La concesión que deja multimillonarias ganancias de la publicidad en los puentes, peatonales y vehiculares de Puebla, ha puesto bajo la acuciosa lupa y la pesada sospecha a la Secretaría de Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Ordenamiento Territorial (Smadsot), encargada de estos procesos.
En esa dependencia, presuntamente, alguien la ha otorgado ya, con holgadas ventajas y con dudoso procedimiento, a los hermanos Gómez, de larga y mala reputación en el manejo de espectaculares, además de que son enemigos jurados del barbosismo y opositores al combate a la corrupción que emprendió el finado gobernador. La razón es sencilla: “la exigencia de honestidad es contraria a sus intereses”.
El caso tiene una larga historia que viene desde el morenovallismo, cuando de esas concesiones se beneficiaron los exdiputados locales Gerardo Islas Maldonado y Marcelo García Almaguer, los dos además funcionarios en aquella época y con claros conflictos de intereses.
Los dos también han sido señalados, desde distintos flancos y en distintos momentos, por una larga estela de archivos pendientes.
Pero, de naturaleza muy grave, es lo que presuntamente se orquestó en la Secretaría, luego de la muerte del gobernador Miguel Barbosa Huerta, pues se aprovechó —aseguran las fuentes— el descontrol para hacer cambios súbitos, injustificados e inesperados.
En esta trama, aparece el despido de Rafael Reynoso Mora de la dirección de Prevención y Contaminación Visual de la Smadsot, a quien le ha sido abierto un expediente por presuntas irregularidades. Fue despedido e investigado, pero hay la presunción de que han sido fabricadas algunas de las irregularidades que se le achacan; otras, no tanto.
Sin convertir al exfuncionario en un mártir, pues lejos está de esa categoría, todo apunta que en esa dependencia alguien —describen— conspiró para echarlo, para deshacerse así del principal obstáculo, para entregar esa concesión a los Gómez, cuyo integrante, Pedro Gómez Castillo, es bien conocido por el presunto montaje de campañas negras contra el gobierno de Miguel Barbosa y para sembrar zozobra en la sociedad.
De hecho, Pedro, quien a principios de la administración barbosista fue titular del Sistema Estatal de Comunicaciones (SET), debió comparecer a la Fiscalía General del Estado (FGE), a finales de agosto pasado, en el contexto de la investigación por los mensajes en redes sociales y mensajería, sobre presuntos ataques violentos que grupos criminales en Puebla. Por supuesto, esa campaña resultó falsa.
Gómez Castillo es además insigne miembro del grupo del exmorenovallista Fernando Luis Manzanilla Prieto, quien jugó las contras a las políticas de Barbosa opositora al modelo de negocios en que sus antecesores convirtieron al gobierno del estado.
A su hermano, de manera directa y en un proceso de “notable oscuridad” —nos advierten—, desde la Secretaría le habría entregado ya esas concesiones de los puentes peatonales.
El caso tiene aristas filosas y aviesas: uno, la presunta traición en la dependencia a los principios y combate a la corrupción que emprendió el gobernador Miguel Barbosa.
Contrario a su legado barbosista, aquí se habría beneficiado a quien tiene una muy negativa reputación, en lo administrativo y en lo social.
En segundo término, pero no menos importante, la corrección administrativa que se debió haber seguido, pero que, de acuerdo con las fuentes, aquí se pasaron por alto, para entregar directamente esa concesión que generará a los Gómez multimillonarias ganancias.
Hay más y peor: la evidencia de que, aprovechando los días terribles que vivió Puebla con la muerte de Miguel Barbosa, desde la Smadsot se hubiera pretendido que el otorgamiento de la concesión de los puentes, pasara inadvertida para la opinión pública.
Hasta aquí esta primera entrega del caso.
Mucha agua sucia lleva este río.
