En Tehuacán crece una preocupación que ya no se puede ocultar: la amenaza directa contra la estabilidad económica del municipio y contra miles de familias que dependen del Consorcio Socorro Romero.

No se trata solo de un conflicto legal entre particulares.

Se trata de un intento de someter a una empresa histórica mediante intrigas, amenazas y terror laboral.

Incluso, desde la cárcel.

Trabajadores del consorcio han comenzado a denunciar presiones, advertencias veladas y mensajes de miedo promovidos por el entorno jurídico de Miguel Ángel Celis, “El Animal”, hoy imputado y detenido.

En los próximos días —según se ha anunciado— saldrán a la luz audios que evidenciarán el clima de intimidación que viven quienes ahí laboran.

No es defensa legal.

Es terrorismo económico.

Lo que se pretende es arrastrar a los empleados a una batalla judicial que no les corresponde: el conflicto entre los herederos legítimos de don Alfonso Celis Romero y quien, movido por ambición y necesidad de control, ha intentado apropiarse de un imperio que no construyó.

Porque no puede olvidarse el origen de esta empresa.

El Consorcio Socorro Romero no nació del abuso ni del chantaje.

Nació del trabajo de una mujer extraordinaria: doña Socorro Romero, quien con años de esfuerzo, disciplina y visión levantó una de las empresas más importantes de México, orgullo de Tehuacán y motor económico regional.

Su legado no es solo empresarial.

Es social.

Hablamos de una compañía que representa decenas de millones de dólares para el PIB local, que da sustento directo a más de quince mil familias, y que genera una derrama económica que impacta transporte, comercio, servicios y estabilidad social.

Destruir eso por ambición personal no es un pleito privado.

Es una agresión contra Tehuacán.

Hoy, mientras Alfonso Celis Romero intenta recomponer la empresa, dar certidumbre a los trabajadores y sostener el legado familiar, desde la otra orilla se impulsa el caos, la desinformación, las amenazas y la presión social.

La pregunta es inevitable:

¿Cómo es posible que una persona privada de la libertad tenga todavía capacidad para sembrar miedo, mover influencias y operar redes de intimidación?

Ése es el verdadero escándalo.

No solo está preso por sus actos: es peligroso por sus influencias.

El riesgo no es jurídico.

Es institucional.

Porque cuando un imputado logra convertir su proceso penal en una guerra económica y social, el daño se multiplica: trabajadores usados como escudos, empresas paralizadas y una ciudad entera puesta en vilo.

Esto ya no es una disputa familiar.

Es un atentado contra un legado.

Un legado construido por Socorro Romero con sudor y años de trabajo, no con amenazas ni con audios tramposos.

Tehuacán no puede permitir que el miedo sustituya al derecho.

Tampoco, que una empresa símbolo sea secuestrada por la ambición.

Los empleados no son carne de cañón.

La ciudad no es rehén.

La justicia no es negociable.

Si los audios confirman lo que hoy se teme, estaremos frente a algo mucho más grave que un pleito legal: un intento deliberado de desestabilizar la economía local desde la sombra de una celda.

Y eso exige una respuesta clara del Estado.

Porque cuando el legado de una mujer que dio trabajo a miles se pone en riesgo por la perversidad de unos cuantos, el silencio también se vuelve cómplice.