En “El proceso” de Kafka, el protagonista es arrestado una mañana por una razón que desconoce y desde ese momento se adentra en una pesadilla para defenderse de algo que nunca se sabe qué es. Este relato de ficción parece volverse una realidad cotidiana para familiares de las muchas víctimas de feminicidio que exigen justicia en México.

Tal es el caso de Debanhi Escobar, quien en abril de 2022 fue encontrada sin vida en la cisterna de un hotel en Monterrey. Las investigaciones inicialmente sugirieron que se trataba de un accidente, fueron las constantes exigencias de su padre las que llevaron a clasificar el caso como feminicidio. Sin embargo, su muerte sigue sin tener un culpable y la investigación continúa plagada de irregularidades y revictimización mediática.

Ana María Serrano Céspedes, estudiante de medicina, fue asesinada en el Estado de México. El principal sospechoso Alán “N”, ex novio de la joven, fue detenido días después, pero no debido a la eficacia de la autoridades de Edomex, sino, por la voz firme y resiliente de su madre Ximena Céspedes, quien decidió que la muerte de su hija no quedaría en la sombra ni en el olvido, como el de muchas otras. Desde entonces se ha dedicado a exigir justicia y denunciar en medios y redes sociales no solo el crimen, sino la estructura de violencia que permite que estos hechos sigan ocurriendo impunemente. Sin embargo, su caso no ha podido llegar a juicio.

En Puebla, el caso de la abogada y activista feminista Cecilia Monzón, asesinada en mayo de 2022, sigue sin resolverse, su hermana Helena Monzón asumió la lucha por esclarecer el crimen y exigir justicia, denunciando las múltiples tácticas dilatorias empleadas por la defensa de los acusados y, criticado abiertamente la revictimización y la lentitud del sistema judicial.

Miles de casos como estos, se pierden en un laberinto de oficinas sin rostro, reglas confusas y funcionarios que nunca explican nada para finalmente convertirse en un expediente más en el archivo.

Diversas estadísticas revelan que la impunidad en casos de feminicidio supera el 90%, este dato, envía un mensaje contundente: asesinar a una mujer en México tiene pocas probabilidades de ser castigado Pero, las consecuencias son devastadoras, las familias quedan atrapadas en procesos interminables, mientras que las mujeres continúan siendo asesinadas en un contexto donde el Estado no ha podido garantizarles plena protección.

La justicia en los casos de feminicidio en México enfrenta una crisis profunda marcada por la lentitud institucional, la falta de perspectiva de género y una impunidad que continúa alimentando la violencia. La negativa para activar protocolos de perspectiva, la clasificación errónea (frecuentemente son registrados como suicidios) y la falta de personal capacitado, retrasan las investigaciones. Las familias son obligadas a convertirse en investigadoras por cuenta propia y exigir a las autoridades acciones mínimas que tendrían que realizar de oficio.

Los procesos judiciales pueden prolongarse años debido a la saturación de juzgados, la excesiva burocracia y las argucias legales de las defensas que los retrasan por omisiones técnicas o formalismos muchos veces innecesarios. Este entramado legal termina favoreciendo a los agresores y desmantelando la esperanza de las víctimas indirectas.

El retraso en la justicia en los casos de feminicidio no es una falla aislada, es el síntoma de un sistema que no ha logrado adaptarse a una crisis que exige respuestas inmediatas, especializadas y humanas.

Garantizar justicia para las mujeres en México implica más que reformar leyes y hacer conmemoraciones; exige transformar prácticas institucionales, aplicar recursos suficientes, capacitar sin sesgos y reconocer que la violencia de género no puede esperar.