Hace días rindió su segundo informe de actividades la rectora de la máxima casa de estudios, doctora Lilia Cedillo Ramírez, en un contexto interesante tanto en el país como en el estado.
Primero, porque los diputados federales discuten las asignaciones de lo que será el Presupuesto de Egresos 2024. Ahí van programados los subsidios correspondientes a las universidades estatales; segundo, porque el gobierno local puso en marcha, junto con las autoridades universitarias, los trabajos de lo que será Ciudad Universitaria II.
Cabe decir que los informes sobre el quehacer de las universidades públicas son una obligación y necesarios ante la sociedad, porque a ella se deben y ayudan a transparentar las actividades que llevan a cabo cotidianamente.
Ahora bien, las Instituciones de Educación Superior (IES) son un bien público y una de sus principales funciones es educar y formar a los jóvenes de manera integral, para que aporten propuestas y alternativas a las necesidades sociales y los problemas nacionales.
En las mediciones nacionales y en la percepción de la gente, las universidades –junto con las fuerzas armadas, entre otras instituciones– mantienen buenos índices de confianza entre los ciudadanos. Sobre todo, porque las casas de estudio se convierten en su segundo hogar para los miles y miles de jóvenes mexicanos que acuden a las aulas.
En ellas, conviven y pasan el mayor tiempo con sus compañeros, construyendo su propio tejido social y sus propios espacios.
Ahora bien, la administración de Cedillo Ramírez lleva dos años al frente de una generosa (IES), haciendo un trabajo de abajo hacia arriba, una tarea nada fácil, puesto que gobernar para más de 100 mil estudiantes de nuevo ingreso y reingreso requiere no sólo de capacidad académica, sino también de fortalezas humanas y valores para escuchar, dialogar y ofrecer soluciones a una amplia comunidad universitaria.
Según su anuario estadístico 2022–2023, cuentan con 94 programas educativos; 31 de ellos con acreditación CIIES y 53 con acreditación COPAES. Tienen cinco Complejos Regionales, ocho preparatorias, un bachillerato, una escuela, 24 facultades y cinco institutos.
Su planta académica la componen 762 profesores en educación media superior y cuatro mil 312 docentes en licenciatura, sin dejar de mencionar a los trabajadores administrativos que también forman parte de todas sus actividades sustanciales.
Dirigir una casa de estudios no sólo se trata de administrarla en estos tiempos complejos, los rectores requieren de equipos de trabajo, de capacidades y grandes esfuerzos. Además, conlleva mantener una relación de trabajo universidad–gobierno, que les permita contar con los recursos necesarios para hacer frente a las demandas de su comunidad.
La actual rectora de esta universidad hace lo mejor de ella y es lo correcto. Más aun ante los retos de un mundo global y virtual, en donde el uso de las tecnologías avanza por segundos, en donde las generaciones de jóvenes se ven involucradas en todas estas plataformas en su vida diaria, lo que implica generarles nuevas condiciones para su enseñanza-aprendizaje y, en consecuencia, atender sus nuevas propuestas.
A lo anterior debemos sumar los temas que hoy forman parte de ellos, como sus derechos sociales de igualdad y equidad de género, así como el respeto a su diversidad sexual, la tolerancia y sus espacios para la cultura y el ocio. Piden seguridad porque rechazan la violencia. Todos son temas que esta máxima casa de estudios no ha excluido de su propia agenda de gobierno.
Y, por último, toco de manera muy simple las reformas, fundamentales para cualquier universidad. Armonizar la Ley de la BUAP, que data de 1991, con la General de Educación Superior es un avance importante para su vida institucional, puesto que les da gobernabilidad democrática y legitimidad jurídica.
Consultarla con los universitarios antes del proceso legal y formal fue un ejercicio interno que les ayudó a fortalecerla, para dar paso al proceso con el Poder Ejecutivo y Legislativo; sólo así fue consensuada para su aprobación por mayoría de los grupos parlamentarios en el Congreso del estado.
Es decir, con sus reformas a la normatividad legal e interna, esta universidad camina en el sentido correcto y garantiza su propia autonomía en tiempos de la transformación.
Conclusión: La universidad pública sigue teniendo grandes retos ante la sociedad y sus comunidades universitarias. La gran demanda de jóvenes que desean ingresar a una institución de educación superior sigue siendo una exigencia social. La necesidad de más recursos públicos para garantizar la formación de los estudiantes es otra demanda muy sentida en las IES.
