En nuestra pasada entrega comentamos que el Estado debe redoblar sus esfuerzos si realmente quiere romper la peligrosa simbiosis que en diversas regiones del país se ha instalado entre servidores públicos y bandas del crimen organizado. Una de las medidas más urgentes para enfrentar esta realidad consiste en blindar la selección de candidatas y candidatos de todas las fuerzas políticas. Esa debería ser, en esencia, una verdadera reforma electoral. La política democrática no puede permitir que personas con vínculos criminales aspiren —y mucho menos accedan— a cargos de representación popular.

En otras palabras, una reforma electoral seria debe garantizar que quienes buscan gobernar o legislar lleguen con una trayectoria pública limpia, verificable e impoluta.

Uno de los problemas más delicados que ha enfrentado el combate al crimen organizado es que, demasiadas veces, el enemigo termina viviendo dentro del propio Estado. No se trata únicamente de grupos criminales que operan al margen de la ley, sino de personas que logran infiltrarse en la vida pública, capturar espacios de poder y utilizar las instituciones para proteger intereses ilícitos.

Durante muchos años la colusión entre policías y delincuentes no fue un secreto para nadie. Ríos de tinta corrieron en las mejores plumas del periodismo. Denuncias enteras, con soporte documental, se imprimieron como best Sellers. Incluso los guionistas de series televisivas como Narcos México documentaron las complicidades entre el narcotráfico y las instituciones de seguridad. Sin embargo, pese a la evidencia acumulada, pocos gobernantes quisieron enfrentar de manera real ese contubernio.

En épocas recientes encontramos ejemplos que muestran que el problema no ha desaparecido. El caso del presidente municipal de Tequila, Jalisco, Diego Rivera, ilustra con claridad lo que no debería ocurrir. Un candidato cuya trayectoria política estaba rodeada de claroscuros y cuya cercanía con estructuras criminales era un rumor público terminó siendo postulado por Morena para contender por la presidencia municipal. El problema, desde luego, no es exclusivo de un partido. Situaciones similares pueden encontrarse en distintos puntos del país y en candidaturas de prácticamente todas las fuerzas políticas.

Cuando estos casos se repiten, el problema deja de ser anecdótico y se vuelve estructural.

Si consideramos que en el Congreso de la Unión se elaboran las leyes que definen las reglas de convivencia social, resulta profundamente preocupante que diputadas, diputados, senadoras o senadores puedan llegar al cargo pese a tener posibles vínculos con el crimen organizado.

La primera autoridad del Estado y la más cercana a los ciudadanos son los presidentes municipales y sus cabildos. Por ello, si realmente se pretende cerrar la puerta a la infiltración del dinero criminal en la política, no basta con endurecer la fiscalización del financiamiento de partidos y candidaturas. También deben existir mecanismos que permitan anular procesos electorales cuando se compruebe la participación de dinero ilegal en las campañas.

Una medida de este tipo tendría efectos inmediatos. No sólo impediría que candidaturas contaminadas lleguen al poder, sino que obligaría a los partidos políticos a asumir con mayor responsabilidad la selección de sus candidatos. Porque el verdadero debilitamiento del Estado comienza cuando quienes elaboran las leyes, imparten justicia o representan administrativamente a los ciudadanos terminan sirviendo a quienes financiaron su llegada al cargo.

Sin embargo, hasta ahora la reforma electoral que se discute no parece colocar este problema en el centro de la agenda. La propuesta presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum pone el acento principalmente en la fiscalización de los recursos de los partidos y en el costo de las elecciones. En otras palabras, parece más interesada en reducir el gasto electoral que en fortalecer los mecanismos institucionales para evitar la infiltración criminal en la política. Y eso, desde luego, no es una buena señal.

Una reforma electoral que realmente pretenda blindar las candidaturas debería contemplar sanciones ejemplares para quienes participen en campañas financiadas por dinero criminal. Una persona que aspire a un cargo público y se compruebe que mantiene vínculos con el crimen organizado debería quedar inhabilitada de manera permanente para participar en la vida política del país. Y si además se demuestra su participación en actividades ilícitas, debería enfrentar las consecuencias penales correspondientes.

De la misma forma, los partidos que decidan postular a candidatos con antecedentes o señales claras de relación con estructuras criminales deberían enfrentar consecuencias políticas severas. Sólo así los partidos comenzarían a aplicar filtros verdaderamente rigurosos.

Conviene recordar que uno de los argumentos más repetidos para impulsar la reforma judicial fue que juezas y jueces estaban coludidos con el crimen organizado y que, por ello, dejaban libres a delincuentes capturados por las autoridades. Sin embargo, los primeros resultados del reciente proceso electoral judicial mostraron que algunas personas que obtuvieron cargos judiciales tenían vínculos con estructuras criminales o con personajes cercanos a ellas.

En otras palabras, el problema no desapareció con la reforma. La razón parece evidente: no existieron filtros suficientes.

Si el Estado no enfrenta de manera frontal la infiltración criminal en la política, el riesgo es claro. En lugar de contar el voto libre de los ciudadanos, terminará pesando más el dinero ilegal que financia campañas desde la clandestinidad.

En ese escenario, el derecho de los mexicanos a elegir libremente a sus representantes quedaría profundamente comprometido. La presión territorial del crimen organizado y el flujo de recursos ilícitos terminarían condicionando la voluntad democrática.

Por eso el proceso electoral de 2027 no puede repetirse bajo la misma lógica que ha permitido la infiltración del crimen organizado en distintos niveles de gobierno. La democracia no puede seguir abriendo la puerta a quienes después utilizarán el poder público para proteger intereses criminales.

Blindar las candidaturas no es un capricho político. Es una necesidad institucional.

El Congreso de la Unión tendrá la palabra. Podrá decidir si la reforma electoral sirve para fortalecer la democracia o si se limita a ajustar reglas administrativas sin enfrentar el problema de fondo.

Porque si la política no cierra la puerta al crimen organizado, el crimen terminará decidiendo quién gobierna. Y esa, Hipócrita Lector, sería la forma más silenciosa de perder una democracia.