Desde hace décadas, México arrastra una deuda histórica con la justicia: instituciones incapaces de garantizar imparcialidad, procesos opacos, interferencia política y una procuración debilitada frente al poder. La transición de la vieja Procuraduría General de la República a la Fiscalía General de la República (FGR) prometía romper ese círculo vicioso. El nuevo modelo de fiscalía autónoma, se dijo, permitiría desmontar la subordinación al Ejecutivo y construir una institución capaz de investigar incluso al propio gobierno. La expectativa fue tan alta como la decepción que vino después.
El primer fiscal autónomo, Alejandro Gertz Manero, llegó al cargo envuelto en el discurso de la Cuarta Transformación que prometía erradicar la politización de la justicia. Sin embargo, su cercanía con el presidente anticipaba lo que finalmente ocurrió: una gestión marcada por controversias, derrotas judiciales, escándalos mediáticos, señalamientos de corrupción y un desempeño gris que nunca respondió al mandato constitucional de autonomía. La fiscalía que iba a transformar el país terminó convertida en un símbolo de continuidad, no de ruptura.
A un año del gobierno de Claudia Sheinbaum, la salida de Gertz fue presentada como un relevo institucional digno, aunque la narrativa oficial omitió un detalle sustancial: su renuncia no obedeció a causa grave alguna. De hecho, fue acompañada por la oferta de una embajada, un gesto político que convirtió la autonomía constitucional en moneda de cambio. El Senado, controlado por la mayoría oficialista, aceptó la renuncia sin mayor cuestionamiento e inició un proceso de designación que, más que un ejercicio democrático, fue una escenificación cuidadosamente orquestada para legitimar una decisión tomada de antemano.
Antes de que el proceso parlamentario arrancara, la presidenta nombró como encargada de despacho a Ernestina Godoy, su exconsejera jurídica y una figura clave en su círculo más cercano desde la jefatura de Gobierno en la Ciudad de México. Ese solo movimiento dejó claro que el desenlace ya estaba escrito: Godoy sería la nueva fiscal. El resto fue mero trámite.
La selección estuvo plagada de irregularidades: no hubo comparecencias públicas robustas, no existió un debate real entre aspirantes, no se transparentaron criterios ni se permitió un escrutinio ciudadano. El Senado repitió las prácticas opacas que en su momento criticó de gobiernos anteriores. De esta manera, la fiscalía que debía ser un contrapeso del poder terminó nuevamente subordinada a él.
El problema no es únicamente la cercanía política de Godoy con la presidenta, sino lo que esa cercanía significa para una institución cuya fuerza depende precisamente de su independencia. ¿Cómo se puede garantizar una procuración de justicia autónoma cuando la nueva titular proviene del mismo proyecto político y ha sido operadora jurídica del Ejecutivo? Los especialistas que celebran la “coordinación interna” entre fiscalía y gobierno olvidan que la autonomía no es un adorno constitucional: es un mecanismo para impedir que la justicia sea utilizada como arma política o como escudo protector.
En un país con una crisis profunda de impunidad, donde miles de investigaciones se pierden entre omisiones, manipulación de expedientes y falta de rigor técnico, la fiscalía enfrenta un desafío monumental. La nueva titular deberá demostrar que no será una continuidad del fiscalismo disciplinado al poder Ejecutivo.
El caso que marcará su destino es el del huachicol fiscal, quizá el esquema de defraudación más grave, sofisticado y corrosivo para la Hacienda pública en los últimos años. Las pérdidas ascienden a miles de millones de pesos y las redes involucradas incluyen no solo criminalidad organizada, sino funcionarios públicos y operadores políticos de alto nivel. La pregunta es inevitable: ¿podrá Godoy investigar y judicializar un caso que toca fibras tan sensibles dentro del propio movimiento gobernante? ¿Tendrá margen real para llegar “hasta donde tope”, como dicta la retórica oficial?
La respuesta a esa pregunta definirá no solo su legado, sino el rumbo de la FGR para los próximos nueve años. Si se investiga el huachicol fiscal con rigor, la fiscalía podría recuperar credibilidad y enviar un mensaje inequívoco de que la ley no distingue colores partidistas. Si se opta por la simulación –la vía más cómoda en el sistema político mexicano–, la institución confirmará que sigue atrapada en un ciclo donde la justicia se aplica con rigor a los adversarios y con benevolencia a los aliados.
México necesita urgentemente una fiscalía capaz de integrar investigaciones sólidas, llevar a juicio a los verdaderos responsables y ofrecer garantías mínimas de imparcialidad. Necesita una institución que abandone la práctica de fabricar culpables para alimentar el espectáculo mediático y que, en cambio, coloque al derecho por encima de la política.
Mientras ello no ocurra, la procuración de justicia seguirá siendo una promesa rota. Y la reciente elección de la fiscal general, lejos de corregir el rumbo, parece confirmar que seguimos atrapados en la misma pantomima de siempre.
