Desde la Coordinación de Gabinete, José Luis García Parra se movió en 2025 en el terreno donde se toman las decisiones que no siempre se anuncian, pero que definen el rumbo del gobierno: la negociación. Su tarea fue destrabar proyectos heredados, enfrentar conflictos enquistados por años y abrir rutas de solución en expedientes que habían permanecido estancados, hasta convertirse en una pieza central de la gobernabilidad estatal.
Uno de los casos más complejos que pasó por su escritorio fue el del Museo Internacional Barroco, una carga financiera que durante años presionó las finanzas públicas del estado. A través de un proceso de negociación encabezado junto con el gobernador Alejandro Armenta, se logró la terminación anticipada de la deuda contraída en el periodo del morenovallismo, con un ahorro cercano a los 8 mil millones de pesos para el erario.
Esa lógica de conciliación se replicó en otros frentes estratégicos. En materia de movilidad, García Parra condujo las negociaciones con la empresa Pinfra para reubicar la caseta de peaje de Atlixco en la autopista Siglo XXI, una demanda histórica que incide directamente en el tráfico de la Vía Atlixcáyotl y que, aunque aún no se concreta, quedó encaminada por primera vez en años.
En el sector hídrico, también encabezó la firma de un convenio modificatorio con la empresa Agua de Puebla, con el objetivo de establecer nuevas reglas de control y supervisión en un servicio largamente cuestionado por la ciudadanía. No fue un acuerdo menor: implicó revisar condiciones contractuales y abrir un nuevo marco de relación entre el gobierno estatal y el concesionario.
Pero su papel no se limitó a los grandes contratos. Durante el año, coordinó acciones que derivaron en la presentación de 23 denuncias ante la Fiscalía General del Estado por presuntas irregularidades fiscales que superan los 167 millones de pesos. Las investigaciones surgieron de más de un centenar de estudios realizados por la Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica, como parte de una revisión interna orientada a enviar un mensaje de rendición de cuentas dentro de la propia administración.
En el ámbito educativo, ordenó una auditoría profunda a la Secretaría de Educación Pública estatal para detectar posibles plazas otorgadas de manera irregular durante la última década, un tema sensible que durante años había permanecido sin revisión de fondo.
García Parra también tuvo que enfrentar polémicas públicas. Cuando se abrió el debate sobre una supuesta legalización de los arrancones, fijó una postura clara: no habría normalización de actividades ilegales. En su lugar, planteó alternativas de reubicación en espacios controlados, con vigilancia y servicios de emergencia, defendiendo la aplicación de la ley sin cerrar la puerta al diálogo.
Quizá una de las gestiones menos visibles, pero de mayor impacto social, fue la negociación con desarrolladores inmobiliarios para la donación de terrenos. Bajo su coordinación, el gobierno estatal concretó la cesión de 16.5 hectáreas en la zona metropolitana de Puebla destinadas a la construcción de vivienda para policías y otros sectores vulnerables, así como predios para una clínica del IMSS y un nuevo plantel educativo.
A lo largo de 2025, su función fue constante y discreta: sentarse a negociar para que proyectos detenidos avanzaran, contratos se revisaran y decisiones de alto costo político encontraran una salida viable. Un perfil que, sin reflectores, terminó por consolidarse como uno de los operadores más relevantes del gobierno estatal.
