El reciente decreto que busca consolidar un sistema universal de salud en México ha sido presentado como un paso decisivo hacia la garantía plena del derecho humano a la salud. Sin embargo, más allá del discurso oficial, la realidad del sistema sanitario revela profundas deficiencias estructurales que ponen en duda la viabilidad de este objetivo.

La falta crónica de medicamentos, la escasez de personal médico y el deterioro de la infraestructura hospitalaria configuran un panorama en el que la universalidad prometida parece más una aspiración que una realidad tangible.

Solo basta asomarse por cualquier hospital público para ver largas filas de pacientes en esperas de recibir atención básica, mientras que enfermedades tratables se agravan por la ausencia de insumos esenciales. La centralización de las compras de medicamentos, lejos de resolver el problema del desabasto, ha generado trabas administrativas que afectan directamente a los usuarios. La creación de un sistema universal de salud sin atender estas carencias de fondo corre el riesgo de convertirse en un discurso más incapaz de traducirse en mejoras concretas.

Paralelamente, en el ámbito de los derechos humanos, el gobierno mexicano ha adoptado una postura defensiva frente a las observaciones de organismos internacionales sobre la desaparición forzada de personas. En lugar de reconocer la magnitud del problema y fortalecer los mecanismos de búsqueda e investigación, se minimizan las críticas y se continúa atribuyendo responsabilidades a administraciones pasadas. Esta narrativa, aunque políticamente conveniente, resulta insuficiente frente a la urgencia de miles de familias que continúan buscando a sus seres queridos.

La negación y la justificación ante estos señalamientos no solo debilitan la cooperación internacional, sino que también envía un mensaje preocupante sobre la disposición del Estado para asumir sus responsabilidades actuales. La insistencia en el pasado como explicación predominante diluye la rendición de cuentas en el presente y retrasa la implementación de políticas efectivas que atiendan la crisis de desaparición que prevalece en el País.

En el terreno jurídico, la reciente decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de avalar el congelamiento de cuentas bancarias sin orden judicial ha encendido alarmas sobre el respeto al debido proceso. Esta medida, justificada bajo el argumento del combate a operaciones ilícitas, plantea serias dudas sobre su compatibilidad con el artículo 14 constitucional, que establece garantías fundamentales contra actos arbitrarios de la autoridad. Pero más allá del debate legal, el impacto económico de esta resolución podría ser significativo.

La posibilidad de que una autoridad administrativa congele activos sin intervención judicial genera incertidumbre entre inversionistas y agentes económicos, quienes podrían percibir un entorno de mayor riesgo. Asimismo, esta práctica podría incentivar a ciertos sectores a operar fuera del sistema financiero formal para evitar posibles afectaciones, lo que, paradójicamente, debilitaría los mecanismos de supervisión y recaudación fiscal.

Estos tres temas (la fragilidad del sistema de salud, la crisis de desapariciones forzadas y la erosión de garantías jurídicas) no son fenómenos aislados, sino manifestaciones de un desajuste más amplio en el funcionamiento de las instituciones del país. En cada caso, se observa una brecha entre el discurso y la realidad, así como una tendencia a privilegiar narrativas que justifican sobre soluciones reales.

La construcción de un Estado efectivo no puede sostenerse únicamente en reformas declarativas ni en la negación de los problemas. Requiere, de diagnósticos honestos, políticas públicas bien diseñadas y un compromiso genuino con la legalidad y los derechos humanos. Sin estos elementos, los esfuerzos por transformar al país corren el riesgo de quedarse en el terreno de la retórica, mientras las deficiencias estructurales continúan agravándose.