Comenzamos el año con una noticia que debería inquietar a cualquiera que todavía crea que el mundo se rige —aunque sea de forma imperfecta— por normas y no solo por la fuerza. La incursión de Estados Unidos en territorio venezolano para capturar a Nicolás Maduro y a su esposa no es un simple episodio geopolítico: es un golpe directo al sistema jurídico internacional construido después de la Segunda Guerra Mundial para impedir que las potencias resolvieran sus conflictos a cañonazos.

Es verdad que cada parte en el conflicto ha opinado según sus intereses, muchos países se quedaron callados (guardaron un silencio cómplice) y otros condenaron el hecho; sin embargo, la opinión más valiosa debiera ser la de los venezolanos, le explico por qué Hipócrita Lector; no tenemos manera de analizar este hecho sin partir de una verdad incómoda: Venezuela lleva años sometida a un régimen autoritario. Un régimen que desmanteló la división de poderes vació de contenido los procesos electorales y edificó un aparato sistemático de persecución. Mientras una élite política y militar vive rodeada de privilegios, el pueblo venezolano ha sido empujado a una de las crisis humanitarias más graves del continente.

Las cifras no son retóricas: más de 7.7 millones de venezolanos han huido del país en la última década. Es el mayor éxodo en la historia reciente de América Latina. Ocho millones de familias fragmentadas. Ocho millones de biografías interrumpidas. Ocho millones de personas obligadas a reconstruirse en tierra ajena. Ocho millones de desplazados, sin derecho a nada en su patria.

Dentro del país, organizaciones internacionales documentan miles de detenciones arbitrarias, tortura, desapariciones temporales y persecución política. Desde 2014 se contabilizan más de 18 mil detenciones por motivos políticos, con centenares de presos políticos activos y personas fallecidas bajo custodia del Estado. No son excesos: es método.

Por eso, la Corte Penal Internacional mantiene abierta una investigación formal contra el régimen venezolano por presuntos crímenes de lesa humanidad. Asesinatos, encarcelamientos, tortura y persecución política forman parte del expediente. Jurídicamente, Venezuela se encuentra en el nivel más grave de imputación que conoce el derecho penal internacional.

A ello se suma la devastación económica. Un país que fue potencia energética hoy es sinónimo de miseria. Más del 80 % de la población vive en pobreza. La inflación pulverizó salarios, ahorros y cualquier noción de estabilidad. La migración masiva no es ideológica: es biológica. Es huida por hambre, por miedo, por supervivencia.

Este es el dato que no debe perderse de vista: millones de venezolanos no discuten derecho internacional; discuten cómo comer, cómo salir, cómo liberar a sus familiares, cómo no morir. Precisamente por eso, porque el dolor es real, es que no puede celebrarse sin más una incursión militar extranjera que depone a su dictador (por ahora).

El pasado 3 de enero, fuerzas estadounidenses ingresaron a Caracas, atacaron instalaciones estratégicas y capturaron al jefe de Estado venezolano. El precedente más cercano es Panamá, 1989. El mensaje es el mismo: cuando el poder decide, la frontera deja de existir; El problema no es ideológico. Es jurídico.

La Carta de las Naciones Unidas prohíbe expresamente el uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado. Las únicas excepciones son la legítima defensa ante ataque armado o la autorización del Consejo de Seguridad. Ninguna ha sido acreditada de manera clara.

Permitir que una potencia se arrogue el derecho de invadir, capturar y remover gobiernos por decisión unilateral equivale a cancelar ochenta años de construcción jurídica internacional. Es volver al mundo donde la ley no limita al poder, sino que el poder decide cuándo la ley existe, ahí está el verdadero peligro.

Porque si se rompe el principio de soberanía jurídica, ya no queda derecho: queda jerarquía. Hoy fue Venezuela. Mañana puede ser cualquier país incómodo, débil o estratégicamente apetecible.

Immanuel Kant advertía en La paz perpetua que ningún Estado debía intervenir por la fuerza en el gobierno de otro. Dos siglos después, seguimos comprobando por qué lo dijo.

Más aún cuando aparecen discursos sobre “administrar” Venezuela o “garantizar transiciones”, eufemismos que históricamente significan ocupación, control político y control de recursos. Oriente Medio es la memoria viva de ese camino: guerras interminables, Estados fallidos y generaciones completas destruidas en nombre de la democracia.

La pregunta como diría mi admirado Mario Alberto Mejía es brutal pero inevitable: ¿Puede combatirse un régimen criminal destruyendo el derecho que existe precisamente para contener a los criminales del poder? La respuesta jurídica es incómoda: no, porque si el derecho internacional solo vale cuando conviene, deja de ser derecho y se convierte en propaganda. Evidentemente Esto no absuelve a Maduro. No borra a los presos políticos. No devuelve a los migrantes. No resucita a los muertos. No limpia los crímenes. No regresa la tranquilidad a quienes fueron desplazados, ni a quienes se quedaron. Pero tampoco legitima que el mundo se gobierne a bombazos.

Venezuela necesita transición democrática real, liberación inmediata de presos políticos, reconstrucción institucional y justicia internacional, no la sustitución de una arbitrariedad por otra.

El problema final es regional. Cuando se normaliza la intervención armada, toda América Latina entra en zona de riesgo. Donald Trump ya insinuó que “algo habrá que hacer con México”. Esa frase pesa más de lo que parece cuando el derecho deja de ser límite.

Busqué vía telefónica a amigos venezolanos, muchos no contestaron, algunas cerraron sus redes sociales, y algunos que localicé coincidieron que ya habían hecho todo, votar, manifestarse, marchar, iniciar denuncias internacionales, y la respuesta fue ¿Qué querían que hiciéramos? ¡¡Déjennos celebrar, aunque sea por ahora!!

El mensaje que queda es inquietante: si el derecho estorba, se ignora. si los tratados incomodan, se rompen. si la soberanía molesta, se aplasta. Y cuando eso ocurre, ningún país mediano o débil está a salvo.

Hoy es Venezuela, pero el temblor ya recorre el continente, por supuesto que no hay una posición ni fácil, ni única, el tema ahora es analizar ¿qué falta por hacer?