Las demandas sobre los derechos para los pueblos indígenas y los temas sobre pobreza siempre han estado presentes en las agendas oficiales y seguirán siendo bandera de todos los partidos y actores políticos. Son viejas e históricas exigencias sociales en este país de grandes desigualdades y olvido hacia estos grupos marginados y excluidos.
En décadas pasadas se dieron luchas muy ortodoxas en defensa de las comunidades indígenas, como lo fue el levantamiento armado en enero de 1994, registrado en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, con la aparición del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), quienes tomaron las armas y lanzaron su primer llamamiento nacional, exigiendo el respeto a los derechos y cultura de sus comunidades, así como la de todos los pueblos indios.
Sin dejar de mencionar al mítico e histórico subcomandante Marcos, quien se convirtió en el vocero y negociador en aquellos diálogos de San Andrés Larrainzar y de los acuerdos de paz firmados en la Catedral de San Cristóbal, teniendo como testigo al aún Obispo Samuel Ruiz. Se puede decir que a partir de esos momentos, el régimen político empieza a ver y legislar sobre las propuestas de los indígenas.
Sin embargo, muchas de sus demandas y necesidades siguen aún presentes en el país, aquello de la deuda histórica con ellos no ha concluido. Tan es así que sus comunidades siguen viviendo en la marginación y el olvido.
Sexenio tras sexenio se sigue hablando del indigenismo, su pluriculturalidad y sus derechos. Indólogos van e indólogos vienen, pero la situación social y económica no cambia y tampoco han logrado salir de su actual condición social.
Bueno, también hay que señalar que las políticas asistencialistas medio han funcionado y de manera gradual los han tomado en cuenta. Sin embargo, su situación de pobreza y marginación sigue presente y aunque todos los días se hable de estos temas, todavía no han saldado esa deuda con este sector de la población.
Ahora bien, para darnos cuenta de su existencia, de los 2,469 municipios que existen el país, sólo 465 están caracterizados como indígenas, un 20 por ciento del total, y se encuentran en: Oaxaca, con 231 municipios (de un total de 570); Yucatán, 68 (de 106); Puebla, 44 (de 217); Chiapas, 36 (de 118); Veracruz, 35 (de 212); Guerrero, 18 (de 81); Hidalgo, 12 (de 84); San Luis Potosí, 11 (de 58).
Por ejemplo, en Puebla están por aprobar una iniciativa de reforma sobre la ley de Derechos, Cultura y Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígena del Estado, después de todo un proceso de consultas y foros que han hecho los legisladores.
Desconozco el alcance que podrán tener estas reformas y si ayudarán a estas comunidades a salir de su situación de olvido social o si serán una garantía legal para la defensa de sus tradiciones culturales y sus derechos políticos.
Por otra parte, y de acuerdo con datos de CONEVAL (2022), de los 6,583,278 habitantes en el estado, existe una población en situación de pobreza de 3,626.9; en pobreza extrema hay 765 mil y con una población vulnerable por carencias sociales de 1,684.6.
Los indígenas siguen teniendo un alto déficit sobre el acceso a la seguridad social, lo mismo que a la alimentación y a los servicios públicos, entre otros.
Sus poblaciones en situación de pobreza extrema se ubican en sierra nororiental y sierra negra. En Puebla hay 615,622 personas mayores de tres años que hablan una lengua indígena.
La mayoría de las regiones indígenas viven del autoconsumo de sus cosechas de maíz, otras se dedican a la producción del café y pimienta, pocos son los pueblos que implementan otras alternativas económicas como el turismo ecológico.
Es más, solo unos cinco municipios son gobernados por autoridades indígenas que refrendan sus usos y costumbres. De los demás ayuntamientos en donde están presentes, no tienen o cuentan con un bando de policía y buen gobierno que les puedan garantizar sus derechos sociales, culturales y políticos.
La mayoría de su población joven o en edad productiva emigra a las ciudades cercanas de Puebla, Veracruz y la Ciudad de México en busca de trabajo para poder mejorar su situación económica y la de sus familias.
En conclusión, los náhuatl, tutunakos, mazatecos, tepehuas, hña- hñu, tepehuas y popolocas, requieren, cuanto antes, salir de la situación en la que viven. Se necesitan políticas públicas que posibiliten que vayan abandonando su estado de precariedad y avancen a una mejor situación social.
Que dicha iniciativa para reformar, adicionar y derogar diversas disposiciones de la Ley de Derechos, Cultura y Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de Puebla no sea una más y en la práctica sirva de algo. Porque lo otro, eso de vestir ropa de los pueblos indios o creerse indólogo, es muy simpático, lo real es que siguen ahí con su pobreza y olvido.
