El abatimiento del líder criminal “El Mencho” ocurrido el domingo pasado en Jalisco ha sido presentado como un golpe contundente del Estado mexicano. Las voces oficiales hablan de un punto de quiebre, de un antes y un después. Hay quienes lo celebran como una victoria histórica; otros lo ven como el inicio de una nueva etapa en la lucha contra el crimen organizado.

Pero más allá del nombre, del simbolismo y del inevitable espectáculo mediático que acompaña estos hechos, la pregunta verdaderamente relevante no es quién cayó, sino por qué tardó tanto en caer.

Esa es la pregunta que incomoda. Y precisamente por eso debe formularse. Porque nos obliga a voltear la mirada no hacia el delincuente —cuya naturaleza es delinquir— sino hacia el Estado, cuya naturaleza es proteger.

El Estado moderno no existe para reaccionar tarde ni para aparecer cuando la presión pública se vuelve insoportable. No está diseñado para actuar por coyuntura, ni por calendario político, ni por necesidad discursiva. Su razón de ser es otra: prevenir, anticipar, proteger de manera permanente. Garantizar seguridad a la hora que sea y donde sea.

Ese es el núcleo del pacto social. La ciudadanía renuncia a la justicia por propia mano porque existe una autoridad que monopoliza el uso legítimo de la fuerza. Pero ese monopolio no puede ser intermitente, selectivo o condicionado. Es una obligación constante.

Cuando una organización criminal logra consolidarse durante años, controlar territorios, infiltrar estructuras municipales, generar economías paralelas y operar con capacidad armada en regiones completas, el problema ya no es exclusivamente del criminal. Es un síntoma de debilidad institucional. Es la señal de que el Estado llegó tarde.

El operativo del domingo no borra la década previa. No repara a las comunidades que vivieron bajo intimidación permanente. No devuelve a las familias que fueron desplazadas. No restituye la confianza que se perdió cuando la autoridad parecía ausente. No alivia el dolor de las madres y padres buscando a los desaparecidos. No ayuda a sanar las heridas de familiares perdidos.

La seguridad pública —conforme al artículo 21 constitucional— es una función a cargo del Estado. No es una concesión política. No es un eslogan. No es una narrativa ideológica. Es un mandato jurídico permanente y aquí conviene decirlo con claridad: el Estado siempre puede combatir al crimen. Siempre: salvo cuando está inmiscuido con él.

Esa es la línea roja. La frontera que no puede cruzarse sin que se erosione la legitimidad misma del poder público. Porque cuando el crimen organizado crece hasta disputar el control territorial; cuando logra penetrar gobiernos locales o financiar campañas; cuando la impunidad deja de ser excepción y se vuelve rutina, la discusión deja de ser operativa y se vuelve institucional: ¿hubo incapacidad o hubo complicidad?

El Estado puede equivocarse por falta de estrategia. Puede enfrentar limitaciones logísticas. Puede incluso cometer errores tácticos. Pero no puede tolerar la infiltración ni normalizar la convivencia con estructuras criminales. Si eso ocurre, el problema ya no es solamente de seguridad pública: es de legitimidad política.

Si realmente queremos romper la espiral de violencia que ha marcado a amplias regiones del país, no basta con operativos espectaculares ni con anuncios triunfalistas. Se requiere algo más profundo: una arquitectura institucional que impida la infiltración desde el origen.

Una reforma electoral seria debe, por principio elemental, garantizar que quienes aspiren a cargos de elección popular no estén vinculados directa o indirectamente con estructuras criminales. No se trata de estigmatizar candidaturas ni de convertir la sospecha en condena. Se trata de blindar la democracia.

Porque la democracia no puede convertirse en el vehículo de penetración del crimen organizado, pues de nada sirve abatir líderes si al mismo tiempo se permite que el crimen capture espacios políticos. La depuración debe comenzar antes de la elección, no después del escándalo, la prevención siempre es más efectiva que la reacción.

Además, una estrategia real de combate al crimen no se improvisa ni se comunica como consigna. Se construye con inteligencia estratégica, protocolos claros, coordinación interinstitucional, disciplina interna y, sobre todo, secrecía operativa.

La superioridad del Estado no se mide por la espectacularidad de un operativo televisado, sino por su capacidad de anticipación y control. La inteligencia precede a la fuerza. La estrategia precede al despliegue. La discreción precede al anuncio.

Cuando las filtraciones, las traiciones internas o los cálculos políticos sustituyen a la disciplina institucional, el Estado pierde ventaja. Y cuando el Estado pierde ventaja frente al crimen organizado, la población paga el costo, en México no podemos seguir aceptando ciclos donde un líder cae y otro ocupa su lugar. No podemos resignarnos a que comunidades enteras vivan años bajo estructuras delictivas mientras el poder público administra el conflicto en lugar de resolverlo.

La violencia sostenida no es destino. Es resultado. Resultado de decisiones políticas, de omisiones estratégicas, de debilidades institucionales o, en el peor de los escenarios, de pactos inconfesables.

El monopolio legítimo de la fuerza es el rasgo definitorio del Estado. Cuando ese monopolio es disputado en la práctica por actores criminales, la legitimidad comienza a erosionarse. Y cuando la ciudadanía se pregunta quién la protege realmente, el problema deja de ser únicamente de seguridad: se convierte en un problema de confianza pública.

La operación del domingo no debe celebrarse como punto final. Debe asumirse como punto de partida. El Estado no puede elegir cuándo ejercer su autoridad. No puede actuar únicamente bajo presión mediática o coyuntural. Debe hacerlo por convicción institucional, con continuidad y con rigor.

Renunciar a proteger —a la hora que sea y donde sea— es renunciar a la esencia misma del Estado.

Hoy, más que celebrar una caída, deberíamos exigir un rediseño estructural: blindaje electoral real, inteligencia permanente, combate frontal a la infiltración política, profesionalización de las corporaciones y una política de seguridad que no dependa de la retórica ni del calendario político.

Porque la espiral de violencia no se rompe con un operativo aislado. Se rompe con instituciones fuertes y mientras eso no ocurra, la pregunta seguirá ahí, incómoda y persistente: ¿en manos de quién estamos?