Los pollitos de colores se venden en las ferias y tianguis, como mascotas efímeras que llaman la atención porque sus plumajes son pintados de colores brillantes. Los hay de tonos azules, naranjas, rosas, morados y verdes, pero hoy son usados como una nefasta metáfora por el crimen organizado, para nombrar a los niños, niñas y adolescentes que son reclutados como halcones, sicarios o mulas.

En las zonas más golpeadas por la violencia y la pobreza en México, miles de infantes crecen rodeados por el sonido de las sirenas y el eco de las balas, demasiado pronto, dejan atrás los juegos y los cuadernos para empuñar un arma, pues son captados por grupos criminales que los utilizan para realizar actividades ilícitas sin llamar tanto la atención. Los estados más afectados son Guerrero, Michoacán, Tamaulipas, Zacatecas y Chihuahua, aunque el fenómeno se extiende a casi todo el territorio nacional.

Las causas son múltiples, pobreza, deserción escolar, violencia intrafamiliar y falta de oportunidades. En comunidades donde el narcotráfico representa la única estructura económica visible, muchos infantes crecen viendo a los jefes criminales como figuras de éxito y poder que los seducen y les ofrecen un sentido de pertenencia que no encuentran en sus comunidades ni en las instituciones.

El proceso de reclutamiento infantil suele comenzar con tareas aparentemente inofensivas, como vigilar calles, pasar información o transportar paquetes, sin embargo, poco a poco, los menores son empujados a actividades más peligrosas y quienes intentan escapar enfrentan amenazas o represalias contra sus familias.

De acuerdo con la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM), se estima que más de 30,000 menores de edad han sido reclutados por el crimen organizado en la última década.

Por otra parte, el dilema legal que rodea a los niños reclutados por el crimen organizado, hace que la situación sea más compleja, dado cometen delitos graves, como asesinatos, secuestros, tráfico de drogas o extorsión, pero lo hacen bajo coerción, manipulación o por mera supervivencia.

Aunque México ha firmado tratados internacionales que prohíben el reclutamiento infantil, las políticas públicas para prevenirlo siguen siendo insuficientes. La Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes contempla la protección contra el reclutamiento forzado, pero su aplicación es débil y las instituciones locales carecen de recursos.

Organizaciones civiles y comunitarias han comenzado a construir alternativas, tales como programas de reinserción social, refugios y talleres de arte y deporte que buscan ofrecer a los jóvenes un horizonte distinto. Sin embargo, sin un compromiso estructural del Gobierno, en educación, empleo y justicia social, estos esfuerzos resultan insuficientes.

El futuro de México depende, en buena medida, de su capacidad para recuperar a estos niños, niñas y adolescentes y evitar que nuevas generaciones caigan en manos del crimen, por ello, el Estado debe enfocarse en la prevención, reforzando la educación, el acceso a actividades culturales y deportivas, y la creación de redes comunitarias que ofrezcan alternativas reales a los jóvenes en riesgo.

La lucha contra el reclutamiento infantil no es sólo un tema de seguridad, es una cuestión de justicia social y de derechos humanos, ningún infante debería crecer con miedo, ni creer que su única salida es empuñar un arma. Un país que deja perder a sus niños y niñas, pierde también su futuro.

Hoy, una generación entera crece entre el medio y la violencia, por eso es urgente generar condiciones que briden opciones reales de crecimiento sano y seguro para nuestras infancias. Salvar a un niño, niña o adolescente del crimen no es solo rescatar una vida, es rescatar un sueño, una comunidad, una nación entera.