Hay decisiones públicas que no solo administran el presente, sino que delinean el rumbo institucional de un estado. La firma del convenio entre el Gobierno del Estado de Puebla y la Auditoría Superior de la Federación es una de ellas.
El pasado 6 de marzo de 2026, el Gobierno del Estado de Puebla, encabezado por el gobernador Alejandro Armenta, concretó un acuerdo de colaboración histórica con la Auditoría Superior de la Federación para fortalecer la fiscalización de los recursos públicos federales. No se trata de un acto menor: Puebla se convirtió en el primer estado del país en establecer esta alianza bajo el nuevo marco institucional, enviando un mensaje claro en un momento donde la exigencia ciudadana es contundente: el poder público debe ejercerse con responsabilidad, transparencia y resultados.
Tuve la oportunidad de acompañar este acto como integrante de la Comisión de Evaluación y Control de la Auditoría Superior del Estado, y lo que ahí se expresó confirma algo que debemos reconocer con claridad: cuando hay voluntad política, las instituciones pueden avanzar. El reconocimiento de la Auditoría Superior de la Federación hacia Puebla como un estado que impulsa la transparencia no es una cortesía institucional, es el reflejo de una decisión de gobierno que coloca la rendición de cuentas en el centro de la agenda pública.
Este paso cobra aún mayor relevancia si consideramos el contexto nacional. De acuerdo con la propia Auditoría Superior de la Federación, en la revisión de la Cuenta Pública 2022 se identificaron irregularidades por más de 63 mil millones de pesos en el ejercicio de recursos públicos a nivel nacional. Esta cifra no solo revela fallas técnicas; evidencia la urgencia de fortalecer los mecanismos de control, coordinación y supervisión entre órdenes de gobierno.
En este escenario, Puebla no solo se suma: marca la ruta. Y lo hace a partir de una visión que entiende que la fiscalización no debe limitarse a revisar el pasado, sino a prevenir desviaciones en el presente y garantizar mejores resultados hacia el futuro.
Pero si algo debe quedar claro, es que este esfuerzo no puede ni debe agotarse en el ámbito estatal. La correcta aplicación de los recursos públicos ocurre, en gran medida, en el nivel más cercano a la ciudadanía: los municipios. Es ahí donde se ejecutan obras, donde se implementan programas y donde las decisiones impactan directamente en la vida cotidiana de las personas.
Por ello, este convenio también envía un mensaje directo a los gobiernos municipales: la transparencia no es opcional, la rendición de cuentas no es diferible y la correcta aplicación del recurso público no admite excepciones. La coordinación con la Auditoría Superior de la Federación abre una ventana de oportunidad, pero también eleva el estándar de responsabilidad para quienes ejercen el gasto desde lo local.
Desde mi responsabilidad pública, celebro este paso y, al mismo tiempo, identifico el potencial que puede detonar hacia adelante. Este tipo de mecanismos pueden y deben fortalecer la implementación de herramientas como el presupuesto basado en resultados, incorporando además una perspectiva de género que permita evaluar no solo en qué se gasta, sino cómo ese gasto contribuye a cerrar brechas de desigualdad y a transformar la vida de las mujeres.
Porque la rendición de cuentas se mide en los impactos reales que transforman la vida de forma positiva de toda la ciudadanía. En obras, en servicios que llegan y en políticas públicas que generan bienestar.
Puebla ha dado un paso firme. Hoy más que nunca, rendir cuentas no es una obligación administrativa: es una forma de gobernar.
