La mañana de este lunes, la doctora Cecilia Anaya Berríos, rectora de la Universidad de las Américas Puebla (Udlap), acudió al Juzgado Segundo de lo Civil, a cargo de Magda Reyes Delgado, acompañada de sus abogados.
¿El fin?
Anunciar que finalmente sí acepta recibir las instalaciones de la universidad en aras de reanudar las clases en el menor tiempo posible.
Como el hipócrita lector recordará, el pasado martes 1 de febrero la jueza de Control de Distrito Centro, Magaly Escamilla, confirmó la posesión del inmueble de la Udlap a la Fundación Mary Street Jenkins, representada por Enrique Gurza Cárdenas, y emitió un exhorto dirigido a la rectora Anaya Berríos para reanudar las clases y las actividades administrativas.
La respuesta fue una contundente negativa bajo el argumento de que esa medida pretendía darle el control educativo a “los espurios”, como calificó a los nuevos integrantes del patronato de la Fundación.
Hoy, sin embargo, la rectora interina estuvo de acuerdo.
¿Qué pasó?
Que en dos semanas la vida de la familia Jenkins y todos sus testaferros cambió por completo.
La primera advertencia llegó el 11 de febrero cuando el Juzgado Segundo de lo Civil ordenó a la rectora asumir la custodia del campus universitario y, junto con la Secretaría de Educación Pública estatal, diseñar la estrategia para la reanudación de actividades presenciales.
La respuesta de Cecilia Anaya fue, una vez más, el rechazo rotundo, pero con una diferencia sustancial: la doctora presentó una comparecencia por escrito en la que no tuvo otra opción que reconocer lo que todos sospechábamos, que todo era un ardid para darle a la familia Jenkins un pretexto para defenderlos a costa de la comunidad universidad.
Nacho Juárez, el reportero que ha logrado desgranar mejor que nadie el conflicto de la universidad cholulteca, publicó estas reveladoras líneas a raíz de la comparecencia de la rectora.
Cito: “Pese a ocultar por meses el tema, la rectora interina Cecilia Anaya Berríos reconoció oficialmente que la solución al conflicto que se vive en la Universidad de las Américas Puebla (Udlap) implica la defensa y reconocimiento jurídicos de los integrantes de la familia Jenkins de Landa como los patronos ‘legítimos’ de la Fundación Mary Street Jenkins (FMSJ) y Fundación Udlap (Fudlap).
“La revelación de la funcionaria quedó asentada en el escrito de comparecencia que presentó el pasado 11 de febrero ante el Juzgado Segundo de lo Civil y echa por la borda el discurso utilizado por la propia Anaya Berríos, los voceros del clan y la ultraderecha poblana de que el pleito al interior de la familia Jenkins de Landa, por el desfalco de casi 730 millones de dólares (mdp) de la FMSJ, es independiente al conflicto que se vive en la casa de estudios cholulteca”.
En esa misma entrega publicada el 14 de febrero, Nacho Juárez asienta que Cecilia Anaya se acogió a una suspensión definitiva que otorgó el Juzgado Tercero de Distrito en Material de Amparo Civil del estado de Puebla para que Margarita Jenkins de Landa siguiera como presidenta del patronato de la Fundación Udlap y el campus debía entregarse a su representante jurídico Félix Edmundo Bautista.
Y agregó dos puntos torales: que los abogados de la familia Jenkins combatían en tribunales la personalidad jurídica de los representantes legales designados por el nuevo patronato y que Juan Carlos Jenkins de Landa seguía siendo el presidente del patronato de la Fundación Jenkins porque contaba con una suspensión provisional que le otorgó un juzgado federal de Jalisco.
En otras palabras: No aceptaría el campus porque los Jenkins son los patronos legítimos de ambas fundaciones.
(Nota: no se debe olvidar que, de acuerdo con los estatutos de la Fundación Udlap, los integrantes del patronato son los mismos que conforman el de la Fundación Jenkins, de ahí que el conflicto es el mismo).
Los días pasaron y los Jenkins sufrieron un nuevo descalabro, luego de que 16 de febrero el Juzgado Tercero de Distrito decidió sobreseer el amparo 1029/2021 del que se encontraba aferrada Cecilia Anaya y que había puesto como dique para acatar el ordenamiento del Juzgado Segundo de lo Civil del estado de Puebla.
La medida fue un golpe mortal para la rectora y los Jenkins debido a que dejó sin efecto la suspensión definitiva otorgada y regresaba todo a la misma condición en que se encontraba antes del 29 de junio de 2021 cuando la Udlap fue intervenida: el nuevo patronato designado era el responsable de la administración y posesión del inmueble, así como de las cuentas bancarias de la institución.
Ante esa medida, Cecilia Anaya no tuvo otra opción que presentarse este lunes ante el Juzgado Segundo de lo Civil para anunciar que siempre sí decidía recibir el campus.
Lo que no dijo es que si no lo hacía incurriría en un desacato y se procedería legalmente en su contra.
¿Esto soluciona el conflicto?
Sienta las bases para que, de una vez por todas, la comunidad universitaria de la Udlap deje de ser rehén de la familia Jenkins y la doctora Anaya.
Con la reanudación de las actividades, entonces, queda profundizar en lo más importante: el delirante desfalco de casi 730 millones de dólares a la Fundación Jenkins que en sí misma es una historia digna de un guión de Francis Ford Coppola, Brian de Palma o Martin Scorsese.
