Durante un año 9 meses permaneció en el Cereso de San Miguel por los supuestos delitos de extorsión y contra la salud.
No obstante, Marian Martínez Ruiz, de 25 años de edad, fue absuelta por la jueza del Tribunal de Enjuiciamiento, Adriana de Lourdes Martínez Jiménez, el 20 de diciembre de 2024.
¿La razón?
Que en la audiencia de debate no quedaron demostrados los hechos que la ley señala como delitos en agravio de Antonio Hernández Pacheco, secretario de Seguridad Pública del ayuntamiento de Atlixco, cuya alcaldesa, Ariadna Ayala, se negó a aceptar el planteamiento del gobernador Alejandro Armenta Mier en el sentido de que al frente de ese organismo estuviese un alto mando de la Marina Armada de México.
Desde el origen, el caso estuvo plagado de inconsistencias, pues Hernández Pacheco —quien jamás compareció físicamente a lo largo del proceso penal por supuestos problemas de salud— cambió su testimonio y confundió tanto las fechas de una supuesta amenaza de extorsión como el sentido de la advertencia.
Al decir del Ministerio Público, el 10 de enero de 2022, a las 9:55 horas, Marian llegó como copiloto a bordo de una Suburban negra, con placas de circulación 371YCG (del Distrito Federal), a las instalaciones que ocupa la comisaría de Seguridad Pública del municipio de Atlixco, misma que se ubica en avenida Justo Sierra 1905, colonia La Carolina.
Tras estacionarse el chofer de la Suburban —César Fernández— a un lado de la puerta 2 —lugar exclusivo para vehículos oficiales—, elementos del equipo táctico “Cobra” —de la Secretaría de Seguridad Pública— los conminaron a que se movieran.
Lejos de hacer eso —siempre según los delirantes testimonios de los subordinados de Hernández Pacheco—, la acusada supuestamente les gritó desde sus entonces 22 años de edad: “¡Ustedes no saben quién soy! ¡Háblenle al pinche secretario de Seguridad Pública! ¡Él ya sabe a qué venimos!”.
Ante ese gesto feroz, los elementos del grupo táctico llamaron a la calma y pidieron que Marian y el chofer bajaran de la Suburban.
Al hacerlo, el secretario de Seguridad Pública —cuyos índices de combate a la delincuencia son penosos— los reconoció, pues en dos ocasiones anteriores habían acudido a su oficina y se habían ostentado como “integrantes del Cartel de Jalisco y de los Beltrán Leyva”.
La “víctima” —es decir, Hernández Pacheco—, dijo que ambos personajes lo habían extorsionado tras advertirle que los dejara trabajar la plaza de Atlixco o se atuviera a “grandes consecuencias”.
Esto, juran Hernández Pacheco y los cinco uniformados que declararon, ocurrió el 15 de diciembre de 2021.
En esa ocasión, los acusados también habían pedido hablar con la “víctima” y refirieron pertenecer a un “grupo ligado a la delincuencia organizada”.
Según su testimonio, Marian le ordenó —siempre desde sus torvos 22 años de edad— que tomara la llamada de su supuesto jefe.
El secretario de Seguridad Pública se negó, por lo que los acusados le hicieron llegar un mensaje esquizofrénico a través del secretario de Gobernación de Atlixco: “Sabemos que ha venido gente de otras plazas. Queremos aclarar que la manta colocada no es nuestra. Nosotros queremos apoyar y limpiar la imagen del municipio. Venimos a tomar la plaza del municipio. No queremos dañar la imagen de la presidenta. Queremos ayudarle a que sus tres años la lleven bien”.
Es decir: forman parte de un inverosímil Cartel Jalisco Nueva Generación y de los Beltrán Leyva, y aunque buscan hacer negocios ligados al narcotráfico sólo quieren el bien del municipio, mismo al que pretenden limpiarle la imagen.
Mayor esquizofrenia ya no es posible.
Pero hay más.
El 20 de diciembre, cinco días después —y siempre en función la carpeta de investigación—, Marian regresó a bordo de la Suburban negra, ingresó a las instalaciones de Seguridad Pública, enfrentó a la víctima, pero ahora cambió su discurso, pues dijo pertenecer al “Cartel de Sinaloa”, mejor conocido como “los Chapos”.
¿Dónde quedaron el Cartel Jalisco y los Beltrán Leyva?
Es un enigma.
Hernández Pacheco refirió que Marian nuevamente le exigió que tomara una llamada telefónica de su jefe, quien le manifestó a la “víctima” lo siguiente “Me comunico con usted para ofrecer mi servicio, y que de este modo se mantenga tranquilo el municipio. Soy parte del Cartel de los Beltrán Leyva, quien ha trabajado 16 años en el municipio con respaldo de las autoridades municipales de administraciones anteriores. De la misma manera le ofrezco información de los responsables de los secuestros que se han cometido en el municipio, así como de los puntos de venta de droga y de aquellos que se involucran en la distribución de la misma”.
