En los últimos años, México se ha convertido en uno de los principales destinos para la maternidad subrogada en América Latina. Detrás de la promesa de “ayudar a formar familias” se esconde una realidad más compleja: Mujeres de bajos recursos, muchas veces sin plena información ni protección legal que rentan su cuerpo a parejas extranjeras o nacionales con alto poder adquisitivo.

Desde que Tabasco y Sinaloa abrieron la puerta a la gestación subrogada en la década pasada, clínicas privadas han proliferado en distintas regiones del país. Los costos son mucho menores que en Estados Unidos o Europa, mientras que en California un proceso puede superar los 120 mil dólares, en México oscila entre los 25 y 40 mil, según datos de agencias reproductivas.

La diferencia económica explica buena parte del atractivo; parejas o individuos extranjeros pueden acceder a un vientre subrogado por una fracción del precio. Sin embargo, las mujeres que prestan su útero, en su mayoría jóvenes con ingresos precarios, reciben apenas entre 10 mil y 15 mil dólares, y muchas veces deben firmar contratos redactados en inglés o con cláusulas ambiguas sobre su salud y derechos.

La maternidad subrogada en México opera hoy como un rompecabezas legal, existe cierta regulación, sin embargo, en la mayoría de los estados no tiene una legislación clara. La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha instado a los congresos locales a legislar al respecto, pero la falta de acción crea un entorno de inseguridad jurídica que llega a promover la clandestinidad.

En la práctica, la falta de regulación produce problemas concretos, demoras judiciales para reconocer la filiación, trámites administrativos engorrosos para inscribir actas de nacimiento, y rutas informales. Además, la ausencia de reglas uniformes facilita la operación de mercados negros a veces transnacionales, que ofertan paquetes de “gestación por encargo”, sin protocolos claros para la protección de la salud de la gestante ni garantías sobre el bienestar de las infancias.

El debate público sobre este tema se divide entre la protección de los derechos de las mujeres gestantes (evitar su mercantilización/explotación), la seguridad jurídica de las personas que pretenden se padres o madres y el interés superior de la infancias. Las posiciones van desde quienes piden una regulación que garantice transparencia, consentimiento informado y parámetros médicos, hasta quienes proponen prohibir la práctica por considerarla contraria a la dignidad humana. Esa polarización ha frenado iniciativas con alcance nacional.

Por otra parte, para algunas personas, la subrogación ha significado la posibilidad de formar una familia cuando otras opciones no son viables. La maternidad subrogada en México, más que un servicio médico, se ha vuelto el reflejo más crudo de una sociedad dividida entre el deseo de unos y la necesidad de otras.

Mientras la demanda internacional crece, miles de mujeres mexicanas siguen viendo en la subrogación una salida económica temporal. Sin embargo, cada historia revela la misma contradicción: El cuerpo de las más pobres se convierte en recurso para cumplir el sueño de maternidad o paternidad de quienes pueden pagar por él.

Para generar un poco de igualdad en esta complicada situación resulta urgente hacer una legislación clara que aporte certezas, que sea uniformidad en requisitos médicos y legales, que protección de derechos humanos de las gestantes, con reglas claras para el reconocimiento de filiación y mecanismos para sancionar prácticas ilegales o explotadoras. Sin embargo, la vía legislativa enfrenta un terreno político complejo, donde convergen intereses médicos, jurídicos, religiosos y de derechos humanos. Hasta que exista consenso, la maternidad subrogada en México seguirá útil y noble para algunos y peligrosa y denigrante para otros.