La democracia contemporánea ya no solo se disputa en las plazas públicas, en los parlamentos o en las urnas. También se disputa en el espacio digital.
Sin embargo, para millones de mujeres ese espacio no es un terreno de participación libre, sino un lugar donde la violencia, la descalificación y los estereotipos siguen intentando expulsarlas del debate público.
Esta semana, durante la conferencia matutina de la Presidenta de la República Claudia Sheinbaum, varias periodistas denunciaron ataques y rumores difundidos en redes sociales para desacreditar su trabajo. Las agresiones no se limitaron a cuestionar su labor profesional: recurrieron a insinuaciones sobre su vida personal, un mecanismo tan antiguo como eficaz para deslegitimar la voz de las mujeres.
Ese episodio refleja un problema mucho más amplio: la violencia digital que atraviesa hoy a la sociedad mexicana.
Los datos presentados recientemente por la Secretaría de las Mujeres, con base en el Módulo sobre Ciberacoso (MOCIBA) del INEGI, muestran la dimensión del fenómeno. En 2024, 18.9 millones de personas en México fueron víctimas de ciberacoso. De ellas, 10.6 millones son mujeres.
La cifra es aún más preocupante cuando se observa quiénes son las más afectadas. Más de la mitad de las mujeres que reportaron haber sufrido ciberacoso tienen menos de 29 años. Es decir, millones de niñas, adolescentes y mujeres jóvenes enfrentan violencia digital precisamente en el momento en que comienzan a estudiar, trabajar o participar en la vida pública.
Además, la violencia digital contra las mujeres suele adoptar formas específicas: insinuaciones sexuales, envío de contenido íntimo no solicitado, suplantación de identidad, rastreo de cuentas o ataques relacionados con su apariencia física. No se trata simplemente de desacuerdos o debates en línea. Muchas veces son estrategias de deslegitimación que buscan expulsar simbólicamente a las mujeres de los espacios donde hoy ejercen su voz.
Durante la conferencia matutina, la Presidenta hizo una reflexión que merece atención: durante décadas, la educación y la cultura reprodujeron estereotipos que colocaban a las mujeres fuera de la vida pública. Cuando hoy las mujeres participan en el periodismo, la política o la toma de decisiones, todavía enfrentan resistencias que se expresan también en el ámbito digital.
Por eso la violencia en redes sociales no puede entenderse únicamente como un problema tecnológico. Es, en buena medida, la prolongación de desigualdades históricas que durante mucho tiempo buscaron limitar la presencia de las mujeres en los espacios de decisión.
Frente a esta realidad, el gobierno federal anunció el primer acuerdo de colaboración voluntaria con plataformas digitales como Google, Meta y TikTok para fortalecer acciones de prevención y atención frente a las violencias en el ámbito digital.
El acuerdo contempla diversas medidas: desde campañas educativas y fortalecimiento de normas comunitarias, hasta mecanismos para facilitar la denuncia, retirar contenidos violentos o íntimos difundidos sin consentimiento, y mejorar la colaboración entre plataformas y autoridades para investigar delitos relacionados con violencia digital.
Es un paso importante en un entorno donde la tecnología evoluciona más rápido que las regulaciones y donde las agresiones pueden amplificarse con enorme velocidad.
En este proceso también es justo reconocer el trabajo de quienes durante años impulsaron cambios legales y sociales para visibilizar estas violencias. Durante la conferencia se reconoció el papel de activistas que han colocado este tema en la agenda pública, particularmente el trabajo de Olimpia Coral Melo, cuyo activismo permitió impulsar en México la llamada Ley Olimpia, una reforma que reconoce y sanciona la violencia digital.
Gracias a ese movimiento, hoy existe un marco legal que reconoce que la violencia en internet también es violencia real, con consecuencias profundas para la dignidad, la seguridad y la vida de las personas.
Sin embargo, la ley por sí sola no transforma la cultura.
Las plataformas digitales han ampliado la libertad de expresión y han abierto nuevas posibilidades de participación pública. Pero también han multiplicado los espacios donde circulan discursos de odio, campañas de desinformación y ataques personales.
El desafío democrático del presente consiste en encontrar un equilibrio entre dos principios fundamentales: la libertad de expresión y el derecho de todas las personas —especialmente de las mujeres— a participar en la vida pública sin ser objeto de violencia.
Porque la democracia del siglo XXI no solo se construye en las instituciones.
También se construye en las conversaciones, en los debates y en los espacios digitales donde hoy se forman las opiniones públicas.
Y si permitimos que esos espacios se conviertan en territorios de intimidación y silencio, entonces no solo se vulneran los derechos de las mujeres: se debilita la calidad misma de nuestra democracia.
Defender una conversación pública libre de violencia no es limitar la libertad de expresión. Es garantizar que todas las voces puedan existir en ella.