La respuesta del secretario de Seguridad Pública fue contundente: “La plaza (el municipio de Atlixco) no se vende. No hay forma de trabajar. Si esto ya está arreglado con los de arriba, pues que me den indicaciones para que los deje trabajar. Mientras tanto no tengo ningún arreglo ni con usted ni con nadie. Si yo me los topo o mi gente —es decir: mis elementos policiacos— se los topan, y en la revisión, u otra situación de enfrentamiento, será tope hasta donde tope”.
(Para entonces, los acusados —en la versión de Hernández Pacheco— ya habían metido en un mismo costal al Cartel Jalisco, a los Chapitos y a los ya inexistentes Beltrán Leyva).
Los días pasaron.
El referido 10 de enero, Marian —a bordo de la multicitada Suburban negra— regresó una vez más, aunque con más agallas: “¡A ti te venimos a buscar, pinche secretario! ¡Nada más te andas escondiendo, pinche miedoso! ¡Sólo te venimos a decir que la plaza de Atlixco ya es nuestra y nos vamos a financiar, ¡Y si te opones, o no le entras, a ti y a tu gente los vamos a levantar y van a valer madres!”.
Los Cobras ahora sí ya no se aguantaron y les ordenaron que se bajaran de la camioneta.
Marian, siempre desde sus temibles 22 años de edad, los amenazó: “¡Que no escucharon somos de los Jalisco y Atlixco ya es nuestro!”.
En el éxtasis del delirio, los elementos del Grupo Cobra empezaron a revisar la Suburban y supuestamente encontraron dos armas y 20 gramos de mariguana. Gramos, no kilos.
Tras ser detenidos, Marian sufrió golpes y vejaciones: toquetearon sus partes íntimas.
Casi tres años después, la jueza del Tribunal de Enjuiciamiento, Adriana de Lourdes Martínez Jiménez, detectó las aberraciones que integraban la carpeta de investigación y optó por absolver a Marian, quien pasó injustamente casi dos años en prisión.
(El chofer de la Suburban también ha sido exonerado).
Ufff.
Otros puntos destacan en esta trama:
Hernández Pacheco, la “víctima”, nunca acudió a las audiencias debido a que, según un justificante médico firmado por la doctora Blanca Aurora Téllez Osorio el 28 de noviembre de 2024, padecía “neumonía bacteriana”.
(Téllez Osorio, quien trabaja en el Hospital General de Atlixco, le concedió diez días de “incapacidad laboral”).
Ese mismo día, sin embargo, participó junto con la alcaldesa Ariadna Ayala en un acto público.
Hay que decir que un día después de la detención de Marian —11 de enero de 2022—, Nancy Hernández Chavero, perito en materia de psicología adscrita al Instituto de Ciencias Forenses de la Fiscalía General del Estado, informó a sus superiores que el secretario de Seguridad Pública refirió, durante el examen psicológico que le fue aplicado, lo siguiente:
Área conductual: “No he comido bien, no pude dormir bien”.
Área afectiva: “Ahorita me siento más tranquilo, pero me sentía con mucho temor y preocupación”.
Área interpersonal: “Me apoya la Presidencia Municipal y las autoridades”.
Área cognitiva: “Pienso que como están las cosas, es lógico que esto se esté viviendo”.
La psicóloga detectó en la “víctima” una “actitud miedosa y nerviosa”, así como ansiedad, tensión y aislamiento.
Todo esto provocado por una chica que acababa de cumplir 22 años y a la que le exigió, a través de la Fiscalía, el pago de 518 mil 782 pesos en aras de reparar el supuesto daño psicológico generado.
No obstante, dicha ‘víctima” jamás acudió a las audiencias de ley y dejó todo en manos de sus subordinados —policías municipales de Atlixco—, quienes dieron versiones encontradas y contradictorias de los hechos denunciados.
Ellos son: Rodrigo Aguilar Moctezuma, Silvia Rosa Hernández Núñez, Andrés Cadena Lozano, Francisco Matías Fernández y Daniel Urrutia Romero.
Dos de éstos, por cierto, han dejado de trabajar con Hernández Pacheco.
Uno maneja un auto tipo Úber y el otro tiene un cargo en el Congreso del Estado.
Marian Martínez prepara denuncias en contra de los implicados, empezando por el secretario de Seguridad Pública de Atlixco.
Veintiún meses de prisión injusta no son para menos.
¿Quiénes le van a reponer los sueños rotos, la mala fama pública y los injustos señalamientos en la prensa poblana?







