Un tema recurrente en la mayoría de las escuelas del nivel básico, por lo menos de las que se encuentran ubicadas en esta ciudad, tiene que ver con el manejo de las cooperaciones que se entregan a los diferentes comités de madres y padres de familia, que son elegidos en sus unidades escolares.
Una situación crítica que nunca han podido resolver las autoridades de educación pública en el estado.
Es decir, en cada ciclo escolar, las diferentes instituciones de educación básica deben contar con estas organizaciones. Mismas que están plasmadas en la propia Ley General de Educación (LGE) y en los reglamentos de la SEP, estatal.
Según, Alejandro Águila Argüelles, de la Asociación Nacional de Padres de Familia, explicó que la figura de Asociación de Padres de Familia surgió el 2 de abril de 1980 por decreto del presidente José López Portillo, tiene su reglamento y se mantiene vigente. Sostiene que los Comités de Padres de Familia están dentro de la (LGE) para manejar los recursos económicos y que son figuras inamovibles, porque de esta manera aseguran que ingresen recursos a las escuelas y es por reglamento.
Bueno, el propio presidente, Andrés Manuel López Obrador, en uno de sus tantos anuncios que hace en sus conferencias, recurrió a estos comités de escuela: En Oaxaca, entrego los recursos de manera directa para que construyeran sus propias obras en sus diferentes escuelas. Con el argumento de terminar con la “corrupción” y eliminar intermediarios.
Ahora bien, en cada ciclo escolar, las y los integrantes de estos órganos sociales, son electos en asambleas de madres y padres de familia. Más delante, de acuerdo con los propios reglamentos, se encargan de ser un vínculo con la dirección escolar, para beneficio de sus espacios escolares.
Sin embargo, aquí es en donde comienzan, en muchas de las veces, los abusos y los problemas internos sobre el manejo del dinero, puesto que deben ser depositados en una cuenta bancaria con el aval de la dirección escolar. Entonces se forman pequeños grupos entre los padres y toman lo depositado, para después decir, que los ocuparon en reparaciones no hechas y otros pagos.
Según los datos que arroja el Comité Estatal de Información Estadística y Geográfica del estado de Puebla (CEIGEP), la capital poblana tiene una población de 1,692,181, en donde los niños y adolescentes, ascienden a 372,742.
Existen 2,152 escuelas tan solo en la ciudad, de ellas, 757 son preescolares, 664 son primarias y 353 secundarias.
Tomando en cuenta lo anterior y de manera muy simple, podemos decir que debe haber, por lo menos en las escuelas del sistema básico, más de 3,500 comités, integrados por seis o 10 miembros. Una buena cantidad de ciudadanos que, sin embargo, las autoridades educativas poca atención les prestan y dejan esta interlocución al arbitrio de directores y maestros.
Los problemas estallan cuando los padres se inconforman por el abuso de confianza de algunos de los integrantes. Y que, en muchas de las veces, se ven involucrados los directores, quiénes le dan largas a las protestas y solo cuando llegan los inspectores escolares actúan.
Un ejemplo de caso: En las instalaciones escolares del Fraccionamiento de la Carmelitas, ubicado al sur de la ciudad, dos integrantes del comité retiraron dinero de la cuenta con el aval del director, después publican en su grupo de WhatsApp, fotografías de celebración en un botanero. Hay protestas y pidieron al director su intervención, no soluciono nada, hasta que llego un supervisor y las dos mujeres fueron excluidas, pero no regresaron los recursos.
En otro caso, en un salón de primero de primaria mixto, dos escolares “agreden a una de sus compañeritas”. Las madres de los niños enfurecen y responsabilizan a la maestra, recurren al comité y al director. Nada se resuelve y este primer caso de “violencia infantil”, se presenta de manera muy preocupante y por primera vez.
Después, un grotesco señor, asiste a una reunión de padres y le suelta a la maestra: “que su pequeño hijo, no hará ninguna tarea sobre trabajos manuales y que no está en la escuela para eso”. Que la maestra puede hacer lo que quiera. En ambos casos, los padres aducen que sus hijos tienen derecho a la educación y que nadie les puede prohibir ese derecho.
Conclusión: Las autoridades de educación en el estado, tienen que prestar más atención con directores y supervisores en las escuelas del nivel básico. Existen graves problemas en el tejido social de las familias de muchos niños y hay síntomas de violencia escolar.
Ni se diga en la secundaria que también ahí funciona.
Los reglamentos sobre las asociaciones y comités de padres de familia deben ser reformados. Los sindicatos magisteriales solo tienen un interés en los aumentos salariales, pero no en el mejoramiento de la educación y sus escuelas.
