos al menos 150 mil pasan por territorio poblano.
Pero esas cifras se han disparado. En 2022, por ejemplo, más de 400 mil fueron detenidos. Eso, sin contar los que no lo fueron. Con base en lo ello, se puede presumir una cifra exponencial de esos flujos.
Aunque en Puebla no hay propiamente estancias migratorias, como las de las ciudades fronterizas que son paso a Estados Unidos, en el norte, o puerta desde Centroamérica, en el sur del país, sí hay albergues.
Julio Huerta informó el miércoles que 38 migrantes de origen centroamericano se encuentran albergados en territorio estatal.
Es indispensable que el fenómeno migrante se aborde con visión humanitaria.
Puebla lo ha entendido. Eso se aplaude.
