Una conmemoración más del Día Internacional de la Mujer llega acompañada de las mismas demandas, las mismas exigencias y los mismos reclamos: justicia, seguridad y protección para todas las mujeres del país. En muchas ciudades de la nación, mujeres de todas las edades salieron nuevamente a las calles para exigir que el Estado escuche lo que desde hace años se repite con dolorosa insistencia: que la violencia contra ellas no puede seguir siendo una constante en la vida cotidiana.

Las marchas del 8M no son una moda ni una provocación política. Son la expresión de una realidad que miles de mujeres viven todos los días en México. Una realidad marcada por desapariciones, feminicidios y agresiones que, pese a los discursos oficiales, siguen ocurriendo con una frecuencia alarmante.

La llegada de Claudia Sheinbaum a la presidencia fue presentada como un momento histórico: por primera vez una mujer gobernaría el país. La propia mandataria señaló que su triunfo representaba también el avance de todas las mujeres. Sin embargo, para muchas de ellas esa promesa simbólica no se ha traducido todavía en cambios perceptibles en su seguridad cotidiana.

El hecho de que una mujer encabece el gobierno federal no garantiza, por sí mismo, que todas las mujeres del país se sientan más protegidas. Lo que realmente marca la diferencia son las políticas públicas, la eficacia institucional y la capacidad del Estado para prevenir, investigar y sancionar la violencia.

Las cifras, lamentablemente, siguen reflejando la gravedad del problema. De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, durante 2025 se registraron 721 víctimas de feminicidio en México.

Aunque esta cifra representa una disminución respecto a 2024 —cuando se contabilizaron 853 casos—, sigue mostrando una realidad profundamente preocupante: en promedio, casi dos feminicidios se registran cada día en el país.

A esto se suman miles de casos de violencia contra mujeres y desapariciones. Tan sólo en 2025 se reportaron más de doce mil mujeres desaparecidas, una cifra que refleja la dimensión de la crisis que atraviesa el país.

Detrás de cada número hay historias humanas devastadoras: mujeres que salen a trabajar, a estudiar o simplemente a realizar actividades cotidianas y que no regresan a casa. Familias que viven en la incertidumbre permanente de no saber qué ocurrió con sus hijas, hermanas o madres.

Para muchas de esas familias comienza entonces un largo y doloroso viacrucis institucional. Deben recorrer fiscalías, ministerios públicos y oficinas gubernamentales en busca de respuestas que rara vez llegan con la rapidez o la sensibilidad que deberían. En demasiadas ocasiones, las madres buscadoras terminan realizando por su cuenta las tareas de búsqueda que corresponden al Estado.

Los colectivos de familiares de personas desaparecidas se han convertido, paradójicamente, en uno de los últimos recursos para encontrar la verdad. Son ellas, muchas veces, quienes recorren terrenos, revisan fosas clandestinas o presionan a las autoridades para que las investigaciones no queden archivadas; El reclamo principal no es político, sino profundamente humano: encontrar a quienes faltan.

En ese contexto, la relación entre el gobierno federal y algunos colectivos de madres buscadoras ha sido tensa. Desde la presidencia se ha cuestionado en ocasiones la legitimidad de ciertos grupos o se ha señalado la posible utilización política de sus demandas. Sin embargo, más allá de los desacuerdos políticos, el fondo del problema sigue siendo el mismo: miles de familias siguen esperando respuestas.

La realidad ha terminado desbordando cualquier narrativa optimista. Organismos internacionales de derechos humanos y agencias de Naciones Unidas han manifestado preocupación por la crisis de desapariciones y violencia contra las mujeres en México. Los informes y recomendaciones que emiten apuntan a la necesidad de fortalecer las instituciones de investigación, mejorar los mecanismos de búsqueda y garantizar el acceso efectivo a la justicia.

Mientras tanto, las noticias diarias siguen recordando que el problema está lejos de resolverse. Casos recientes de desapariciones y asesinatos de jóvenes estudiantes en distintas entidades del país han provocado indignación social y han reavivado el temor entre miles de mujeres que sienten que su seguridad sigue siendo frágil.

Muchas estudiantes han expresado abiertamente ese miedo: si hoy fueron otras jóvenes, mañana podrían ser ellas; La inseguridad no distingue edades ni condiciones sociales. En algunos estados, como el Estado de México, los casos de feminicidio continúan generando alarma pública. Y este fenómeno demuestra algo que a veces se olvida en el debate político: que el género de quien gobierna no determina automáticamente la eficacia de las políticas de seguridad.

Lo que determina los resultados es la capacidad institucional del Estado.

La violencia contra las mujeres es un problema estructural que requiere estrategias de largo plazo, coordinación entre niveles de gobierno y políticas públicas que vayan más allá del discurso simbólico. Requiere investigación profesional, sistemas de prevención eficaces y un compromiso real con la justicia.

Porque cuando las mujeres viven con miedo permanente, no sólo se afecta su seguridad individual. Se afecta también la vida social del país.

Si la mujer es el núcleo de muchas familias mexicanas y uno de los pilares de la sociedad, un país donde ellas viven bajo amenaza constante revela un problema profundo en el funcionamiento del Estado. La violencia sistemática contra las mujeres no es únicamente una tragedia personal para las víctimas y sus familias; es también un indicador de debilidad institucional.

Cada 8 de marzo las mujeres vuelven a tomar las calles para recordarlo.

No marchan por costumbre. Marchan porque las mismas consignas siguen vigentes: justicia, seguridad y verdad; Las vallas que protegen edificios públicos durante las manifestaciones no resuelven el problema. Las consignas que se gritan frente a ellas tampoco desaparecerán mientras las causas que las originan permanezcan intactas.

Por eso el 8M sigue siendo, más que una celebración, una deuda pendiente.

Una deuda del Estado con millones de mujeres que sólo exigen algo elemental: poder vivir sin miedo.