El ambicioso proyecto de instaurar un Servicio Universal de Salud en México, que supuestamente garantice atención médica integral para toda la población, puede convertirse en un simple protocolo de entrega de credenciales, como placebo para mitigar los reclamos por el desabasto de medicamentos y brotes de enfermedades que parecían erradicadas.

Desde su presentación, el Servicio Universal de Salud ha sido promovido como un avance histórico hacia la justicia social. La idea, inspirada en modelos de cobertura amplia y equitativa, supone que cada persona pueda tener atención médica primaria, especializada, preventiva y curativa, mediante una credencial que le permitirá el acceso a todas las instituciones de servicios de salud del Gobierno Federal, es decir, instituciones como el IMSS, ISSSTE, IMSS-Bienestar, servicios médicos de Pemex y de la Fuerzas Armadas, así como los institutos nacionales de Salud.

Sin embargo, la base sobre la que pretende operar este sistema está seriamente debilitada. Uno de los ejes fundamentales de cualquier sistema de salud efectivo es la disponibilidad de medicamentos, pero en México el desabasto se ha convertido en norma más que en excepción.

Esto ha generado que pacientes tengan que comprar medicamentos de su bolsillo o, en casos extremos, no recibir tratamiento oportuno, lo que evidentemente se contrapone con la lógica de un sistema universal que debería garantizar insumos básicos sin barreras económicas.

Por otro lado, el presupuesto en salud sigue lejos de los estándares internacionales, limitando la infraestructura, contratación de personal y adquisiciones. También, persisten las deficiencias operativas e institucionales, con los procesos de compra de insumos.

De igual forma las brechas territoriales y sociales que dejan a comunidades rurales y originarias, marginadas con servicios muy reducidos o inexistentes y, el déficit de recursos humanos, con bajas remuneraciones y condiciones laborales que dificultan la retención de personal médico y por ende, atención de baja calidad.

Quizá la falla más evidente de la actual política sanitaria es la reaparición del sarampión, una enfermedad que, hasta hace poco, México tenía prácticamente erradicada. Un brote que inició en 2025 en Chihuahua, se ha expandido por las 32 entidades del país, obligado a las autoridades a reforzar campañas de vacunación a gran escala, no obstante, la mayoría de los casos confirmados corresponden a personas sin antecedentes de vacunación, un indicativo de fallas en la cobertura y continuidad de los programas básicos de inmunización.

La situación es suficientemente grave como para que México pierda su estatus de país libre de sarampión ante organizaciones internacionales. La OPS otorgó a México un plazo de dos meses para controlar la transmisión, antes de evaluar si retira definitivamente la certificación de país libre de sarampión, un sello de prestigio sanitario que ostentó por décadas.

Aunque el Gobierno Federal afirma que hay más de 23 millones de vacunas disponibles y se han aplicado millones de dosis para frenar la transmisión, el rebrote pone en evidencia fallas de prevención, vigilancia sanitaria y recuperación de coberturas, que cualquier sistema de salud universal debe fortalecer para ser eficaz.

El Servicio Universal de Salud tiene una noble intención, pero para que se implemente de forma efectiva es necesario resolver los problemas estructurales del sistema de salud. El desabasto crónico de medicamentos, la carencia de personal y los brotes de enfermedades prevenibles como el sarampión no solo debilitan la confianza pública, sino que ponen en riesgo la salud de millones de mexicanos.

Mientras estas fallas no se atiendan de raíz, el sueño de un servicio de salud verdaderamente universal podría quedar atrapado en el terreno de las buenas intenciones, lejos de convertirse en una realidad funcional para quienes más lo necesitan.