Los cuatro procesos penales que se siguen a José Arturo Rueda y Sánchez de la Vega (Arturo N.), director del Diario Cambio, se complican cada vez más y la narrativa propagandística que anunciaba, con confeti, bombo y platillos, su pronta liberación por un “pacto político” se ha derrumbado totalmente.
Este lunes, de acuerdo con fuentes del caso, recibió nuevamente una vinculación a proceso por la presunta comisión del delito de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (ORPI).
Pero el colmo del absurdo y la evidencia del bajísimo nivel profesional de sus defensores quedó también establecido este lunes, cuando les fue rechazado, por “firmas totalmente disímbolas” del procesado, una petición de “incidente innominado de libertad provisional bajo caución”, sobre el delito de extorsión, otro de los cuatro que se le achacan.
La pifia que, con seguridad, no cometería un estudiante de segundo semestre de derecho de cualquier escuela patito, también está expuesta en la “confusión”, por llamarle de alguna forma, aunque también puede ser deliberada intención de confundir al juez sobre la fecha de la inclusión de la extorsión en el catálogo de delitos graves, que no permiten la “libertad provisional bajo caución”.
Es decir, con una chicana (trampa) de bajísimo nivel, sus abogados trataron de argumentar que, cuando Arturo cometió la presunta extorsión, ésta no era delito grave.
Por cierto que, enganchados en la versión tergiversada de los abogados, Lila Marisol Vega Ortega y Alejandro Silva Ramírez, quienes presentaron ese recurso que fue rechazado, algunos colaboradores de Diario Cambio hasta le dieron en sus redes la “bienvenida” de vuelta a la libertad a José Arturo N.
Veamos de nuevo: los abogados Vega Ortega y Silva Ramírez, pretendieron hacer pasar, a estas alturas del proceso, a casi a un año de la aprehensión en la Ciudad de México, el delito de extorsión como “grave”, pero dicen que alcanzó esa categoría hasta después de la presunta comisión de su cliente. Con ello le vendieron la idea a los amigos y a la familia del procesado, de que podría dejar la cárcel.
Una pretensión realmente pueril. ¿Acaso de ser un recurso sólido el planteamiento de los abogados, no se hubiera solicitado apenas unas horas después del arresto?
La confusión, con mala fe o ignorancia supina, en que los abogados intentaron hacer caer al juez, se refiere a un traslado de artículos referentes al delito de extorsión, que fueron publicados en el Periódico Oficial del Estado, del 15 de septiembre de 2015.
Los litigantes argumentaron, en su solicitud de libertad bajo caución, que cuando Arturo N. presuntamente cometió el delito —que de facto es también una confesión de sus representantes legales—, el 11 de mayo de 2015, éste no era grave.
Pero no. Porque el delito desde antes estaba catalogado como “grave” y lo que ocurrió en septiembre de 2015, fue solamente “un traslado de artículos y ese delito era y sigue siendo grave”, explica un especialista que prefirió la gracia del anonimato.
La narrativa de la libertad por “pacto político” es falsa.
Pero, además, la defensa es muy torpe.
En palabras que solía utilizar el mismo comunicador, diré que su equipo jurídico parece “extraído de una película de Capulina”.
