El reciente suceso que marcó al proyecto del Tren Interoceánico tras el trágico descarrilamiento del 28 de diciembre de 2025 en Oaxaca parece haber encontrado un blanco sencillo para las exigencias de respuesta inmediata: la detención de los presuntos responsables, especialmente del conductor y del supervisor de turno. La Fiscalía General de la República (FGR) determinó que el tren circulaba a exceso de velocidad —65 km/h en una curva donde la norma establece 50 km/h— y basó gran parte de su dictamen en los datos recuperados de la “caja negra” y otros peritajes técnicos. Con ello, se detuvo primero al maquinista y después al jefe de despachadores, quienes ahora enfrentan cargos por homicidio y lesiones culposas, además de haber sido vinculados a proceso con prisión preventiva.
Para muchos, la pronta acción de la FGR y el respaldo público de la presidenta de la República buscan transmitir una idea de justicia eficaz y transparente. La versión oficial insiste en que las conclusiones son producto de peritajes científicos y que la evidencia apunta al factor humano como detonante directo del accidente. El exceso de velocidad es una constante que coincide entre las personas sobrevivientes y quienes llegaron a ayudar a los heridos, de igual forma respecto a las suposiciones de fallas técnicas graves en la infraestructura y el sistema de frenado del tren han sido descartadas.
Sin embargo, alrededor de este enfoque de “culpabilidad individual” han florecido críticas de periodistas, analistas y actores políticos que señalan riesgos de simplificar la lectura de los hechos. Algunos sectores, como legisladores de la oposición, han señalado que la detención de los conductores podría convertirse en un “chivo expiatorio” si no se investiga de fondo el entramado que posibilitó el accidente, desde la construcción de la infraestructura hasta su operación. El proyecto del Tren Interoceánico no solo fue una obra emblemática para la administración federal, sino también un despliegue de contratos, obras y decisiones políticas complejas que ya habían sido cuestionadas antes del siniestro.
Diversos reportes y análisis periodísticos han recordado que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) ya había señalado irregularidades y deficiencias técnicas en tramos de la línea antes del accidente, incluyendo falta de estudios adecuados, posibles omisiones en los diseños y preocupaciones sobre la geometría de la vía en zonas críticas como las curvas pronunciadas de Nizanda. Más allá de la velocidad del tren, estas observaciones ponen en tela de juicio si el diseño y la supervisión técnica de las obras se hicieron conforme a las normas ferroviarias actuales.
Las voces de sobrevivientes y testigos coinciden con la versión oficial, pero también subraya el hecho de que este acontecimiento sugiere fallas en protocolos de seguridad y advertencia, mismos que uno de los detenidos señala no haber recibido la capacitación para ejecutarlos. El hecho de que el tren operara sin seguro para pasajeros durante su primer año de funcionamiento ha sido otra pieza controversial en el análisis público.
En este cruce de versiones hay una tensión evidente entre obtener respuestas rápidas y asumir una investigación compleja que busque responsabilidades en múltiples niveles. Detener al conductor y al supervisor puede ser parte del proceso de justicia, sobre todo si efectivamente hubo negligencia humana directa. No obstante, ¿es esta práctica suficiente para que pueda hablarse de un proceso justo en sentido amplio? La justicia no solo se mide por cuántas detenciones se realizan, sino por la profundidad y alcance de las investigaciones que permitan identificar todas las causas —técnicas, administrativas y estructurales— que pudieron haber contribuido al accidente.
Si el foco se limita a los operadores sin atender otras fallas previamente señaladas desde el diseño, supervisión y administración del tren, se corre el riesgo de que la responsabilidad final recaiga desproporcionadamente sobre individuos y no sobre el sistema que también fue partícipe del accidente. Esto podría traducirse en la impunidad, por lo que más allá de la detención del conductor, lo que se requiere para que haya justicia verdadera es un proceso integral y transparente, que examine tanto el actuar humano como las condiciones materiales y organizativas que permitieron la tragedia.
