A Carolina, Madre buscadora

De algún lugar de la Mixteca.

La comunidad internacional mira con desconfianza a México, pues el informe del Comité para desapariciones forzadas de la ONU fue rechazado por el gobierno mexicano, bajo el argumento de que había imprecisión de datos y que era injerencista, lamentablemente las familias de personas desaparecidas vieron que la reacción de nuestro país solo fue en defensa de un falso orgullo nacional.

El informe del comité es severo, es un informe técnico con datos duros y que recopila investigaciones e información de años sobre lo que ocurre con este tema, los colectivos de búsqueda, organizaciones de derechos humanos, e instancias independientes han documentado la misma información desde hace años, no hay variantes, los números van creciendo.

Una de las experiencias más brutales que como abogado he tenido, es la de representar a madres que han perdido por desapariciones forzadas a sus hijos, ellas saben quiénes fueron, de que corporación y cuando fueron los hechos, porque ellas estabanpresentes, a lo largo de los años de búsqueda, tocar puertas, llorar en cada cita, asistir a las juntas de los comités en un estado del sur del país, no solo fue tortuoso, siempre fue emocionalmente desgastante.

México carece estructuralmente de laboratorios de identificación de ADN, permítame explicarlo de otra manera; en nuestro país, se proyectaron 19 centros de identificación humana (CIH) y se estableció operar un banco nacional de datos forenses, ahora bien, de esos 19 centros operan siete en forma parcial en Baja California, Coahuila, Sinaloa, Tamaulipas, Jalisco, San Luis Potosí, y Michoacán, sin embargo el CNIH fue debilitado abruptamente con recortes presupuestales y de personal, mientras que el Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense, fue desmantelado, el resultado es aterrador, hay más de 72,000 cuerpos sin identificar en morgues y fosas comunes según las alertas del comité de la ONU.

No es menor lo aquí expuesto, las carencias estructurales, infraestructura insuficiente, falta de presupuesto, carencia de especialistas, falta grave de coordinación interinstitucional entre fiscalías y las propias comisiones de búsqueda, sumado al fracaso del MEIF y del CNIH, más un dato conservador de 130,000 personas que permanecen desaparecidas, (registro nacional de personas desaparecidas y no localizadas 2026) hacen que el asunto no solo sea interno, es un asunto de dimensiones internacionales, que por supuesto debía llamar la atención del Comité contra las desapariciones forzadas de la ONU.

Si el dato de 130,000 personas que permanecen desaparecidas, más el de 70,000 cuerpos o restos óseos sin identificar no nos ubica en una crisis humanitaria, no sé qué lo sea; muchas personas oyeron o leyeron sobre la puesta en marcha del articulo 34 que fue activado por primera vez en su historia por parte del Comité Contra las Desapariciones Forzadas, esto es el mecanismo de cooperación técnica y apoyo financiero para operaciones de búsqueda, análisis forense e identificación.

Nuestro gobierno descalificó dicho informe, lo tachó de “imprecisión de datos” y de “injerencista” enarboló la bandera de la “defensa de la soberanía” y con ello descalificó a un organismo experto, ignoró la documentación de colectivos y familias que llevan años buscando en las fosas de todo el país, y con una postura de nacionalismo forense (sic) levanto una barrera más alta que impide enfrentar una tragedia que por mucho ha rebasado a nuestras instituciones.

En mi opinión, el equipo de la presidenta es omiso al informarle de las implicaciones que tiene la activación del articulo 34 de la Comisión, pues la visión de defender la soberanía no es defender el mapa, no es defender el territorio, es hacer, defender, y enarbolar las causas de su sociedad, también las causas de las minorías, las todos los sectores vulnerables; la soberanía efectiva le permite al Estado, asumir el papel de defensor de las más de 200,000 personas que buscan a sus seres queridos, y si no están de acuerdo conmigo, permítame darle un par de datos demoledores.

El Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense (MEIF) nunca recibió dinero directamente de la Tesorería de la Federación; sobrevivió gracias a los recursos que el centro nacional de búsqueda le transfería del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) los registros oficiales indican que del 2020 al 2023 el costo de operación técnica fue aproximadamente de 115 millones de pesos, pero el gobierno decidió dejar de transferir dichos recursos y el organismo murió por asfixia financiera.

El Centro Nacional de Identificación Humana, fue creado por decreto en el año 2022, para sistematizar la identificación de restos, fue el corazón de la estrategia forense, inicio operaciones (datos obtenidos por transparencia) con Cero pesos etiquetados y tuvo una vida agónica gracias a los programas U008 y P026 de la propia CNB, para 2024 y 2025, paso de 59 expertos a solo 33 expertos y fue desalojada de sus sedes operativas, mientras la CNB escaló presupuestalmente a 1,214 mdp en 2026, el Centro Nacional de Identificación Humana (CNIH) se hundió en la incapacidad de ejecución real.

En el plano estrictamente legal, no debemos olvidar existen dos sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH) que se establecieron como piedras angulares que obligan a México a tener y operar mecanismos forenses eficientes:

Uno es Caso Rosendo Radilla Pacheco vs México(2009) sentencia emblemática en donde la Corte-IDH obligo a México a tipificar la desaparición forzada de personas, estableció que la desaparición es un delito continuado (no cesa hasta hallar a la persona) y le obliga al estado a mantener presupuestos permanentes.

Otro es el Caso Alvarado Espinoza y otros vs México, (2018) dentro del contexto de la militarización, la Corte-IDH ordeno crear un registro de personas desaparecidas y fortalecer las capacidades de investigación, debida diligencia y bajo el principio de presunción de vida.

Por no fuera suficiente la SCJN en el amparo en revisión 1077/2019 (caso Aristeo y Jesús Alberto)determinó que el derecho a ser buscado es un derecho humano, y que las autoridades tienen obligación de agotar todos los medios científicos y tecnológicos para ese fin.

El amparo en revisión 282/2023 (sobre censo de desaparecidos) establecieron que, como parte al derecho a la verdad, las familias deben participar en la depuración de los datos censales de los desaparecidos.

Defender la soberanía al rechazar la ayuda de la ONU, es una muy mala decisión, pensada en un falso orgullo nacional, rechazar la ayuda es dejar a miles de familia sin esperanza de encontrar a sus familiares desaparecidos, rechazar la ayuda sin inyectar presupuesto a nuestras instituciones es fomentar la ilegalidad y el desacato de las sentencias internacionales y nacionales que obligan al gobierno de México a atender el tema con protección reforzada.

Todo lo demás, es discurso fácil y falso.