El feminicidio de dos maestras a manos de un alumno en una escuela en Michoacán, es una tragedia que sacude por su brutalidad, pero también por lo que revela. No se trata de un hecho individual, sino del síntoma de un entorno profundamente enfermo. Michoacán lleva años atrapado en una espiral de violencia donde las armas circulan con una facilidad alarmante, alimentadas por el crimen organizado y la débil presencia del Estado.

En ese contexto, no sorprende, aunque sí indigna, que un joven pueda acceder a un arma y convertirla en instrumento de muerte dentro de un aula. Pero hay otra capa, menos visible e igual de peligrosa. El deterioro emocional de una generación que crece entre la frustración, el aislamiento y discursos de odio amplificados en internet.

La llamada cultura “incel”, que promueve resentimiento hacia las mujeres y normaliza la violencia, como respuesta a la frustración personal, encuentra terreno fértil en jóvenes sin contención emocional ni perspectivas claras.

Cuando la violencia estructural se mezcla con el abandono psicológico, el resultado puede ser devastador. Y lo más preocupante es que no existe una estrategia clara para atender este fenómeno desde la raíz. No hay un control efectivo de armas, ni políticas de salud mental suficientes, ni educación socioemocional que contrarreste estos discursos.

En otro frente, el país afronta una erosión silenciosa pero igual de grave. La censura y represión contra periodistas. En México, ejercer el periodismo se ha convertido en una actividad de riesgo por la violencia del crimen organizado, pero también, por la hostilidad creciente desde el poder político.

Las críticas son descalificadas y las investigaciones incómodas desacreditadas desde tribunas oficiales; bajo el argumento de “combatir la desinformación” evitar la violencia o las “noticias falsas”, se construye una narrativa que justifica la deslegitimación del periodismo crítico y, limita los derechos humanos a la libertad de expresión y la información.

Cuando el poder político señala, estigmatiza o presiona a un periodista, envía un mensaje claro: no hace falta una censura explícita cuando el clima de hostilidad genera autocensura. Así, la libre expresión se vuelve frágil y, la sociedad pierde uno de sus principales mecanismos de vigilancia.

A esta cadena de crisis se suma el reciente derrame de petróleo en Veracruz, otro episodio que exhibe fallas estructurales en la gestión pública. Los daños ambientales, las afectaciones a comunidades y la falta de respuestas rápidas vuelven a evidenciar la incapacidad para prevenir y atender emergencias.

Sin embargo, más allá del derrame, lo que se repite es el discurso. Ante la crisis, la respuesta institucional no se centra en asumir responsabilidades ni en ofrecer soluciones contundentes, sino en recurrir a comparaciones con el pasado. Se señalan errores de administraciones anteriores como si eso, por sí mismo, justificara la ineficiencia presente.

Esta estrategia discursiva no solo evade la rendición de cuentas, sino que revela una forma de gobernar basada en la narrativa antes que en los resultados. La memoria histórica es importante, pero no puede convertirse en excusa permanente para la falta de acción.

Los feminicidios en Michoacán, la presión sobre periodistas y el derrame en Veracruz no son temas aislados. Son piezas de un mismo rompecabezas, de un país donde la violencia se normaliza, la crítica se incomoda y la responsabilidad se esquiva.

México enfrenta una encrucijada. La pregunta no es solo cómo resolver cada crisis, sino, si existe la voluntad de reconocerlas sin esquivas. Porque mientras la violencia siga creciendo, la prensa sea acorralada y los errores se justifiquen en lugar de corregirse, el problema no será solo lo que ocurre, sino lo que se decide no enfrentar.