La aparición con vida de Lydia Valdivia Juárez, una mujer de 28 años reportada como desaparecida y supuestamente embarazada de nueve meses, generó una ola de atención mediática y movilizaciones sociales en Puebla.

Tras cuatro días de búsqueda, la Fiscalía General del Estado de Puebla, confirmó que fue localizada en el Estado de México, con vida, sin señales de violencia, ni evidencia clínica de un embarazo reciente. Esto detonó interrogantes, críticas y una propuesta legislativa para sancionar denuncias de desaparición que resulten falsas.

México enfrenta una grave crisis de desapariciones. La Comisión Nacional de Búsqueda reporta que existen más de 100,000 personas desaparecidas en el país, muchas de ellas víctimas del crimen organizado.

Este contexto obliga a reflexionar. Un posible caso de desaparición simulada, no puede desligarse del dolor genuino de miles de familias que aún buscan a sus seres queridos sin respuesta, ni puede utilizarse para estigmatizar o criminalizar a quienes denuncian de buena fe. Las familias que buscan a un ser querido merecen ser escuchadas y acompañadas sin temor a ser penalizadas por actuar con angustia legítima.

En respuesta al caso Valdivia, se anunció una iniciativa en el Congreso de Puebla, que busca castigar con penas, incluso de cárcel, a quienes simulen desapariciones o generen reportes que terminen resultando infundados, bajo el argumento de que estas prácticas desvían recursos públicos y obstruyen investigaciones legítimas.

Pero la iniciativa ha generado debate político y social, pues una penalización puede disuadir a familiares de denunciar indicios de desaparición por miedo a represalias legales, incluso cuando la ausencia pueda ser real o peligrosa.

Gran parte de la controversia gira en torno a un punto clave: ¿estas medidas son necesarias o se convierten en un mecanismo para maquillar cifras de desapariciones? La lógica de sancionar puede operar como un incentivo institucional para reducir artificialmente el número de casos “verdaderos”. Si las familias de personas extraviadas temen enfrentar cargos por una denuncia considerada errónea, es probable que opten por no acudir a las autoridades.

Esto, en un Estado con un creciente número de desapariciones denunciadas, lo que genera dudas sobre si la intención detrás de la iniciativa es mejorar la búsqueda de personas desaparecidas o,simplemente disminuir las cifras oficiales.

La pregunta central que el Estado debería formularse no es únicamente si hubo o no una denuncia falsa, sino por qué una mujer decide desaparecer; la legislación nacional y los estándares internacionales en materia de derechos humanos,establecen con claridad que las autoridades están obligadas a investigar los contextos de violencia que rodean estos casos, incluso cuando la persona es localizada. Además, la narrativa de la “falsa denuncia” suele recaer con mayor peso sobre las mujeres, reforzando estereotipos de género, incredulidad y desconfianza que históricamente han obstaculizado su acceso a la justicia.

El problema de las desapariciones en México va más allá de la veracidad de los reportes individuales, resulta necesario fortalecer los mecanismos de búsqueda y localización; la transparencia y coordinación entre las fiscalías estatales y federales; así como la atención especializada a víctimas y familiares con un enfoque humano.

La desaparición y posterior aparición de Lydia Valdivia, encendió un debate necesario sobre los límites y responsabilidades en la denuncia pública de ausencias, en un País donde las desapariciones forzadas y la violencia contra las mujeres siguen siendo una herida abierta para miles de familias. Más que una reacción punitiva, el reto para México es construir un sistema de búsqueda y justicia que sea efectivo, sensible y respetuoso de los derechos de las víctimas y de quienes, en su desesperación, levantan la voz con la esperanza de hallar una respuesta.