En “La rebelión en la granja” de George Orwell, el personaje de Squealer no es un líder visible ni el ejecutor de la fuerza bruta. Es algo más sofisticado, un traductor de la realidad.

Con palabras dulces, gráficos imaginarios y una seguridad inquebrantable, convierte derrotas en victorias, escasez en abundancia y retrocesos en avances históricos. Su talento no consiste en mentir descaradamente, sino en administrar la verdad, diluirla, reorganizarla y presentarla con el brillo suficiente para que la mayoría prefiera creerla.

Squealer nunca niega del todo el sufrimiento de la granja. Simplemente lo contextualiza. Si hay menos comida, explica que ahora las raciones están “científicamente ajustadas”. Si aumenta el trabajo, asegura que es un “sacrificio necesario”.

En el terreno de la violencia de género y la desaparición de mujeres en México, el equivalente contemporáneo aparece cuando los números dejan de contarse como antes y se empieza a diferenciar entre “desaparecidas localizadas”, “ausencias voluntarias” o “suicidios”.

En México, no toda muerte de una mujer se investiga como feminicidio. Aunque la figura penal existe en los 32 estados y la SCJN determinó que se debe asumir la perspectiva de género en toda investigación; su aplicación depende de criterios ministeriales que, en muchos casos, termina por tipificar los delitos como como homicidios dolosos, o peor aún, suicidios.

Por otra parte, el fenómeno de la desaparición impacta de manera desproporcionada a mujeres jóvenes y adolescentes, pero la búsqueda institucional suele ser lenta, burocrática y, en ocasiones, indiferente.

Es ahí donde emergen las llamadas “madres buscadoras”, mujeres que, ante la inacción o insuficiencia del Estado, organizan brigadas para rastrear fosas clandestinas, recorrer desiertos y revisar terrenos baldíos. Muchas lo hacen con recursos propios, exponiéndose a amenazas y riesgos constantes.

La labor de estas madres contrasta con la narrativa oficial que insiste en avances sustanciales. Aunque existen mecanismos como la Comisión Nacional de Búsqueda, los colectivos denuncian falta de coordinación efectiva entre fiscalías estatales, escasez de peritos y carencias en los servicios forenses. El resultado es un sistema saturado que revictimiza a quienes buscan justicia.

La crítica principal no radica únicamente en la precisión técnica de las cifras, sino en el uso político de las mismas. Presentar reducciones como logros, puede generar la percepción de que el problema está bajo control, cuando la experiencia en territorio muestra lo contrario.

Minimizar la gravedad del feminicidio y de las desapariciones debilita la urgencia institucional y social para implementar reformas profundas, como la profesionalización de las fiscalías, el fortalecimiento de protocolos con perspectiva de género, inversión en servicios periciales y protección efectiva a denunciantes.

Mientras tanto, la brecha entre el discurso y la realidad se ensancha. En estados con alertas de violencia de género activas, los asesinatos y desapariciones continúan. Las madres buscadoras siguen cavando acompañadas más por la solidaridad ciudadana que por el respaldo gubernamental.

La violencia contra las mujeres en México no puede reducirse a una disputa estadística. Las cifras importan porque orientan políticas públicas, presupuestos y prioridades. Pero cuando esas cifras son cuestionadas por reclasificaciones estratégicas, la confianza institucional se erosiona.

Reconocer la dimensión real del problema es el primer paso. El segundo es garantizar que las instituciones funcionen con perspectiva de género, transparencia y rendición de cuentas. Y el tercero, quizás el más urgente, es acompañar de manera efectiva a las víctimas y a quienes, ante la ausencia del Estado, han decidido buscar justicia por su cuenta.

Hasta que eso ocurra, el país seguirá dividido entre los números que se presentan en los informes oficiales y la tierra removida por madres que no aceptan el silencio como respuesta.