¿Qué película estamos viendo en este affaire relacionado con la concesión a diez años de la publicidad en los paraderos que pretende otorgar discrecionalmente el Empleado del Mes y a la vez alcalde (Eduardo Rivera Pérez)?
Una película que ya vimos en el pasado reciente: la de los controles políticos que se logran a través del otorgamiento de una concesión.
¿Quién asesora a Rivera Pérez?, se preguntan algunos.
Nadie.
Al alcalde simplemente le ordenan.
¿Quiénes?
Los santos varones del Yunque.
Algunos dicen que, particularmente, Francisco Emmelhainz.
Rivera y Pérez —como quisiera llamarse— ha superado en unos cuantos meses los errores brutales de la anterior administración municipal.
“¿No que éramos distintos?”, preguntó este martes por la mañana el gobernador Miguel Barbosa Huerta al referirse al tema.
Y hubo más.
Dijo una frase perturbadora que ya puso nervioso a nuestro personaje:
“¿Necesitan ser perseguidos para portarse bien?”.
Quienes administran la zona del lenguaje del alcalde —las áreas de broca, de Wernicke y de asociación límbica— están acostumbrados a ordenar sin aceptar réplicas.
Para eso son sus jefes, faltaba más.
Para eso él es el obediente Empleado del Mes.
Lo que los santos varones no contemplan es que están metiendo en problemas al soldado Pérez nada menos que con el gobernador.
La reflexión de este martes fue de antología en Casa Aguayo.
Y es que el gobernador desentrañó las intenciones rupestres defendidas por el alcalde y dijo que lo que había atrás eran algunas vulgares pretensiones por tener el manejo, a través de la publicidad en los paraderos, de los controles políticos.
“¡Que no me digan otra cosa! (…) Que no me quieran ver la cara!”, dijo sin matices.
Y para cerrar el ostión recordó que por encima de la Ley Orgánica Municipal y del ridículo Código Fiscal (así como del fantasmal “Comité Técnico”) está la Constitución del estado de Puebla.
Y si alguien pretende realizar actos ilegales, dijo, para eso están las controversias constitucionales.
El Empleado del Mes está preocupado.
Y tiene razón en estarlo.
Las misiles balísticos lanzados desde Casa Aguayo ya mancharon su babero blanco.
(Si persisten las molestias, consulte a su médico).
Nota bene 1: Tres veces dijo el gobernador que lo que pretende hacer el alcalde es un “abuso”.
¡Abuso, abuso, abuso!
Nota bene 2: Algunos santos varones no controlan sus esfínteres pero sí controlan a Lalo.
El Ahijado Abusivo de Góngora Pimentel. Alfredo Aragón Jiménez Castro es magistrado del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito.
Es un padre de familia ejemplar.
Es ahijado de bautizo del exministro Genaro Góngora Pimentel.
Su pecado es uno:
Igual que su padrino, tiró por la borda su carrera judicial cuando inició el procedimiento para desconocer a una hija que tuvo con una abogada a partir de una relación “de manera consensuada y dentro del marco del derecho al libre desarrollo de la personalidad (¡SIC!) de cada uno”.
El caso del padrino Góngora fue similar.
Dejo al hipócrita lector con un fragmento del reportaje de Paula Chouza publicado en el diario español El País en junio de 2013:
“El exministro (Góngora Pimentel) ha sufrido la condena de buena parte de la sociedad al revelarse como un padre capaz de usar su red de influencias para meter en la cárcel a la madre de dos de sus hijos, regatearles dinero alegando que no lo necesitarán porque tienen autismo y, cuando se supo evidenciado, declarar ante la prensa que se desistiría de su intento punitivo contra su expareja, hasta que unas horas después dejó sentir de nuevo su inquina contra ella en los tribunales de los que alguna vez fue la máxima autoridad”.
De tal padrino, tal ahijado.
La historia es brutal y la dividiré en dos partes.
Todo iba muy bien en la relación con la abogada hasta que la esposa de éste descubrió la infidelidad, montó en cólera y le ordenó que terminara con la relación “esporádica (…) no fundada en la afectividad, solidaridad, ni ayuda mutua”.
(La ridícula definición de la relación tiene un autor: el propio ahijado de Góngora Pimentel).
Así, pues, antes de ser descubierto por su esposa, el magistrado Aragón reconoció legalmente a la niña, le dio su apellido, iba a las fiestas familiares de su pareja informal, se tomaba fotos con los parientes de ella, bailaba chachachá en las bodas y otras lindezas.
Pero cuando su esposa lo descubrió, dejó de ver a su hija y a su mamá (la abogada), dejó de dar dinero, y —oh, Ripley— acudió a hacerse unos análisis clínicos en Exacta Laboratorios que revelaron que estaba impedido de ser padre (en ese momento).
Moraleja: dijo que la niña no era su hija e inició un procedimiento legal para quitarle el apellido.
Es decir: un Juicio Especial de contradicción de Paternidad.
No se pierda el hipócrita lector la segunda parte de esta historia.
Es una trama vomitiva como la del padrino Góngora Pimentel.
Y todo está en actas.
