La verdad es un estorbo cuando uno quiere convencer a los lectores de algo que no encaja.
La salida ante esto es la recurrencia a las medias verdades.
O mentiras completas.
Parafraseando al poeta argentino Jorge Boccanera:
No es que el periodismo mienta / es que los mentirosos quieren hacer periodismo.
El polémico caso del terreno de 12 mil 855 metros cuadrados —ubicado en la colonia Mártires de Trabajo, en donde el Congreso del Estado de Puebla tendrá su nueva sede— es revelador en varios sentidos.
Los dueños del mismo vendieron el metro cuadrado en 7 mil 269 pesos cuando debieron hacerlo en 14 mil 588 pesos.
Por esta operación perdieron algo así como 86 millones de pesos.
¿Dónde está el lucro?
La razón es sencilla:
El entonces gobernador Miguel Barbosa Huerta fue quien fijó el pago del metro cuadrado.
Si se hubiese tomado la opinión del Banco Estatal de Tierra otra cosa habría ocurrido.
Hace unos días, Ernesto Vargas Melchor, titular del organismo, reveló que el metro cuadrado fue pagado a la mitad de su valor comercial.
Eso significa que fue adquirido a un costo verdaderamente bajo.
Y si tomamos en cuenta que era el único terreno libre en la Zona de Monumentos, más todavía.
Vea el hipócrita lector:
Ahí donde se construirá el Congreso de los diputados corre la calzada Ignacio Zaragoza, y a un costado se halla la zona de Los Fuertes.
Y más: está a unos metros de Casa Puebla.
Mejor ubicado, imposible.
¿Dónde quedaron el tráfico de influencias, el uso de información privilegiada y el conflicto de interés?
Quienes han llevado el caso en la prensa admiten que no hubo corrupción en esta trama.
Faltaba menos.
Ni corrupción ni tráfico de influencias, ni conflicto de interés ni uso de información privilegiada.
Si los dueños del terreno hubieran tenido acceso a esta última no habrían vendido a la mitad del valor comercial.
Para que haya tráfico de influencias o conflicto de interés tendría que haber, en consecuencia, una brutal ganancia.
En esta trama lo que hay es una notable pérdida económica.
Y eso no encuadra en una operación corrupta.
Jura la prensa interesada que los dueños del terreno presionaron a la autoridad municipal para que ésta les otorgara —a través de la Dirección de Desarrollo Urbano de la Secretaría de Gestión y Desarrollo Urbano del Ayuntamiento de Puebla— la factibilidad de uso de suelo.
Nueva mentira.
Esto se logró debido a que la Segunda Sala Unitaria del Tribunal de Justicia Administrativa falló a favor de Inmobiliaria 2015 SA de CV, como se llama la empresa que malvendió el terreno.
Quienes alientan esta trama queriendo encontrar sótanos y pasajes oscuros deberían responder las dudas planteadas en las líneas anteriores.
Una en particular:
¿Dónde quedó el lucro?
Nota Bene: quien ganó en esta operación no fue la empresa sino el gobierno del estado.
Y es que el ahorro que tuvo fue brutal.
Cuentan que don Miguel Barbosa estuvo siempre muy interesado en que en ese terreno se levantara el nuevo Congreso.
Y vaya que negoció muy bien.
Logró que algo que costaba más de 170 millones de pesos se adquiriera a la mitad.
Una Consulta Histórica. La propuesta de revisión, actualización y armonización a la ley de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla es un hecho histórico.
La rectora Lilia Cedillo Ramírez recordó hace unos días, durante la aprobación de la consulta sobre el tema en el Consejo Universitario, que esta propuesta emana de la necesidad de armonizar la ley, dadas las últimas modificaciones constitucionales en materia de educación.
Calificó de trascendentes estos cambios, pues incluyen derechos humanos, así como el compromiso de preservar el medio ambiente.
“Recordemos que en nuestras manos está una gran responsabilidad. Tomemos en cuenta que la mayoría de las universidades no han tenido oportunidad de incidir en sus iniciativas de ley, aprovechemos esta coyuntura para presentar una propuesta que sea respetada por el gobierno estatal y por el Legislativo”, dijo.
Con esto, la BUAP busca atender las reformas al artículo 3° Constitucional, a la Ley General de Educación (2019) y a la expedición de la Ley General de Educación Superior (LGES) en 2021, en la que se reconoce al sistema de educación superior en un nuevo marco normativo que incluye el desarrollo sostenible, presente en los contenidos de las universidades.
Esta ley universitaria incorpora la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, y el combate a todo tipo y forma de discriminación y violencia, especialmente contra las niñas, mujeres y personas con discapacidad o en situación de vulnerabilidad social.
También la constitución de espacios universitarios libres de violencia; el respeto, cuidado y preservación del medioambiente y la biodiversidad; valores como la igualdad, justicia, solidaridad y la cultura de la legalidad.
De igual forma, se incluyen la igualdad de oportunidades para que las personas tengan acceso a la educación superior sin discriminación y la intervención multidisciplinaria en la detección y erradicación de la violencia contra las mujeres; la formación en habilidades digitales y el uso responsable de las tecnologías de la información, comunicación, crecimiento y aprendizaje digital en las modalidades escolarizada y alternativas; la conservación, enriquecimiento y difusión de los bienes y valores de las diferentes culturas; y finalmente, la buena gestión de los recursos públicos, a través de procedimientos que permitan la transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción.
La actualización también plantea la homologación en el mecanismo de designación del representante de la Defensoría de los Derechos Universitarios, a propuesta en terna de quién está al frente de la Rectoría, de la misma manera que se realiza con la designación de la o el Tesorero/a, Contralor/a y Abogado/a, Generales.
Asimismo, para evitar actos discriminatorios por motivos de edad, se elimina la edad máxima como requisito para ocupar el cargo de la Rectoría.
