Muy lejos de parecerse a Valentín Campa, líder obrero, insignia de la lucha laboral de izquierda, el exsecretario del Trabajo estatal, Abelardo Cuéllar Delgado, es más una analogía del derechista Diego Fernández de Cevallos Ramos, quien, con doble cachucha, era un legislador integrante de las instituciones del Estado Mexicano en las mañanas, y litigante de intereses particulares por las tardes, para ganarle con ventaja, tráfico de influencias e información privilegiada, litigios millonarios al propio Estado.
Ese es el principal problema de la conducta de Abelardo, quien no tiene autocrítica para reconocer que, por su cargo, tuvo privilegios que usó en beneficio de su despacho privado, para ganarle juicios al gobierno. Se llama conflicto de intereses y puede configurar varios delitos.
Hay ya una causa que se sigue. En ese terreno debe defenderse el abogado, no con pirotecnia mediática.
Ahí está el fondo del problema, que Abelardo y un puñado de sus seguidores, parte de su familia y su grupo político, casi insignificante en Morena, quieren esconder y perfumar con el cuento de que es un “perseguido”.
Este hombre quien es, de acuerdo con sus propios exclientes, “muy rico, lana le sobra”, se ha dejado manipular por políticos disfrazados de periodistas que buscan saciar sus agendas y rencores personales.
Igual hizo o quiso hacer el ex auditor Francisco N., hoy preso en San Miguel. Sus asesores de medios fueron los primeros en hacer escarnio de él, una vez que cayó detenido.
Está muy bien que Abelardo sea rico. Lo malo es que hay la sólida presunción, traducida cada vez más en evidencias, de que utilizó información privilegiada, para ganar laudos que no tenían legitimidad. El daño patrimonial es a los poblanos.
Que ganaran sus juicios aquellas personas que fueron despedidas injustificadamente por el morenovallismo, por poner un ejemplo, es un tema de justicia.
Lo perverso es que en la misma bolsa se haya metido a personas y casos que artificialmente consiguieron beneficios económicos.
El despacho de Cuéllar, a cargo de su hijo Ramón Abelardo, “un abogado mediocre”, de acuerdo también con algunos de sus ex clientes, se convirtió en una fábrica de pega y cobra.
Cuéllar y sus litigantes, su hijo con su ostentosa vida incluido, se convirtieron en una suerte de “montalitigios” contra el gobierno.
Algo así como los delincuentes a los que llaman “montachoques”, pero contra el estado de Puebla.
Era muy común que apenas un trabajador del gobierno renunciaba o era cesado, el despacho de Cuéllar lo buscaba de inmediato para demandar.
Nos cuentan exclientes de él, que la mayoría de su equipo jurídico ya lo abandonó y que al menos 120 clientes han cambiado de abogados, por estas conductas.
Abelardo se parece mucho al jefe Diego. En 2002, en la Presidencia de Vicente Fox Quesada, Fernández de Cevallos era senador y ganó un asunto de particulares a la Secretaría de la Reforma Agraria, por mil 200 millones de pesos. La mitad, de acuerdo con la prensa de esa época, fue para el panista.
Abelardo disfraza su riqueza, pero su hijo no. Se ve en sus lujos, en su vida, en sus tours europeos, en un nuevo gimnasio.
Así no se puede evocar pureza ni aducir persecución.
