Hunter Biden, hijo del expresidente Joe Biden, fue condenado por evasión fiscal (más de 1,4 millones de dólares) y posesión ilegal de arma.

También lo acusaron de influir en negocios en el extranjero (Burisma, en Ucrania, y CEFC, en China) usando la posición de su padre como vicepresidente.

Pocos días antes de que dejara la presidencia, en 2024, Biden indultó a su hijo.

Faltaba menos.

Neil Bush, hijo de George W. Bush, participó en el escándalo de quiebra de un banco en los años 80.

Las irregularidades del caso fueron notables.

Los hijastros de Vicente Fox (los hermanos Bibriesca) hicieron toda clase de negocios oscuros en ese sexenio.

Uno de los más escandaloso tuvo que ver con supuestos favores a Oceanografía, en Pemex.

Máximo Kirchner, hijo de Néstor Kirchner y Cristina Fernández (hoy, en prisión domiciliaria), estuvo involucrado en el juicio por la ‘causa Vialidad’, en la que se detectaron irregularidades en 51 obras públicas.

La fiscalía argentina presentó chats y mensajes que demostraron su intervención directa en los negocios y la dirección de las obras, aunque no ocupaba cargo público en ese momento.

Nicolás Petro Burgos (hijo mayor del presidente Gustavo Petro) fue imputado por seis delitos (peculado, tráfico de influencias, interés indebido en contratos, entre otros) por la presunta apropiación de fondos y direccionamiento de contratos en la Gobernación del Atlántico (vía Fundación Fucoso).

La Fiscalía pidió cárcel en diciembre 2025. T

También enfrenta otro proceso por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.

Estos ejemplos obedecen a un patrón recurrente en la historia política: hijos (o hijastros) de presidentes que se ven envueltos en acusaciones de tráfico de influencias, lavado de dinero, contratos irregulares o enriquecimiento ilícito, aprovechando (presuntamente) la posición de sus padres.

Y no nos metamos en las cañerías de las presidencias municipales del país porque nos vamos a topar con ríos de mierda.

Los hijos o las hijas (o los amantes) de algunos alcaldes o exalcaldesas son verdaderos depredadores del dinero público.

Por eso, las presidencias municipales son tan peleadas.

Y es que en tres años, solamente, hay parias que se vuelven millonarios.

En España se está efectuando un juicio singular, relacionado con la compra irregular de mascarillas y material sanitario durante la pandemia de COVID-19 (2020), con presuntas comisiones ilegales por decenas de millones de euros en contratos adjudicados (a dedo) por el Ministerio de Transportes y otras administraciones como Sanidad, Interior, Baleares y Canarias.

Esta trama tiene un nombre: Caso Koldo.

El protagonista central es José Luis Ábalos, quien en su momento fue el número 2 del gobierno de Pedro Sánchez tanto en el PSOE como en la administración pública.

Ábalos era una especie de virrey con acceso directo a Sánchez.

Y desde el Ministerio de Transportes tenía un poder brutal doblado de jugosos negocios y prebendas de ensueño, como, por ejemplo, la posibilidad de meter en la nómina a su hermosa amante llamada Jessica.

Entre los muchos errores, Ábalos cometió el peor: involucró a su hijo mayor en los negocios ilegales.

Y lo puso a lavar dinero.

Vi la comparecencia de Ábalos hijo ante el Supremo, y lo vi sufrir ante la mirada aterrada de su padre, quien desde hace meses se encuentra en prisión.

Y hubo un momento en que sentí pena por la situación que atraviesa el hijo, quien confesó ante letrados y magistrados que padece insomnio, y que ese día (el de su comparecencia) perdió el sueño a las tres de la mañana.

La duda mata:

¿Quiénes son los culpables en estas tramas: los ambiciosos padres o los ambiciosos hijos?

Ufff.