Para nadie es un secreto que México ha tenido históricamente gobiernos federales, estatales y municipales con prácticas corruptas. Durante décadas la corrupción fue un mal estructural, una enfermedad enquistada en el sistema político. Pero incluso en ese pantano existían límites. Había códigos no escritos. Cuando el abuso se volvía escandaloso, cuando el exceso rebasaba la línea de lo tolerable, alguien terminaba pagando. Había, al menos, la necesidad de guardar las formas.

Con la llegada de la autoproclamada Cuarta Transformación esos límites desaparecieron. La corrupción dejó de ser una vergüenza para convertirse en un espectáculo. El discurso oficial habla de honestidad valiente, de transformación moral, de superioridad ética; la realidad muestra luchas intestinas, acusaciones gravísimas y un silencio institucional que huele a complicidad.

Estos días no han sido los mejores para el movimiento de la 4T. Al contrario: han sido días de ruptura y lodo. Y lo más significativo es que el golpe no vino de la oposición. Vino de adentro. Vino del círculo más íntimo del poder.

Julio Scherer Ibarra, exconsejero jurídico de la Presidencia y uno de los hombres más cercanos a López Obrador, decidió hablar. Y lo que dijo no es menor. No se trata de diferencias políticas ni de desencuentros ideológicos. Se trata de acusaciones que, de ser ciertas, tendrían carácter criminal.

Las imputaciones dirigidas contra Jesús Ramírez Cuevas —exvocero presidencial y hoy asesor de la presidenta Claudia Sheinbaum— son de una gravedad extraordinaria. Se habla del presunto desvío de 27 mil millones de pesos de un fondo destinado a extrabajadores de Luz y Fuerza del Centro. Veintisiete mil millones de pesos. Para dimensionarlo: aproximadamente mil quinientos millones de dólares al tipo de cambio actual. Mil quinientos millones de dólares que debían servir para reparar injusticias laborales históricas, o aplicarse a áreas sociales sensibles como la salud, educación y seguridad pública.

No estamos ante un error administrativo. No estamos ante una discrepancia contable. Estamos ante una cifra que equivale al presupuesto anual de varios estados de la República. Si lo denunciado fuera cierto, estaríamos frente a uno de los casos de peculado más grandes de la historia reciente del país.

Pero la acusación va más lejos. Se señala el presunto uso de dinero proveniente de la estructura financiera de Sergio Carmona, el llamado “Rey del Huachicol”, para financiar campañas de Morena en Tamaulipas, Sonora y la Ciudad de México. Es decir, se sugiere que dinero de origen ilícito pudo haber irrigado procesos electorales clave del partido oficial.

¿Se dimensiona la gravedad?

Frente a ello, Ramírez Cuevas respondió acusando a Scherer de extorsión y tráfico de influencias. Dos hombres que compartieron mesa, decisiones y confidencias en el núcleo del poder se acusan mutuamente de delitos. No es un pleito menor. No es un intercambio de adjetivos. Es un choque frontal entre quienes decían representar la regeneración moral de la vida pública.

Y aquí surge la pregunta inevitable: ¿dónde está la fiscalía general de la República?

Estos delitos se persiguen de oficio, no requieren querella, no son disputas privadas. Son acusaciones sobre recursos públicos y posibles vínculos criminales. La ley obliga a investigar, no es opcional, no es discrecional. Si Scherer miente, debe probarse y sancionarse. Si Ramírez Cuevas miente, también. Pero lo que no puede suceder es que el Estado guarde silencio como si se tratara de un pleito de sobremesa.

Y como si el escenario no fuera suficientemente complejo, desde otro flanco interno emergen nuevas acusaciones. Marx Arriaga, exdirector de Materiales Educativos de la SEP y uno de los principales ideólogos de la llamada Nueva Escuela Mexicana, lanzó señalamientos de corrupción contra Mario Delgado y contra la anterior titular de la Secretaría.

Otra vez: las denuncias no vienen de la oposición. Vienen del propio movimiento.

Más allá del personaje —que siempre fue ideológicamente radical y nunca ocultó su intención de reconfigurar la educación desde una perspectiva militante— lo relevante es el momento político. El proyecto educativo que prometía emancipación terminó generando libros de texto plagados de errores históricos, inconsistencias científicas, deficiencias metodológicas y una carga ideológica evidente.

Un libro de texto del Estado no es un panfleto. No es un manifiesto doctrinario. Es un instrumento pedagógico que debe enseñar historia con rigor, ciencia con método, biología con evidencia, matemáticas sin propaganda y español sin descuidos elementales. Cuando el Estado sustituye el rigor por la ideología, traiciona su mandato constitucional, no podemos como país construir profesionales, que ven manos de seis dedos, orbitas planetarias que chocan, fracciones matemáticas erróneas, fechas históricas equivocadas.

Hoy, además del debate pedagógico, se suman acusaciones internas de corrupción. Y la reacción institucional vuelve a ser la misma: minimizar, desacreditar, cerrar filas.

El movimiento que se presentó como moralmente superior enfrenta ahora denuncias provenientes de sus propios arquitectos. Y entonces aparece la pregunta incómoda: si el expresidente repetía que “sabía todo lo que se hacía”, ¿de verdad no sabía de estas presuntas prácticas? ¿O sabía y decidió tolerarlas?

El terrible circo político de Morena no está en la oposición; está en casa. Está en la disputa por el control del legado, en la pugna por la herencia del poder, en los ajustes de cuentas que emergen cuando el liderazgo carismático deja el escenario formal.

Claudia Sheinbaum se encuentra ante una decisión histórica. Puede optar por proteger políticamente al movimiento y asumir el desgaste que eso implica. O puede permitir que las instituciones actúen con autonomía real, aunque eso signifique investigar a figuras emblemáticas del obradorismo.

México no puede normalizar que se hablen de mil quinientos millones de dólares desviados sin que se abra una carpeta de investigación formal. No puede aceptar que señalamientos de financiamiento ilícito se disipen en declaraciones cruzadas. No puede permitir que la educación pública sea terreno de batalla ideológica mientras la corrupción interna se archiva por conveniencia política.

El discurso anticorrupción fue la piedra angular de la 4T. Si ese discurso se derrumba, lo que queda es administración del poder sin sustento moral. Y cuando la narrativa se agota, solo quedan los hechos.

El país necesita instituciones que investiguen, no militantes que defiendan. Necesita verdad, no blindaje político. Necesita que las acusaciones graves se esclarezcan con pruebas, no que se administren con silencio.

Porque el circo puede entretener por un tiempo. Pero cuando el espectáculo involucra miles de millones de pesos y posibles vínculos criminales, deja de ser espectáculo y se convierte en crisis de Estado.

Y las crisis de Estado no se resuelven con comunicados. Se resuelven con justicia. Y la justicia —esa que tanto prometieron regenerar— hoy está siendo puesta a prueba por sus propios protagonistas.